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Asoman retrocesos en los procedimientos de negociación internacional. El reciente fracaso de la cumbre sobre cambio climático en Copenhague tiene implicancias que van mucho más allá de impedir nuevas medidas para atacar el efecto invernadero. Se rompe con los procedimientos de negociación tradicionales en las Naciones Unidas, los agrupamientos clásicos de países están bajo nuevas tensiones, e incluso Brasil juega un nuevo papel. En tanto, se encoge el espacio para la sociedad civil.

En la cumbre climática de Copenhague se rompió la metodología clásica de Naciones Unidas basada en el consenso, una vieja guía en las negociaciones de los compromisos internacionales. Más allá de casos de influencias, presiones o duros debates, las convenciones y los tratados eran un resultado consensuado entre los estados.

Otro modo de negociar

En la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se siguió ese camino por años, pero en Copenhague a última hora un grupo de país impuso sus propuestas. Estados Unidos y China llegaron aun acuerdo, sumaron a Brasil, India y Sudáfrica, y luego a la Unión Europea, para presentarlo como un pacto consumado que debería ser aprobado por todos los demás países. Aquellos que no lo hicieran podrían ser acusados de hacer naufragar las negociaciones, impedir la lucha contra el cambio climático, o ser simples radicales.

Ese método, donde unos pocos poderosos acuerdan e imponen una propuesta a las demás naciones, es típico de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que está fuera del sistema de Naciones Unidas. En el pasado, Washington y Bruselas tejían sus acuerdos, luego sumaban a otros países como Japón o Canadá, y desde allí lo imponían a todos los demás.

Las negociaciones entre esos pocos miembros -denominadas reuniones de "sala verde" por el color de la habitación donde se realiza durante la Ronda Uruguay del GATT, cuando fueron establecidas- se realizaron bajo la repetida crítica de los países en desarrollo y de las organizaciones de la sociedad civil.

Pero a pesar de todo, las negociaciones a puertas cerradas no se modificaron en su esencia, sino que la OMC amplió la asistencia a la "sala verde". Se sumaron países como China, Brasil, India y Sud Africa, y de esa manera sus críticas se acallaron.

Es impactante que ahora se intente usar ese mismo procedimiento en las negociaciones sobre cambio climático. Ahora sabemos que la "sala verde" estuvo en manos, por ejemplo, de China, India, Sudáfrica y Brasil, y que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, debió tomarlos desprevenidos para poder sumarse.

Esto explica la protesta de varios países, e incluso el desagrado de la Unión Europea. También explica que otros, como Bolivia y Venezuela, se negaran a endosar el documento final, denominado Acuerdo de Copenhague.

El resultado es que al día de hoy ese acuerdo no ha sido oficialmente incorporado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a pesar de tener las firmas de China (el primer emisor global de gases invernaderos) y Estados Unidos (el segundo).

Esto consolidó un duro golpe a los procedimientos usuales de negociación multilateral, expresando un nuevo intento de transplantar el modo de negociación comercial a otras áreas de las Naciones Unidas.

Nuevos agrupamientos

En las Naciones Unidas, los países en desarrollo se reunían desde 1964 en el llamado "Grupo de los 77" (G 77), reconvertido luego en el "G 77 + China", como medio de sumar poder negociador frente a los países ricos. En la actualidad, ese agrupamiento está sujeto a enormes tensiones, tanto en las negociaciones sobre el cambio climático, como en otros temas (comercial, agroalimentos, etc.).

China ya no es un típico país del "sur global", y para muchas naciones en América Latina o en Africa, se comporta como otra nación  industrializada que llega para comprar materias primas e instalar sus inversiones. Beijing maneja su propia agenda, y no necesariamente consulta, o representa, a los demás países en desarrollo. A su vez, en tanto es un régimen autoritario, con limitaciones en el acceso a las informaciones y serias restricciones para las organizaciones ciudadanas independientes, se hace más que difícil promover una discusión sobre un desarrollo alternativo que alimente otras posturas diplomáticas.

Otro tanto sucede en América Latina, donde las coordinaciones se daban en el marco del GRULAC (Grupo Latinoamericano). En el caso del cambio climático no hay una propuesta común. Los discursos de Alvaro Uribe (Colombia), Felipe Calderón (México) y Lula da Silva (Brasil) en Copenhaguen apuntaban a tres estrategias distintas. Pör otra parte, ni la Comunidad Andina ni el MERCOSUR están negociando estas cuestiones como bloques.

