Artículos de opinión

Posts @IPDRS

Con un amplio acuerdo sobre la necesidad de legislar y establecer políticas públicas dirigidas a promover y asegurar la seguridad alimentaria y nutricional, finalizó la V Reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, realizada entre el 5 y 6 de mayo en Lima, Perú, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Gobierno de Perú.

La cita reunió a representantes de 16 países de América Latina y el Caribe, y a exponentes de diversas organizaciones regionales e internacionales. Según el coordinador del proyecto FAO de apoyo a la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, Juan Carlos García Cebolla, se puede percibir que los países "han ido reafirmando la importancia de las políticas de desarrollo social, tanto porque permiten asegurar el acceso a los alimentos como por su influencia en la creación de capacidades básicas".

García Cebolla también destacó que la agricultura familiar ha ido cobrando mayor importancia en los últimos años, y que muchos países se encuentran construyendo o reforzando los instrumentos de apoyo a este sector. Otra tendencia regional es la creciente participación de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas e institucionalidad en los países, y la importancia de fortalecer el mercado de trabajo agrícola y rural para garantizar la seguridad alimentaria.

"La acción pública es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria en América Latina y el Caribe, principalmente en el contexto de volatilidad de precios de los alimentos que enfrentamos hoy, y al cual los países se han enfrentado mediante el aumento de políticas de apoyo a la agricultura familiar y producción local de alimentos y el fortalecimiento de los programas de seguridad social para apoyar a los más vulnerables", agregó el Director de Políticas de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Fernando Soto Baquero.

Las alzas de los precios de los alimentos serán el eje central de dos seminarios organizados por la FAO, CEPAL e IICA, que se llevarán a cabo en junio en Chile y en El Salvador para revisar las alzas y discutir las acciones para limitar sus efectos.

Perú anuncia elaboración de ley y plan de seguridad alimentaria

Durante la clausura del evento, la Presidenta del Consejo de Ministros del Gobierno peruano, Rosario Fernández, anunció la conformación de una Comisión Multisectorial de seguridad alimentaria y nutricional para elaborar un proyecto de ley y plan de seguridad alimentaria y nutricional para el país.

Según Fernández, dichas iniciativas "constituirán la hoja de ruta que han de seguir nuestros próximos gobernantes para que con un trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y locales, y los diversos miembros de la sociedad civil, se puedan seguir alcanzado importantes resultados en la mejora de la alimentación, nutrición, y salud de nuestra nación".

"La decisión del gobierno peruano es una señal más de que los países de América Latina y el Caribe están conscientes de que la alimentación es un derecho fundamental de todos sus ciudadanos, y es una clave para el desarrollo de sus poblaciones", afirmó García Cebolla.

Por otro lado, en la reunión, la representante del Ministerio de Agricultura de Jamaica, Zuliekha Budhan, indicó el interés de su gobierno por la Iniciativa y por conocer las experiencias de otros países, dado que actualmente se encuentra trabajando en políticas y legislación sobre seguridad alimentaria y nutricional.

Un esfuerzo contra el hambre

La Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre fue lanzada en 2005 por Brasil y Guatemala, y respaldada por el conjunto de los países de la región. Sus objetivos son erradicar el hambre y la desnutrición infantil, reforzar las capacidades nacionales para llevar adelante políticas públicas y programas de seguridad alimentaria, y garantizar el derecho a la alimentación de sus ciudadanos.

El grupo de trabajo es el mecanismo que los países establecieron para hacer seguimiento de la Iniciativa. Anteriormente las reuniones del grupo se celebraron en Guatemala (2006), Colombia (2007), Argentina (2008) y Ecuador (2010).

Los presidentes de Perú, Alan García; de Colombia, Juan Manuel Santos; de Chile, Sebastián Piñera, y de México, Felipe Calderón, suscribieron la noche de este jueves la Declaración de Lima, la cual es una hoja de ruta de la Alianza del Pacífico, destinada a una integración cercana en los ámbitos político, económico, social y cultural, enmarcada en el Arco del Pacífico Latinoamericano.

