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Bolívar se ha convertido en el primer departamento del país en hacer el mayor número de solicitudes de restitución de tierras con una cifra que se aproxima a las 3.500.Así mismo, El Carmen de Bolívar también pasa a ser el primero del país, con 1.500 solicitudes de ingresos al registro de tierras despojadas por grupos al margen de la ley, según anunció el director de la Unidad de Restitución de Tierras de Bolívar, Álvaro Tapia Castelli.

Las reclamaciones han sido hechas por campesinos sobre predios que se encuentran en la llamadas zona baja y alta de El Carmen.

En segundo lugar está San Jacinto, en donde las solicitudes ya están alrededor de las 800 reclamaciones.

Por esa razón Tapia asegura que la ley es muy clara cuando especifica que la política de restitución se debe trabajar de manera gradual y progresiva, atendiendo criterios de seguridad, densidad histórica del despojo y las condiciones para el retorno.

Los diálogos de paz para Colombia entran hoy en la segunda jornada de un nuevo ciclo, en medio de manifestaciones de guerrilla y Gobierno a favor de conseguir avances en el tema del desarrollo agrario.

Al retomar las conversaciones la víspera en su sede permanente del habanero Palacio de Convenciones, las delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y del gobierno de Juan Manuel Santos manifestaron la voluntad de dinamizar las pláticas y llegar a acuerdos concretos.

En declaraciones a la prensa, jefe del equipo guerrillero, Iván Márquez, manifestó que llegan con esperanzas palpables de poder hallar una solución que se encamine hacia la justicia, la democracia y la soberanía.

Después de años de espera, de llevar a cuestas el fantasma de la violencia y de aguardar por una respuesta del Estado, hoy 5.617 víctimas del conflicto armado que ha golpeado a Norte de Santander, gozan ya de una indemnización por el daño causado, además de otros beneficios complementarios.

De este número, al menos 450 son niños y adolescentes que a su corta edad tuvieron que ser testigos y padecer en carne propia los horrores de la violencia.

Y es que según las estadísticas de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, desde hace un año, cuando entró en vigencia la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el Gobierno ha invertido un total de $35.170 millones en Norte de Santander para la reparación de cientos de personas que tuvieron que sufrir el flagelo del desplazamiento forzado, masacres y desapariciones, a cargo de los grupos al margen de la ley que operan en el departamento.

A la fecha, 4.913 declaraciones de víctimas han sido radicadas ante la sede de la Unidad en la región, con el fin de recibir los beneficios que otorga la ley para aquellos que desde 1985 han padecido los rigores de la violencia.

Otras 22.437 personas han hecho solicitudes de atención humanitaria para lo cual el Estado destinó una inversión de $20.364 millones.

Las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) se han convertido en foco de atención de los diálogos en La Habana desde que, hace un par de semanas, las Farc propusieron públicamente destinar nueve millones de hectáreas para este propósito. La iniciativa ha generado reacciones de todos los sectores pero los campesinos, lejos de estos debates, pelean un asunto de fondo: que quienes trabajan  en pro de este proyecto tengan seguridad. Cosa que, al parecer, no ocurre en el campo colombiano.

La Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina acaba de denunciar la desaparición de Alonzo Lozano, presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos de la Región del río Guaviare, coordinador de derechos humanos por parte de la Fundación por la Defensa de los Derechos Humanos del Oriente Colombiano y líder del movimiento político Marcha Patriota. Según indicaron miembros de estas organizaciones, Lozano se encontraba realizando reuniones con comunidades campesinas pertenecientes a la Mesa de Unidad Cívico, Agrario y Popular del Oriente Colombiano (Mucapoc) en Villavicencio (Meta), lugar de donde partió el 22 de marzo hacía la vereda Matabambú del municipio de Mapiripán (Meta) y desapareció.

Una propuesta de paz y soberanía alimentaria de las comunidades campesinas

El debate inició temprano. En la instalación del evento, Miriam Villegas, gerente del INCODER, y Andrés Bernal, Delegado del Ministerio de Agricultura, sentaron la posición del Gobierno Nacional frente a la figura jurídica de las Zonas de Reserva Campesina. Ambos funcionarios fueron claros en reconocer la existencia legal de algunas de estas zonas en nuestro país y la importancia de que el Gobierno Nacional, a través de políticas públicas focalizadas, permita su desarrollo; sin embargo, también fueron enfáticos al señalar que estos deben ser casos limitados y excepcionales. “No sólo a través de las Zonas de Reserva Campesina se puede acceder a la oferta institucional de tierras”, señaló Bernal, mientras Villegas complementaba “No todo el país pueden volverse Zonas de Reserva Campesina”