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La Marcha de los movimientos sociales y la Contramarcha del oficialismo se dieron cita de poder a poder el pasado 22 de marzo en la ciudad de Quito.

La historia reciente de este acontecimiento comienza el pasado 15 de enero del presente año. Unas 2000 personas movilizadas desde diversas partes del país, representantes de diversas organizaciones sociales y políticas, acordaban en Yanzatza, realizar la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos. Su punto de partida sería el cantón El Pargui en Zamora Chinchipe, zona que será afectada por la explotación de la minería a cielo abierto. Su partida estaba prevista para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El arranque de la marcha se dio tres días después de la firma del contrato minero Proyecto Mirador entre el gobierno y la transnacional ECSA (Ecuacorriente SA)[1]de propiedad china.

Más de setecientos kilómetros recorrió la marcha, atravesando parroquias y capitales provinciales donde recibió distintas muestras de solidaridad e incorporaciones a la movilización. Junto a la CONAIE se movilizaron desde El Pangui representantes de la ECUARUNARI - Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador, del Frente Popular (UNE, FEUE, FESE, CUBE, CUCOMITAE, UGTE, CONFEMEC, UNAPE, JRE y UCAE) y de la Asamblea de los Pueblos del Sur.

El 21 de marzo la marcha llegaba al sur de Quito. Unos 2.500 marchantes dormían en Guamaní[2], estando la mayoría de ellos enfermos y muy cansados. Habían combinado durante 14 días tramos en vehículos con largas caminatas, durmiendo en pabellones deportivos, colegios y espacios públicos.

A la mañana siguiente, el 22-M, partían desde el sur del sur de Quito hacia el centro de la capital. Seis horas más de marcha. En esta ocasión, marcharon acompañados por miles de manifestantes que se juntaban en distintos tramos del recorrido para participar en la movilización indígena y popular.

Liderando la marcha se encontraba la Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) con su presidente Humberto Cholango a la cabeza. A su lado, otros dirigentes indígenas pertenecientes a las diversos pueblos y nacionalidades del Ecuador, entre ellos el prefecto de Zamora Chinchipe, Salvador Quishpe, y otros tantos dirigentes sociales provenientes de barrios, sindicatos, organizaciones de mujeres, estudiantes y organizaciones ambientalistas. Detrás, desfilaban líderes y militantes de las diversas organizaciones políticas de izquierda, que conforman la Coordinadora Plurinacional[3].

Las banderas rojas se combinaban con el multicolor indígena, estandartes con el rostro del Che con pancartas contra la megamineria. De igual manera, organizaciones de mujeres caminaban junto a jóvenes estudiantes, partidos políticos al lado de organizaciones profesionales, o sectores libertarios se movilizaban conjuntamente a organizaciones de corte marxistas y sindicatos obreros. Las imágenes de la marcha, reproducida por múltiples medios de comunicación ecuatorianos y extranjeros, dieron muestra de la variopinta amalgama de organizaciones sociales que las conformaron.

Por otro lado, las movilizaciones oficialistas concebidas como contramarchas contra una supuesta movilización desestabilizadora al gobierno, se congregaron en cuatro espacios físicos diferentes: Plaza de San Francisco, Plaza de la Independencia, Plaza Sto. Domingo y parque El Arbolito. Las posiciones habían sido tomadas incluso días antes con grupos militantes de Alianza PAIS y algunas organizaciones afines.

El presidente Correa visitó los cuatro lugares en el transcurso de la jornada, propiciando mítines y arengas a sus simpatizantes en los diversos espacios, que fueron confluyendo sucesivamente en los entornos del Palacio presidencial de Carondelet.

El discurso presidencial se articuló en base a los siguientes puntos: la marcha de los movimientos sociales tiene un carácter desestabilizador y esta fomentada por golpistas, existe una alianza entre la izquierda y la derecha para derrocar al gobierno, tiene un fin electoral y el resultado de la movilización social resultó un fracaso.

El mandatario ecuatoriano volvió a utilizar la retórica empleada durante la campaña de la Consulta/Referéndum Popular del pasado 7 de mayo, planteando nuevamente el "confíen en mí", a la par que indicaba que este es el gobierno que ha defendido entre otras cosas el agua en el Ecuador.

Según los cálculos realizados por diversos observadores y profesionales de los medios se estima que la contramarcha oficialista congregó un número más o menos similar a los movilizados por los movimientos sociales, incluso hay quienes calculan que fue inferior, a pesar de las declaraciones del presidente Correa que hacía alusión a un supuesto "10 a 1" a favor del gobierno o los datos emitidos por la ministra de la Política, Betty Tola, donde se habla de 60.000 partidarios del correísmo. Sin duda, las expectativas oficialistas fallaron de largo aunque en su discurso este hecho no quiso reconocerse.