De igual manera, Rómulo Roux, ministro panameño de Asuntos para el Canal y enviado especial del gobierno, firmó el documento a nombre de Panamá, país observador, en representación del mandatario, Ricardo Martinelli.

El acuerdo, de carácter abierto para la incorporación de otros países, tiende a la integración regional, al crecimiento y la competitividad de las economías, dentro del compromiso de la libre circulación de personas, transacciones comerciales, servicios, inversión y capitales, además de la mutua cooperación en la lucha contra la pobreza, el crimen organizado, el lavado de activos y la evasión tributaria.

Asimismo, tiene como fin homogenizar el desarrollo y el crecimiento sostenido e inclusivo, al igual que crear un espacio de concertación y fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia, bajo un marco de concertación y convergencia.

Otro de los puntos que considera la Declaración de Lima es proyectar a los cuatros países firmantes con una mayor competitividad, teniendo al frente la región de Asia Pacífico, ya que ambas partes del océano cuentan con un sostenido crecimiento económico y se han convertido en motor de la economía mundial.

Durante el encuentro, el mandatario peruano, Alan García, indicó que el documento suscrito "es una acción realista para convertir a la región en un polo de desarrollo mundial", eliminando cualquier noción "romántica o poética". Además, lo calificó como un "paso decisivo e histórico" para poner en práctica la integración profunda.

García puso como ejemplo el Mercado Integrado Latinoamericano (Mila), el cual reúne las bolsas bursátiles de Lima (Perú), Santiago (Chile) y Bogotá (Colombia), las cuales cuentan con 560 emisores, de las cuales 46 empresas transan más de un millón de dólares al día y 58 valores que oscilan entre 500.000 y un millón de dólares.

"Hace unos momentos la Bolsa de Valores de Lima (BVL) ha aprobado su fusión con la Bolsa de Bogotá y de Santiago, y esperamos en un futuro no lejano poder constituir también con México una gran bolsa bursátil, que significaría la más importante de Latinoamérica y posiblemente de este lado del mundo", remarcó.

Por su parte, el presidente chileno, Piñera, apuntó que el Acuerdo del Pacífico es un punto de apoyo para el desarrollo particular y colectivo de los países firmantes, así como un gran desafío para alcanzar un desarrollo sostenido y proyectarse en Asia Pacífico.

El mandatario mexicano señaló que la tarea que se comenzará tiene una gran dimensión económica dentro de países que creen en la democracia y en la libertad, haciendo referencia a que las transacciones comerciales de los cuatro países firmantes superan a las del Mercado Común del Sur (Mercosur).

El mandatario colombiano aseveró que la integración es la tendencia mundial, ya que a través de la unidad convergente se pueden alcanzar con éxito los objetivos que se establezcan.

La iniciativa de los cuatro países latinoamericanos ha sido favorablemente acogida por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Organización de Estados Americanos (OEA), la Corporación Andina de Fomento (CAF) y la Comisión Económica para América Latina (Cepal), indica la Declaración de Lima.

Entre los cuatro países suman 200 millones de habitantes y las transacciones entre ellos superan los 5.000 millones de dólares anuales, además que sus exportaciones representan 55 por ciento del total de la región y 35 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI) de América Latina.

Además, Perú, Chile y México son miembros del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC, siglas en inglés), que representa 50 por ciento de la población mundial y una cifra similar de la economía del planeta.

"Este Acuerdo del Pacífico tiene que continuarse como una política de Estado, no puede estar sujeta a las variaciones de los gobiernos, en la medida de que es un verdadero proceso que cuenta con una agenda de desarrollo progresivo", destacó el analista internacional peruano Ernesto Velit.

Indicó que es el esfuerzo de integración regional más importante después de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

De igual manera, manifestó que este proceso de integración, a diferencia de otros que normalmente se dan entre países vecinos, también integra a México, que se encuentra geográficamente más apartado.

Cabe señalar que, en un momento de la reunión privada sostenida por los cuatro dignatarios en la sede del Ejecutivo peruano, los presidentes Santos, Piñera y Calderón dialogaron con los dos candidatos que habrán de disputar en la segunda vuelta presidencial de Perú en junio próximo, la legisladora Keiko Fujimori, de 'Fuerza 2011', y el ex comandante Ollanta Humala, de 'Gana Perú'.