Finalmente, si bien Brasil insiste en su estrategia de presentarse como líder regional, en realidad termina negociando sus propios asuntos sin consultar a los países vecinos. Además, las posiciones brasileñas en los temas globales están cada vez más condicionadas por su agenda nacional. Un ejemplo fue la sorpresiva propuesta de Lula da Silva en Conpenhague de contribuir con dinero a un fondo ambiental global, lo que parece haber tenido más que ver con la disputa electoral frente a la candidatura presidencial ecologista de Marina Silva, su ex ministra de Medio Ambiente, quien renunció en mayo de 2008 debido a las resistencias dentro del Poder Ejecutivo a cumplir las políticas de protección ambiental, en particular de la selva amazónica.

Esta mayor presencia brasileña, también es posible por una mezcla de repliegue y entumecimiento en los demás países. Sólo cinco presidentes latinoamericanos viajaron a Copenhague, y en general las diplomacias están más interesadas en compensaciones económicas y transferencias tecnológicas que en una verdadera lucha contra el cambio climático. Esta no se limita a los temas ambientales. Más o menos lo mismo ocurrió unos meses antes en la cumbre sobre la alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), donde la presencia latinoamericana fue muy escasa.

Signos preocupantes

Estos y otros hechos alertan sobre varios cambios. Se están deteriorando los mecanismos de negociación multilateral basados en el consenso, suplantados por los procedimientos de los acuerdos comerciales, basados en la asimetría. Y los agrupamientos de países que podrían compensar esas diferencias, ya no pueden hacerlo debido a que su composición no refleja las nuevas condiciones globales. Todo esto condimentado por sucesivas críticas a las Naciones Unidas, que si bien parten de distintas posturas ideológicas y políticas, convergen en desacreditarla.

El mejor antídoto frente a estas limitaciones consiste en hacer que todas las negociaciones sean más accesibles y transparentes a los pueblos, pero también en ese terreno se camina en sentido inverso.

Información y participación: más restricciones

Los mecanismos de amplia participación instalados por Naciones Unidas en la cumbre sobre ambiente y desarrollo de Rio de Janeiro de 1992, nunca fueron bien vistos en ámbitos como la OMC o los foros de los países industrializados. En la cumbre de Copenhague se instalaron severas limitaciones y restricciones para la sociedad civil, que pueden ser resultado de una pésima organización, como el preludio de un cambio de actitud sustancial, limitando y condicionando la participación ciudadana.

Eduardo Gudynas es analista en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). Publicado en Agenda Global (Red del Tercer Mundo), No 133, 7 enero 2010 (Montevideo).

El sector agropecuario crecerá un 4,4% este año

El modelo actual de la agricultura en Uruguay tiene todo para seguir expandiéndose pero debe tener recaudos sobre el uso extremo de cultivos como la soja que "debilitan" el suelo, según Gonzalo Souto de Opypa.

En el marco de la 3era. conferencia del ciclo: El Agro del Futuro, Innovación, Cohesión Social, Crecimiento Económico y Sostenibilidad que organizó la Universidad Católica, el asesor de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (Opypa) del MGAP y consultor internacional, Gonzalo Souto, proyectó el desarrollo de la agricultura en el país y su impacto en el mediano plazo.

Según el experto el agro crecerá este año 4,4% apuntalado básicamente por el gran impulso que tendrá la agricultura con una tasa de crecimiento de 11% respecto al año pasado.

No obstante, Souto advirtió algunos desafíos que el sector agrícola deber plantearse para que la actividad no tenga un freno en el mediano plazo. Uno de ellos es cómo se está distribuyendo el uso de los suelos para la agricultura según la estación del año.

El analista comentó que en este último tiempo se ha dado un fenómeno inverso al del pasado y los cultivos de verano (soja, maíz y sorgo) "sobrepasaron" la superficie que se destina a los cultivos de invierno (trigo, cebada y avena).

Souto dijo que "no es bueno" que quede sin sembrar un área agrícola mayor en la época más fría del año porque es perjudicial para el suelo.

En tanto, respecto al desequilibrio que provoca la soja dentro de los cultivos de verano con una superficie de siembra muy superior, el experto señaló este también es un "factor de alerta" porque la oleaginosa deja un rastrojo con poco residuo de biomasa en comparación con los que aportan el sorgo y el maíz.

