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Inundaciones, desplazamientos, deforestación, pérdida de biodiversidad, modificación del régimen hídrico son algunas de las consecuencias que acarreará la construcción de hidroeléctricas en la amazonía.

Así lo advierte una infografia presentada por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), desarrollada a raíz del Acuerdo de Integración Energética entre Perú y Brasil. (Descargar Infografía con un clic en este enlace).

Las inundaciones desplazarán decenas de miles de personas y se prevé la deforestación de más de millón y medio de hectáreas causadas por las represas, centrales, líneas de transmisión, carreteras y por inmigración de nuevos colonos.

Las inundaciones y la deforestación causarán emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y pérdida de biodiversidad.

Asimismo, se modificará el régimen hídrico lo que causará pérdida de peces que sirven para el sustento de la población local.

En la infografía también se destacan una serie de propuestas que deberían ser asumidas en el marco de este acuerdo y alternativas a centrales hidroeléctricas en la Amazonía.

El material ha sido elaborado por la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), World Wide Fund for Nature (WWF), Servicios Educativos Rurales (SER), ProNaturaleza y Central Asháninka Río Ene (CARE).

El Perú pidió a la Comunidad Andina (CAN) mediar en la controversia. Según el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) existen riesgos fitosanitarios.

La restricción de ingreso del arroz peruano a Colombia provocó que los agricultores locales vinculados a este cultivo dejaran de exportar por más de 457 millone de dólares americanos (1.280 millones de nuevos soles) en la última campaña 2009-2010, señaló la Asociación de Productores de Arroz.

En marzo del año pasado el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) suspendió el otorgamiento de permisos de importación de arroz argumentando riesgos fitosanitarios, afectando las exportaciones peruanas.

Ante dicha situación, el Perú pidió a la Comunidad Andina (CAN) tomar cartas en el asunto y se inició un procedimiento sumario por desacato del gobierno de Colombia a la sentencia del Tribunal de Justicia que falló en abril del 2005, ante una medida similar adoptada por dicho país.

A mediados de abril último, el tribunal falló a favor de Perú en su demanda contra Colombia por el cierre injustificado de su mercado y se espera que este país permita lo más pronto posible el ingreso del cereal nacional.

"Hasta la fecha las fronteras siguen cerradas y esto nos perjudica en demasía puesto que Colombia concentra el 92% de los envíos de arroz peruano en el mundo", sostuvo el presidente de la Asociación de Productores de Arroz, Ezequiel Chiroque.

PRECIO DEL ARROZ CAYÓ EN MERCADO LOCAL
Comentó que debido a este problema, el excedente obtenido en la última campaña generó una oferta excesiva en el mercado interno, lo cual afectó negativamente a los precios que cayeron hasta 0,65 o 0,68 nuevos soles por kilo.

"Hace unos meses, preocupados por este tema, el Ministerio de Agricultura (Minag) nos planteó participar con ellos en un viaje a Colombia para conversar con nuestros similares y pedirles que abran su mercado. No obstante, creemos que estos trámites se deben resolver entre gobiernos y no entre privados", dijo a la agencia Andina.

Advirtió que actualmente el arroz peruano sigue llegando a Colombia, pero no bajo los canales de distribución legales sino mediante el contrabando hormiga que realizan algunos intermediarios a través de Ecuador.

"Esta situación afecta tremendamente a los productores nacionales pues no se les paga el precio justo, y los intermediarios de aprovechan de ello", concluyó.

Ayer 9 de agosto los ministros de agricultura de Ecuador y Perú firmaron el Convenio Binacional Puyango - Tumbes que crea la Unidad de Coordinación Binacional para dar inicio al Proyecto Especial Binacional Puyango-Tumbes (PEBPT).

Con un costo de 296 millones de dólares, de los cuales 86 millones corresponden a las obras binacionales en zona de frontera, este proyecto significará para el Perú una ampliación de la frontera agrícola en 19 mil 550 hectáreas.

Desde el Ministerio de Agricultura han anunciado que este proyecto apoyará el cultivo de nuevos productos para la conquista de los mercados internacionales y, además, buscará elevar la calidad de vida de los miles de productores de ambas naciones.

Aguardemos que los pequeños y medianos agricultores puedan acceder a estas nuevas hectáreas irrigadas y no, como en el caso del proyecto Olmos, que la subasta de las tierras esté diseñada para que participe únicamente la gran inversión privada, cuyos productos se destinan al mercado exterior.

El Perú entrega hoy a Bolivia la Presidencia Pro-Tempore de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en una ceremonia a la que asistirán los ministros de Relaciones Exteriores y representantes de los países integrantes del bloque subregional.

Durante el acto, el canciller de Perú, José Antonio García Belaunde, presentará el informe de su gestión como Presidente Pro Tempore del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

Por su parte, su homólogo de Bolivia, David Choquehuanca, hará uso de la palabra para dar a conocer las prioridades para el período julio 2010-2011.

Previamente, se realizará la XXII Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

La ceremonia del traspaso, a la que han sido invitados altas autoridades del Gobierno peruano, embajadores acreditados en Lima y representantes de los organismos del Sistema Andino de Integración, se desarrollará en la sede de la Secretaría General de la CAN en Lima.

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS - CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

 

Organizaciones indígenas y campesinas rechazan proyecto de ley que pretende elevar a 40 mil hectáreas el límite de la propiedad agraria.