Posteriormente en una rueda de prensa, Fujimori y Humala expresaron que sus propuestas de gobierno también incluyen la integración regional.

Los mandatarios de Perú, Colombia, Chile y México se reunirán en el país azteca en diciembre de este año, a fin de evaluar los avances en la implementación de los objetivos medulares de la Declaración de Lima, y el Acuerdo Marco que deberán presentar los respectivos cancilleres.

 

La FAO y la Comunidad Andina de Naciones (CAN) han puesto en marcha un proyecto para apoyar a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú en los sistemas de registro y seguimiento de plaguicidas de uso agrícola. El proyecto fue lanzado esta semana, en la sede de la CAN en Lima, Perú. 

"Este proyecto responde a una demanda de los países de la Comunidad Andina de Naciones de reducir los riesgos asociados al uso de plaguicidas. La producción de alimentos debe darse de la manera más sostenible, disminuyendo los riesgos ambientales y a la salud humana. Esta acción será una contribución concreta para lograr dicho fin", dijo el Oficial a cargo de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Fernando Soto Baquero.

La intervención tiene un presupuesto aproximado de $us 480 mil y contribuirá al desarrollo agrícola sostenible, mejorar la calidad de los alimentos y proteger la salud de los habitantes de los países del CAN. 

Su actuación se dará en tres frentes: apoyo al fortalecimiento de la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola; refuerzo de las capacidades técnicas e institucionales para el registro y control de los plaguicidas en Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú; y apoyo institucional a nivel subregional a través de la creación de un programa de seguimiento y control de plaguicidas, de un sistema de laboratorios de análisis, y de un registro de plaguicidas biológicos.

El proyecto se enmarca en el objetivo estratégico de la Organización de las Naciones Unidas de para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de promover un manejo integral de la producción agrícola con enfoque ecosistémico.

La gestión adecuada de todo el ciclo de vida de plaguicidas ayuda a reducir la presencia de sus residuos en alimentos e intoxicaciones alimenticias agudas y crónicas. Disminuye, asimismo, la contaminación ambiental y la existencia de plaguicidas obsoletos, que son aquellos que, por diversos motivos, no se pueden utilizar. En Bolivia, Paraguay, y la región del Caribe, la FAO está apoyando los Gobiernos en la eliminación de plaguicidas obsoletos.

Estimaciones de la Secretaría General de la Comunidad Andina muestran que en el año 2010 se habría registrado un nuevo récord en el comercio entre los países de la CAN, al haber superado los 7,004 millones de dólares de exportaciones intracomunitarias.

Según informó el secretario general de la CAN (a.i), Adalid Contreras, esa cifra fue alcanzada en el 2008, año previo a la crisis internacional que afectó la demanda mundial.

Agregó que la evolución de los flujos comerciales del año 2010 y las previsiones del 2011, confirman la importancia que ha ido adquiriendo el mercado andino para los Países Miembros de la CAN.

"El valor de las exportaciones intracomunitarias pasó de 75 millones de dólares en 1970 a más de 7,000 en el 2010", refirió.

Resaltó, asimismo, la calidad de la oferta exportable que se comercializa en el mercado andino.

"A diferencia de los productos que se venden a terceros países o bloques, aquellos que se dirigen al mercado andino son mayoritariamente manufacturados, es decir, con valor agregado y, por lo tanto, generadores de empleo de calidad", sostuvo.

Indicó, además, que el componente manufacturero supera el 80 por ciento del total de bienes exportados a la subregión, además de un mayor grado de diversificación.

De otro lado, manifestó que las perspectivas para el 2011 son positivas no solo para el comercio sino para las economías andinas, ya que se estima que los países de la CAN mantendrán su ritmo de crecimiento económico dinámico en el 2011.

Conforme a sus estimaciones, en promedio crecerían el 4,8 por ciento.

"Según analistas económicos, instituciones y organismos oficiales, en Bolivia el crecimiento del PBI fluctuaría entre 4 y 5, en Colombia entre 3 y 5, en Ecuador entre 2,3 y 5,6 y en Perú mantendrá un ritmo de crecimiento con tasas entre 5,4 y 6,2" mencionó.