Sobre ese punto sostuvo que "es natural" que los agricultores se inclinen por la soja porque ofrece más garantías no por el rendimiento en comparación al sorgo y el maíz, sino porque el precio y los mercados que son "más firmes" y "transparentes".

Por ese motivo, planteó que quizás sería pertinente que el Estado aplicara políticas públicas con el objetivo de incentivar el cultivo de sorgo y maíz creando mecanismo de precios a futuro con la participación de inversores privados.

Asimismo, estimó que se deberá ajustar el sistema productivo con acciones de "monitoreo y control" de los cambios del suelo, pero siempre actuando con una actitud de "intercambio" con los operadores agrícolas porque tampoco se puede fiscalizar como "policía" el cumplimiento de la normativa vigente.

Expansión. El asesor de Opypa afirmó que la agricultura "tiene todo" para seguir creciendo y a tasas muy buenas como las actuales, por lo menos por dos o tres años, ya que el contexto externo "es favorable" para los commodities y Uruguay aún ofrece una superficie agrícola significativa que está sin aprovechar.

Según el experto en la zafra 2009-2010 se explotarán 1,8 millones de hectáreas de los 4 millones que ofrece el país para la agricultura.

Además, recordó que la política de biocombustibles que están aplicando países como Estados Unidos hace pensar que el mercado de los granos se mantendrá firme en los próximos años, acompañado por una creciente demanda mundial, liderada por los países asiáticos como China e India.

Respecto al modelo de producción que introdujeron los principales grupos agricultores de Argentina -que hoy concentran más del 40% de la explotación de granos que se hace en el Uruguay- dijo que seguirá en expansión porque incluso los propios empresarios locales han ido "copiado" esta modalidad de trabajo que se destaca por la intensidad, la eficiencia y la innovación tecnológica.

Asimismo, el consultor internacional indicó que por ahora "no hay dificultades" con la oferta de recursos humanos porque las propias empresas se están encargando de capacitar el personal en conjunto con los centros de formación.

Por otro lado, Souto recordó que el "ambiente de negocios" para captar inversores externos sigue siendo favorable para obtener más inversiones en la cadena agroindustrial.

Sin embargo, advirtió algunos "cuellos de botella" sobre todo en el sector logístico donde dijo, sí es necesario "un mayor protagonismo" del Estado porque la competitividad de la agricultura en el mundo estará marcada por una reducción de los costos operativos.

Por ese motivo, opinó que se hace necesario para atender el crecimiento de la cadena agroindustrial el desarrollo del tren y ofrecer otras alternativas para la salida de los granos porque la terminal de Nueva Palmira "está saturada".

Por otro lado, también se refirió a la ley de sociedades anónimas para limitar el acceso a la tierra, la cual dijo que "no tuvo ningún efecto" porque los grandes agricultores argentinos -que hoy manejan casi el 50% de la superficie agrícola del país- se las "ingeniaron" para sortear esta normativa.

La regulación del uso de los suelos por ahora "no tuvo impacto" en el desarrollo sectorial.

Acuerdos para fijar precios

Respecto a las decisiones que tomó el Ejecutivo para controlar la suba de los alimentos antes de la crisis, Souto recordó que se transitó por el camino de "acuerdo de precios" y no "de intervención" en el mercado como lo hizo Argentina. Asimismo, en cuanto a la quita del 2% en la devolución de impuestos para las exportaciones de trigo y cebada el consultor internacional dijo que su impacto "fue marginal".

 

Por Eduardo Gudynas, Asier Hernando y Oscar Bazoberry*

Esta reunión se inicia en momentos de turbulencia. Hasta hace poco más de un año atrás, se registraban picos inéditos en el valor de los productos agropecuarios de exportación, los que generaron un fuerte impulso económico en muchos países, pero, simultáneamente, los precios de los alimentos se encarecían. En los meses siguientes la situación cambió radicalmente: la crisis económica impactó sobre esos sectores, los precios de los commodities agrícolas se desplomaron y esas exportaciones cayeron. Hoy existe incertidumbre sobre si se aceleraron los ciclos que afectan los precios de los agroalimentos, o si se trató de una situación excepcional en los mercados mundiales.

En esos vaivenes, los pequeños agricultores, como pueden ser los campesinos en los países andinos, o los productores familiares del Cono Sur, enfrentaron coyunturas exigentes mientras recibían poca o ninguna atención. El estilo de desarrollo agrícola volcado a la exportación y la agroindustria, empresarial y de gran escala, hace que en muchos sitios esos pequeños agricultores sean desplazados, su rentabilidad se estrecha, y en otros lugares quedan relegados a nichos de mercado a nivel local o regional, o sobrevivan bajo el autoconsumo.

“Se suele olvidar que ese amplio conjunto de actores rurales incluidos bajo el rótulo de pequeños agricultores, incluyen cientos de miles de familias, juegan papeles claves en la seguridad alimentaria en la mayoría de los países americanos, han mantenido y desarrollado muy diversas tecnologías agropecuarias adaptadas a sus ambientes locales, y guardan el acervo de ricas tradiciones culturales”

A lo largo de los últimos años, el apoyo estatal a la producción agropecuaria se ha reducido en casi todos los países, y allí donde persiste se enfoca en la producción empresarial volcada a la exportación. Se genera así una situación perversa, donde los pequeños agricultores en unos casos son vistos como grupos tecnológicamente y socialmente atrasados, que el Estado debería “modernizar”, y en otros casos, se los acepta con resignación como una carga social que se deberá amparar.

Se suele olvidar que ese amplio conjunto de actores rurales incluidos bajo el rótulo de pequeños agricultores, incluyen cientos de miles de familias, juegan papeles claves en la seguridad alimentaria en la mayoría de los países americanos, han mantenido y desarrollado muy diversas tecnologías agropecuarias adaptadas a sus ambientes locales, y guardan el acervo de ricas tradiciones culturales.

Se debe reconocer y aprovechar las capacidades de esos pequeños agricultores, por ejemplo, en sus prácticas de producción de bajos insumos, menor uso de maquinaria y derivados del petróleo, y adaptaciones más adecuadas a los ecosistemas locales. En otras palabras, en el camino hacia un desarrollo futuro, que debe enfrentar el cambio climático y las restricciones ecológicas, esos pequeños agricultores antes que “atrasados”, ofrecen prácticas de gran valor que en más de un caso se tendrán que aprovechar.

Por lo tanto, la pequeña agricultura no puede estar ausente de las discusiones ministeriales que se iniciarán en Jamaica. Los acuerdos gubernamentales actuales, expresados en el “Plan Agro 2003-2015”, rubricado en encuentros ministeriales en Panamá y Guayaquil (2005), necesitan una revisión sustancial. Expresan otras prioridades, tales como otorgar un fuerte papel a una agricultura recostada en empresas rurales competitivas, y que correspondían a un contexto político que ha cambiado sustancialmente en muchos países del hemisferio. Por si fuera poco, atendían al optimismo económico pre-crisis típico de aquellos años.

Además, los gobiernos llegan a la cumbre de Jamaica no sólo con el objetivo de revitalizar la agricultura, sino también la “vida rural”, un concepto más amplio que el que puede ofrecer un mero abordaje agronómico o comercial. Bajo ese propósito, el papel de los pequeños agricultores debe recibir una atención privilegiada en las deliberaciones de los ministros y en el plan de acción que acuerden.

Un primer aspecto a señalar es la necesaria recuperación del apoyo estatal. Esto implica, en el caso de los países que, como Brasil, mantienen programas de subsidios y apoyos crediticios que están esencialmente enfocados en la agricultura empresarial o la agroindustria, otorgar los mismos volúmenes de asistencia a la agricultura familiar. En los países donde el apoyo estatal se ha derrumbado, es urgente comenzar a recuperar las inversiones y asistencias orientadas a esos sectores. Mientras que 1980, el 7% del gasto total de los gobiernos en América Latina se destinaba a la agricultura, en la actualidad apenas alcanza al 3%.

Otro aspecto clave reside en apoyar y fortalecer a las comunidades locales dedicadas a la pequeña agricultura. Esto incluye componentes tales como asegurarles protección jurídica, apoyarlos desde el punto de vista tecnológico y comercial, implementar procedimientos efectivos de acceso a la información y su participación en la definición de políticas.

Esos y otros aspectos indican que es necesario un cambio profundo en el desarrollo rural. Tiene razón Chelston Brathwaite, director del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), cuando afirma que la seguridad alimentaria requiere de un “nuevo modelo de desarrollo”. Ese nuevo modelo no es posible sin la participación de los pequeños agricultores.

Los ministros de agricultura deberán incorporar esa cuestión, y deberán hacerlo acompasándolo con las cuestiones de la “vida rural”. Las actuales discusiones sobre el “buen vivir” que están en marcha en varios países sudamericanos permiten dotar de una nueva dimensión a estas discusiones, y vincularla más directamente a la problemática del desarrollo. La agricultura no puede ser vista como una mera proveedora de mercaderías de exportación, sino que desempeña roles mucho más amplios y complejos dentro de cada uno de los países.

La atención a la “vida rural” también permite explicitar el papel de las mujeres en el medio rural. Ellas desempeñan papeles claves en la pequeña agricultura y la mayoría de las veces son las que soportan el peso de la crisis, por lo requieren una atención especial.

Por estos y otros caminos, el encuentro ministerial de las Américas debe volver a poner a los pequeños agricultores en el centro de un nuevo estilo de desarrollo rural, que no puede ser meramente empresarial o comercial, ya que deberá nutrirse de muchas otras dimensiones.

* Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Uruguay; Asier Hernando es responsable de agricultura y recursos naturales de Oxfam en América del Sur; y Oscar Bazoberry Chali es Coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural en Sudamérica (IPDRS), Bolivia.

 

www.servindi.org/actualidad/opinion/18343

 
Montevideo, 22 de diciembre de 2008

El día 12 de diciembre pasado, integrantes de organizaciones sociales, ambientales, productores rurales y ciudadanos de distintas zonas del país afectadas por plantaciones forestales, se reunieron en Montevideo para intercambiar experiencias y denunciar la acumulación de impactos socio-ambientales que genera el modelo forestal agroindustrial.

Los temas vinculados a la concentración y extranjerización de la tierra, las dificultades que enfrentan la pequeña y mediana producción rural así como el acceso a la tierra y la pérdida de fuentes de agua fueron centrales en el debate.

En relación a la tierra, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, los participantes de la reunión manifestaron la urgencia de frenar el avance del actual proceso de concentración y extranjerización, del cual la expansión del sector forestal es uno de sus principales responsables. En tal sentido, como una de las alternativas de lucha se manifestó el apoyo a la Iniciativa de Reforma Constitucional que plantea que la propiedad inmueble rural podrá adquirirse por personas jurídicas estatales o por ciudadanos naturales o legales, estableciendo la ley el máximo que podrá adquirir cada ciudadano. En tanto, y a los efectos de promover una acción inmediata frente a esta problemática, se manifiesta el apoyo al Proyecto de Ley que fuera recientemente presentado por la Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas, a los parlamentarios de todas las bancadas, para declarar la moratoria a la venta de tierra a extranjeros no residentes (sea persona física o jurídica), y a los nuevos emprendimientos forestales, con vigencia hasta el 25 de octubre de 2009.

Considerando que se ha ingresado en un proceso de cambio climático donde la sequía pasa a formar parte de la dinámica ambiental de la región, se denunció que la forestación agudiza la vulnerabilidad a la misma afectando gravemente los pozos comunes, artesianos y otras fuentes de agua que son alimentadas por las capas freáticas, y compromete la continuidad de los cursos de ríos, arroyos y cañadas. Como consecuencia inmediata, impacta negativamente en la población y la producción rural.

Por otra parte, en compás con las "políticas de buen relacionamiento con la sociedad" que promueven las empresas forestales y celulósicas, el gobierno habla del "silvopastoreo" como el modelo de integración de "la vaca y el árbol". Pero el modelo de monocultivo a gran escala que aplican las empresas forestales en el campo uruguayo es un modelo que ha comprobado acelerar la exclusión rural. Por lo tanto, el silvopastoreo, además de ser una etiqueta vacía y una forma de continuar la actividad y expansión forestal, es una estrategia para ocultar la pérdida de soberanía alimentaria que se encuentra asociada a la falta de políticas responsables para atenuar el éxodo rural.

Entre las denuncias presentadas por productores rurales participantes de la reunión se señaló que la escasez de pastos en calidad y cantidad suficiente en la plantación no asegura el engorde del ganado, con lo cual la plantación se utiliza prácticamente "como galpón". Otras de las denuncias realizadas se refirieron al aumento del precio de la renta para el silvopastoreo, transformándose en un elemento que se suma a la exclusión ya mencionada, atentando contra la rentabilidad ganadera. Finalmente se señaló que la dificultad de arrear el ganado que tiende a esconderse en la forestación obstaculiza el cumplimiento de los programas sanitarios previstos por exigencia nacional e internacional, en especial la vacunación contra la aftosa.