 

El Congreso de la República del Perú postergó hasta la próxima legislatura el debate de los proyectos de ley que proponen elevar los límites de la propiedad agraria. De los tres proyectos presentados, el más peligroso es aquel que plantea un límite de 40 mil hectáreas, entregado por el APRA, partido del gobierno, y que ha generado el rechazo unánime de las organizaciones indígenas, las mismas que advierten no solo de la intención de volver al latifundio sino que la iniciativa legislativa tiene nombres propios: las grandes empresas dedicadas a los cultivos de exportación y los agrocombustibles, lo que implica un atentado contra la soberanía y la seguridad alimentarias.

En diálogo con la CAOI, Mario Palacios Panez, Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI), señaló que el proyecto de ley busca legalizar la enorme concentración de tierras que se está dando sobre todo en la costa norte del Perú, donde las grandes empresas se han apropiado de las antiguas cooperativas azucareras que poseen tierras altamente productivas.

Estas cooperativas azucareras se formaron a raíz de la Reforma Agraria de 1969, decretada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que expropió las grandes haciendas pertenecientes a los llamados "barones del azúcar". Los gobiernos que siguieron al de Velasco fueron desmantelando progresivamente esta Reforma.

"Si este proyecto es aprobado, los grandes proyectos de irrigación ejecutados por el Estado en la costa servirían únicamente para las empresas dedicadas a la agroexportación, no para los campesinos que producen para el mercado interno", señaló Palacios, quien agregó que el proyecto de ley está dirigido a favorecer a esas grandes empresas y a las dedicadas a los agrocombustibles.

Propuesta insultante

Por su parte, Roberto López Cruz, Secretario General de la Confederación Campesina del Perú (CCP) calificó de "insultante" la propuesta de fijar el límite de propiedad agraria en 40 mil hectáreas. Recordó que su organización desde los años sesenta ha luchado contra la concentración de propiedad en pocas manos y el latifundio.

"Nuestra propuesta es establecer límites de propiedad de acuerdo a las cuencas. Recordemos que los pequeños y medianos propietarios somos los que producimos para el consumo interno, garantizando la soberanía y la seguridad alimentarias a costa de subsidiar a las ciudades, porque los precios de nuestros productos, como la papa, el maíz y el arroz, son tan bajos que trabajamos a pérdida", indicó López.

Subrayó que diversos estudios han demostrado que la pequeña agricultura es más barata, más ecológica y genera más fuentes de empleo, porque no está mecanizada como en las grandes concentraciones de tierra existentes en la costa. La propuesta de la CCP es limitar la propiedad a 250 hectáreas. La Reforma Agraria de Velasco fijó el límite en 150.

Un riesgo adicional, añadió López, es la escasez de agua, sobre todo en la costa. Si el cuestionado proyecto prospera, el agua sería acaparada por las grandes empresas agroexportadoras.

"Esta iniciativa legislativa no es fortuita, busca favorecer a esas grandes empresas. Tenemos conocimiento que personajes del gobierno tienen acciones en ellas, a través de testaferros, en la industria azucarera de Piura, Lambayeque y La Libertad (regiones de la costa norte). Por eso su gran interés en quitar los límites a la propiedad", dijo a la CAOI.

No al latifundio

La Confederación Nacional Agraria (CNA), presidida por Antolín Huáscar Flores, también se pronunció sobre este tema, señalando que los tres proyectos de ley presentados "desconocen las características geográficas y culturales" del Perú y "vulneran los derechos y reconocimientos de las comunidades campesinas, nativas y productores agrarios".

Los proyectos presentados son tres: el 3194 que plantea 40 mil hectáreas, el 4075 que propone 25 mil y el 4062 cuya cifra es 10 mil. Los tres, dijo la CNA, se amparan "en el vacío de la Constitución Política del Perú, que no establece claramente los límites de la propiedad de tierras".

La CNA pidió tener presente "que los pequeños agricultores somos proveedores de la canasta alimentaria nacional, mientras que la agricultura a gran escala se aboca a la agroexportación, con productos como la canola, la caña de azúcar y el maíz, orientándose a la producción de agrocombustibles y amenazando la seguridad alimentaria nacional".

En su pronunciamiento difundido esta semana, la CNA propone la conformación de mesas de trabajo descentralizadas a fin de recoger opiniones de las organizaciones agrarias y otros sectores relacionados con la propiedad de tierras, con la finalidad de elaborar un proyecto de ley acorde a la realidad social y geográfica del Perú.

La concentración de tierras

El proyecto de ley en cuestión se ajusta perfectamente a la filosofía del "perro del hortelano" difundida en tres artículos publicados el año 2007  por el Presidente Alan García en el diario El Comercio y en los que agravia a las comunidades andinas y amazónicas, amenazando con despojarlas de sus tierras para entregarlas a megaproyectos productivos, es decir, a esas grandes empresas agroexportadoras y de agrocombustibles.

Como señalaron a CAOI los dirigentes de las organizaciones indígenas y campesinas, la concentración de tierras en el Perú ya es una realidad alarmante, principalmente en la costa. El Grupo Gloria, de los Rodríguez Banda, ha comprado desde el año 2006 las azucareras Casa Grande, Chiquitoy, Cartavio, Sintuco y San Jacinto, sumando 60 mil hectáreas en el valle de Chicama, región La Libertad, según reveló un informe publicado por la revista Caretas esta semana.

El informe agrega que un total de 225 mil hectáreas se concentran en solo 34 empresas agroindustriales. En La Libertad hay 100 mil hectáreas en manos de 13 propietarios; en Lambayeque 28 mil hectáreas y 2 propietarios; en Piura 31,800 hectáreas y 7 propietarios; y en Ica (región de la costa sur), 13 mil hectáreas y 8 propietarios.

Las organizaciones campesinas e indígenas preparan medidas para enfrentar este nuevo atentado contra sus derechos territoriales y evitar que se legalice la alta concentración de tierras y el latifundio.