Añadió, asimismo, que se prevé que la tasa de inflación en los países de la CAN en el 2011 se mantenga baja y alcance un promedio de 2,8  por ciento, 0.5 puntos porcentuales menos que lo obtenido en el 2010 (3.3%).

"En Bolivia, según el Banco Central, el FMI y Latinfocus, esta podría alcanzar el 4,1; en Colombia el 3,3; en Ecuador 3,5 y en Perú el 2,5", sostuvo.

El Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la aprobación del dictamen de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre por que no cumplió con el proceso de consulta a los pueblos indígenas.

Advierte que la actitud desafiante del gobierno de intentar aprobar la norma en oposición a los pueblos indígenas "podría generar frustración y posibles conflictos sociales".

El gobierno no ha cumplido los acuerdos de las Mesas Nº 2 y Nº 3, creadas luego del conflicto de Bagua, en el que se llegaron a consensos sobre dicha norma. Además, "pretendería pasar por encima de dichos acuerdos y aprobar sin consulta la Ley Forestal" indica el comunicado.

El dictamen de la Ley Forestal se aprobó el 15 de diciembre sin tomar en cuenta a las comunidades campesinas, andinas y costeñas, las que no fueron convocadas desde que se inició la discusión del proyecto de ley por la Comisión Agraria.

El comunicado expresa preocupación por el mal uso de la "buena fe" de algunas organizaciones indígenas que asistieron a los conversatorios informativos y que la Comisión Agraria intenta justificar como cumplimiento del proceso de consulta.

El texto del dictamen aprobado "pasa por alto la necesidad previa de titular tierras indígenas, favorece el cambio de uso de forestal a agrícola, promueve los agrocombustibles y favorece la inversión en industrias extractivas e infraestructuras agravando la superposición de derechos sobre una misma área" señala la CNDDHH.

Pronunciamiento

Rechazamos la aprobación del Dictamen de la Ley Forestal sin culminar proceso de consulta a los Pueblos Indígenas

El Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

1. Rechazamos la aprobación del dictamen de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre realizada el día 15 de diciembre en la sesión de la Comisión Agraria en el Congreso de la República, sin que se haya culminado las etapas del proceso de consulta previa de los pueblos indígenas, establecidas por el Tribunal Constitucional.

2. El dictamen de la Ley Forestal aprobado el miércoles pasado, no tomó en cuenta a las Comunidades Campesinas, andinas y costeñas, las que no fueron convocadas desde que se inició la discusión del proyecto de ley por la Comisión Agraria, ya que sólo enfocó la problemática forestal en la Amazonía.

3. El texto de la ley forestal pasa por alto la necesidad previa de titular tierras indígenas, favorece el cambio de uso de forestal a agrícola, promueve los agrocombustibles y favorece la inversión en industrias extractivas e infraestructuras agravando la superposición de derechos sobre una misma área.

4. Nos preocupa que se pueda utilizar la asistencia de buena fe de algunas organizaciones indígenas a los conversatorios informativos realizados, como cumplimiento del proceso de consulta previa convocado por la Comisión Agraria y acuerdo de éstas con el proyecto de ley.

5. El gobierno no ha observado el cumplimiento de los acuerdos de las Mesas Nº 2 y Nº 3 creadas luego del conflicto de Bagua, que llegaron a consensos sobre la Ley Forestal y la Ley de Consulta Previa de Pueblos Indígenas, y pretendería pasar por encima de dichos acuerdos y aprobar sin consulta la Ley Forestal.

6. Mostramos nuestra preocupación puesto que, la Comisión Permanente del Congreso, ha recibido las atribuciones necesarias que le permitirían aprobar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, pese a las condiciones en que se ha llevado adelante el proceso.

Finalmente, el Grupo de Pueblos de Trabajo sobre Pueblos Indígenas muestra su preocupación por la actitud desafiante del Gobierno que contrariamente al rechazo de los pueblos indígenas a nivel nacional, pretendería emitir una norma con serios cuestionamientos, que podría generar frustración y posibles conflictos sociales.

Lima, 16 de diciembre de 2010.

Grupo de Trabajo Sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos