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Durante el "Foro Mujeres, Tierra y Territorio" se concluyo que de no acabarse el conflicto armado, será imposible garantizar una reparación integral y garantizar el derecho a la restitución de tierras. Por cerca de 15 años las mujeres víctimas de la violencia, el desplazamiento forzado y el conflicto armado han luchado para que se les restituyan sus derechos, en especial el de la tierra. Reclaman, además, reparación económica y protección, ya que muchos de estos terrenos están siendo ocupados por desmovilizados o utilizados para la explotación minera.

A esa batalla se ha sumado el reto de comprender la Ley de Víctimas, que incluye el derecho a la restitución de tierra. Por eso, Fátima Esperanza, abogada de la Comisión Colombiana de Juristas, organizó el “Foro Mujeres, Tierra y Territorio”. Su objetivo era socializar diferentes análisis y propuestas sobre los derechos de las mujeres en relación con la restitución de tierras, y evaluar lo que ha sucedido desde la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como “Ley de Víctimas”.

El Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) prosiguen hoy aquí el diálogo de paz centrado en el tema agrario, considerado una de las clave para poner fin a décadas de conflicto armado.

Las partes coinciden en atribuir a la cuestión de la tierra el origen y la profundización de las hostilidades, y por tanto ven los avances en esa área como pasos hacia el logro de una paz estable y duradera, objetivo con el que los interlocutores han expresado su compromiso.

El tema agrario es el primero en una agenda de seis puntos que sirve de argumento a la mesa de conversaciones instalada en Cuba el pasado 19 de noviembre.

La víspera, el Gobierno y la guerrilla dieron inicio al séptimo ciclo de pláticas en su sede permanente, el habanero Palacio de Convenciones, donde también deben abordarse la participación política, el problema del narcotráfico y la atención a las víctimas, entre otros asuntos.

Bogotá, Colombia.- Cultivadores cafeteros descartaron este domingo que ayudas anunciadas la víspera por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos sean suficientes y que provocaran el levantamiento del paro por parte de algunos cosechadores.

Los productores del grano están en huelga desde el 25 de febrero, en el primer paro que cumplen desde los años 90 y que ha incrementado la presión de otros sectores agrícolas, como los cacaoteros y arroceros, sobre el gobierno porque le reclaman también auxilios financieros.


Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) ratificaron el dia lunes en esta capital su compromiso de contribuir al anhelado acceso del campesinado a la tierra.

Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC-EP en las conversaciones de paz con representantes del gobierno colombiano, subraya en un comunicado que no escatimarán esfuerzos en la mesa de diálogos, y esperan que al gobierno no se le ocurra "patear la mesa".

El Estado Mayor Central de la agrupación guerrillera califica de mal intencionada y perversa la forma en que se pretende desviar la atención acerca de las causas ciertas y los verdaderos responsables del despojo de tierra en la nación sudamericana, fruto de la violencia estatal y paramilitar.

Se trata de 31 niños, entre 7 y 18 años, que tienen derecho a la restitución de tierras según explicó la Subdirectora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Adriana María González Maxcyclak.

“La Ley de Víctimas tiene un capítulo especial para la protección de los niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas del conflicto armado y que no solo ampara a quienes han sido reclutados, sino también a quienes han sido víctimas de otros delitos en el mismo escenario. La restitución de tierras es una de las obligaciones que tenemos con estos niños, sobre todo con aquellos que quedaron huérfanos”, dijo González.

Este proceso inició luego de que ICBF hiciera un llamado a la Unidad Administrativa para la Gestión de Restitución de Tierras de Personas Desplazadas o Abandonadas, para que se aclarara el caso de 60 niños y niñas huérfanos del municipio de Recetor, Casanare. De ahí salieron los 31 casos viables.