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Entrevista a Ruth Buendía, Dirigente indígena de la Comunidad Nativa Cutivireni. Ganadora del premio Fundación Goldman.
Adriana Mayo R.
 
La COP20 no solo ha recibido a las delegaciones de los 195 países miembros, en los días de negociaciones, también permite que se escuchen las opiniones de las poblaciones indígenas amazónicas. Buendía cuenta cómo los afecta este fenómeno.

Si bien se entiende la COP20 como un compromiso de las naciones por reducir la huella de carbono en el planeta, esta idea -en muchos casos- no es digerible para el ciudadano común.

Y es que el compromiso con el planeta no solo depende de los países o de las grandes industrias, sino también de todos nosotros.

Por ejemplo, con cerrar bien el caño después de lavarnos las manos o desenchufar el cargador del celular cuando no lo utilizamos, ya estamos ayudando a frenar los efectos del cambio climático.

Pero si hablamos del gobierno central, existen proyectos a largo plazo que ayudarían a mejorar la eficiencia energética. Sin embargo, especialistas en políticas medioambientales reconocen que hay temas pendientes por resolver.

Perú carece de políticas para garantizar el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, alertaron jóvenes reunidos en Lima.

Una treintena de jóvenes realizadores indígenas de Bolivia, Canadá, Colombia y Perú, comunicadores comunitarios y activistas debatieron la semana pasada en Lima sobre el derecho a la comunicación en un seminario nacional.

Los participantes instaron a los colectivos sociales de comunicación a apoyar espacios para la formación de jóvenes indígenas.

“Quienes vivimos o procedemos de pueblos y culturas indígenas, venimos reflexionando acerca de la afirmación de nuestras identidades en comunidades de origen y contextos urbanos, encontrando serias dificultades para nuestras afirmaciones”, señalaron.

Los jóvenes explicaron a través de un manifiesto público que han encontrado en el cine, la radio- y otras formas de comunicación- un medio para enfrentar el desarraigo constante que pone en peligro la continuidad de sus culturas.

“El rol de los jóvenes indígenas en la comunicación es importante para potenciar sus voces, pensamientos y sentimientos, recorriendo y transmitiendo el andar de los mayores y sembrando nuevos caminos”, afirmaron.

La extracción ilegal de plata y zinc se ha enquistado en uno de nuestros patrimonios naturales. En el distrito de Marcará, en la provincia ancashina de Carhuaz, la minería ilegal carcome al Parque Nacional Huascarán, donde se ubica la cadena de nevados más importante del país. Esto se daría con el aval de la comunidad de Vicos, pues sus pobladores impiden el ingreso de las autoridades que buscan investigar lo que ocurre en ese lugar.

Esta realidad no es nueva. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp), encargado de administrar el parque, denunció este delito desde que fue reportado a fines del 2009 a los guardaparques. 

“Antes de esa denuncia, los guardianes del parque ingresaban y monitoreaban esta zona, denominada Quebrada Honda, sin problema. Ahora reciben amenazas de muerte para que no se acerquen”, dice Pedro Gamboa, jefe del Sernanp.

Estudios realizados por la ONG internacional Global Witness señalan al Perú como el cuarto país en el mundo donde se producen más muertes de defensores ambientales. Antes están Brasil, Honduras y Filipinas.

En el documento titulado "El Ambiente Mortal de Perú" precisan que entre los años 2002 y 2014 fueron asesinados 57 activistas. El 60% de estos crímenes se produjeron en los últimos cuatro años y tuvieron su origen en conflictos relacionados con la actividad minera, aunque Global Witness alerta que las recientes tendencias apuntan al sector forestal.

Todo esto, en razón a la falta de atención del gobierno para resolver los problemas de tala ilegal y la inseguridad en torno a la propiedad de las tierras comunales.