Apenas tres empresas transnacionales (Botnia, Ence y Weyerhaeuser) son dueñas de al menos 520.000 hectáreas de tierras, de las que han desplazado a pequeños productores rurales y productores familiares lesionando gravemente la identidad cultural y territorial. Los volúmenes comprometidos de empleo no se cumplen, mientras el desenfrenado proceso tecnológico compromete aún más la continuidad de los actuales. Río Negro constituye un caso emblemático de la mentira del modelo forestal celulósico: con una enorme masa forestal y una fábrica de celulosa de última generación, es el departamento que registra el mayor nivel de desempleo del país.

Las empresas forestales ponen en jaque la posibilidad de alcanzar un Uruguay productivo con justicia social, donde la tierra y el agua sean elementos centrales de la soberanía territorial y alimentaria. Bajo la lógica de la máxima ganancia, cada hectárea de tierra y cada arroyo que pasa a manos de las forestales va en detrimento de nuestra soberanía alimentaria.

Existe profusa documentación de los impactos de las plantaciones forestales sobre el agua, el suelo, la vegetación, la fauna, la familia rural y el empleo -falta de agua, plagas de jabalíes y zorros, desaparición de la identidad del lugar, precarización del trabajo. A eso se agrega que este modelo productivo trae aparejado el uso de agrotóxicos en toda la cadena productiva, agravando aun más los impactos.

Es necesario arrancar el velo de la mentira: lejos estamos del Uruguay natural. Nuestro país se encuentra a esta altura en un proceso de degradación socio-ambiental progresivo fruto esencialmente de la falta de voluntad política para implementar un modelo productivo incluyente y participativo y con bases en una visión diferente de uso y conservación sostenible de los distintos bienes y servicios de nuestro ambiente.

Conforme avanza el modelo forestal aumentan sus impactos, pero también crece la conciencia ciudadana sobre los mismos, que liberándose del chantaje del empleo y el desarrollo se suma a la resistencia en sus diversas formas.

Los participantes de la reunión hacen un llamado urgente a suspender la forestación y exhortan a que el problema de la tierra, su tenencia y la producción familiar ocupe un lugar central en las agendas de todos los partidos políticos. www.ecoportal.net

Firman:

- Alicia Borges, Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas
- Alvaro Moraes, CAxTierra
- Ana Domínguez, Programa Uruguay Sustentable e Investigadora de la Facultad de Ciencias
- Ana María Janavel, pequeña productora rural
- Carlos Céspedes, Doctor en Ciencias Agronómicas
- Carlos Perez Arrarte, CIEDUR
- Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida
- Daniel Campanella, MADUR y Grupo de productores y vecinos de Libertad
- Delia Villalba, ambientalista de Fray Bentos
- Diego Henderson, productor rural, integrante del Movimiento Nacional en defensa de la Tierra e integrante de la Asociación Nacional de Colonos
- Elizabeth Díaz, Grupo Guayubira
- Guillermo Macció, productor rural, Sociedad Ecológica San Gabriel
- Gustavo Piñeiro, Licenciado Geólogo
- Jorge Rochón, Asociación Agropecuaria de Tarariras
- José Luis Protti Rey, Técnico en Gestión de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable
- Juan Carlos Borgogno, Uruguay Natural Multiproductivo (UNAMU)
- Julio Castillo, Intersocial Salinas
- Lilián Martínez, MADUR y Grupo de productores y vecinos de Libertad
- Luis Alberto Facchin, pequeño productor rural
- Marcel Achkar, Programa Uruguay Sustentable e Investigador de la Facultad de Ciencias
- Marcelo Racchetti, Ingeniero Agrónomo, Unión de Vecinos Puerto La Paloma
- María Isabel Cárcamo, RAPAL-Uruguay
- María Panzacchi, Comisión Nacional contra la Extranjerización de las Tierras Uruguayas
- María Selva Ortiz, REDES/Amigos de la Tierra-Uruguay
- Mónica Litovsky, Grupo Guayubira
- Néstor Perdomo, CAxTierra
- Oscar Galli, REDES/Amigos de la Tierra-Uruguay
- Oscar Oudry, Centro Emmanuel
- Pablo Martínez, Movimiento de chacreros del ejido de Mercedes
- Raquel Núñez, Grupo Guayubira
- Ricardo Carrere, WRM
- Ricardo Rodríguez, Biólogo
- Teresa Pérez, WRM
- Washington Lockhart, Movimiento de chacreros del ejido de Mercedes
- Wladimir Sawchuk, Movimiento por la Tierra
 
 

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