Bajo el tema Ámbitos de convergencia: Cultura, género y derechos humanos, la publicación de este año nos invita a reflexionar sobre aspectos de la desigualdad de género como que las mujeres y niñas constituyen las tres quintas partes de los mil millones de personas más pobres del mundo, siendo las mujeres quienes integran las dos terceras partes de los 990 millones de adultos del mundo que no pueden leer y las niñas el 70% de los 130 millones de niños que no asisten a la escuela.

Planificar cuántos hijos/as tener y cuándo tenerles es un derecho humano reconocido, pero que aún no está vigente, sobre todo entre las personas más pobres indica UNFPA. Las estadísticas en este sentido son elocuentes: En 56 países en desarrollo, el promedio de alumbramientos entre mujeres más pobres es de 6, en comparación con 3,2 entre las mujeres en posición económica más holgada.

En Paraguay, las cifras nos revelan que 28% de los nacimientos ocurridos en los últimos cinco años fueron no planificados o no deseados y existe al menos un hijo de diferencia entre la fecundidad real y la fecundidad deseada. Otro aspecto de la desigualdad en nuestro país es la brecha existente entre el número de hijos/as en mujeres rurales y mujeres urbanas: mientras a nivel rural llega a 4,5 hijos/as por mujer, en zonas urbanas alcanza a 2,9 hijos/as por mujer.

Está demostrado que el crecimiento de la población más alto es en los países pobres, los que a su vez están esforzándose por satisfacer las necesidades de sus habitantes en materia de empleo, educación, salud y otros servicios, pero aún con una gran deuda pendiente para las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, vale recordar que nuestro país, tiene la tasa de crecimiento urbano más elevada de Sudamérica, que según el Informe llega a 2,8, superando inclusive a Bolivia (2,5) y a Ecuador (2,1).

De acuerdo a estadísticas recientes, los anticonceptivos pueden prevenir cada año 2,7 millones de defunciones de recién nacidos, colaborar a reducir la pobreza, a frenar el crecimiento demográfico, a mitigar la presión sobre el medio ambiente y a promover una mayor estabilidad en el mundo. Además, el acceso a la planificación de la familia fortalece la autonomía de las mujeres, puede salvar sus vidas y colabora a que se desarrollen y ejerzan plenamente sus derechos humanos.

Tener en cuenta aspectos como éste a la hora de elaborar políticas públicas en materia de equidad de género y salud sexual y reproductiva, conlleva adquirir conocimientos sobre las culturas en las que trabajamos, utilizar una "lente cultural" como instrumento de planificación y de, esta manera, incorporar enfoques analíticos y operacionales respetuosos de la diversidad y la multiculturalidad.