Sin embargo, más allá del empate técnico en la cuestión numérica, las diferencias entre ambas movilizaciones fueron notables en diversos aspectos:

- En primer lugar la movilización social duró 15 días, es decir, desde que salió de El Pangui hasta su llegada a Quito. El oficialismo movilizó -en buses pagados por el Estado- el día del inicio de la marcha en Quito y el día de su llegada también en Quito. La estrategia de generar contramarchas en cada una de las diferentes localidades por las que avanzó la marcha tuvo que ser abandonada debido a la escasez de asistentes y la notable desigualdad numérica entre las convocatorias gubernamentales y las muestras de simpatía y solidaridad que se dieron localidad tras localidad por la que atravesó el recorrido de la marcha. El oficialismo desorientado fue cambiando de estrategia varias veces durante la caminata.

- Mientras la movilización de las organizaciones sociales sufrió varios obstáculos para su realización (negación de los salvoconductos oficiales para circular los buses, controles policiales, infiltración de miembros de la fuerza pública, boicots de autoridades locales afines al gobierno y una fuerte propaganda de desprestigio por parte de los medios públicos o controlados por el gobierno); la oficialista contó con todas las bondades que permiten ser auspiciadas por el Estado.

- Los participantes de una y otra movilización eran claramente diferentes. Mientras el oficialismo movilizaba voluntariamente o no, a funcionarios públicos, juntas parroquiales y organizaciones dependientes del Ministerio Coordinador de la Política, sobre todo provenientes de fuera de Quito; la Marcha por la Vida se nutría de indígenas, sectores sociales y sindicatos que han ido rompiendo vínculos con el correísmo.

- Por último, mientras las marchas de los movimientos sociales mostraban iniciativa política, las contramarchas oficialistas fueron claramente reactivas. A esto hay que añadir el enorme error estratégico por parte del Gobierno, el cual se encerró en el centro de Quito (casco histórico de la ciudad), mientras que la movilización social recorrió barrios populares del sur y centro de la capital, ganándose la simpatía de gran parte de la población. Miles de vecinos aplaudían la movilización social a su paso, entregando fruta, agua e incluso chicha a los movilizados.

En resumen, si ambas movilizaciones se miden desde las enormes diferencias respecto a los medios existentes entre poder y contrapoder, se podría sentenciar que los resultados del oficialismo fueron un rotundo fracaso dada la desigualdad entre los contradictores.

La Marcha por la Vida había ganado la disputa con el gobierno días antes de llegar a Quito

Si bien las reivindicaciones sociales suman 19 puntos, los cuales incluyen temas tan diversos como la oposición a la ampliación de la frontera petrolera, incluyendo la defensa del ITT, la exigencia de reforma agraria, el respeto a los derechos laborales, el rechazo a la firma de acuerdos de libre comercio, el respeto al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, o el cuestionamiento a la criminalización social entre otros; el elemento que originó la movilización social fue la defensa del agua y el cuestionamiento a la megaminería.

Las movilizaciones sociales, que se reprodujeron durante el recorrido de la Marcha en diversos puntos del país, hicieron de la cuestión del agua y su afectación por la minería a gran escala un debate social que tomó envergadura nacional desde antes que la movilización llegara a Quito. Recordemos que un grupo de mujeres activistas fue violentamente desalojada y encarcelada por entrar a la Embajada china a entregar una carta en contra de la megaminería el día 8 de marzo. La posición autoritaria del presidente Correa, convertido en el mayor defensor de la megaminería y sin apertura al dialogo con los futuros damnificados, facilitó esta circunstancia.

En Ecuador no es necesaria la propaganda que habitualmente desarrollan las grandes transnacionales mineras en los países donde operan, es el presidente de la República quien personalmente se ha erigido en el principal portavoz de las bondades que ofrecen las grandes multinacionales extractivas (petroleras y mineras fundamentalmente) de capital extranjero.

El hecho de que una movilización de estas características generase las simpatías nacionales que se dieron durante los diferentes días de caminata previa la llegada a Quito, todo ello frente al hobbeliano aparato de comunicación estatal que día tras día cargaba contra una marcha supuestamente golpista y financiada por la ultra-derecha y un presidente de la República que insultaba a los marchantes referenciándolos como unos cuantos con "plumas y ponchos", funcionó como un boomerang contra el discurso oficial. La ciudadanía ecuatoriana mostró su simpatía por los más débiles, rechazando en gran medida la retórica presidencial y reclamando el derecho a la protesta y la resistencia[4].

Dicha situación se evidenció en la movilización que tuvo lugar en Cuenca el 10 de marzo, cuando aproximadamente 30.000 manifestantes se movilizaron por la defensa del agua y mostraron sus simpatías con la Marcha por la Vida. Las contramarchas del oficialismo con miembros del ejecutivo desplazados al territorio, en dicha ciudad, otrora bastión del correísmo, no superaban los 2.000 asistentes. Ese mismo día llegaba la Marcha a la localidad de Saraguro, al sur.

Ante esta circunstancia, el gobierno desplegó una gran campaña en todo el territorio nacional, cuya estrategia consistía en que más allá de promocionar las obras locales y otros logros del correísmo, se intentó visibilizar un supuesto apoyo indígena al gobierno y en especial al primer mandatario. Para ello se acentuaron las alianzas que desde el Ministerio Coordinador de la Política ya se venían trazando con dirigentes altamente cuestionados en el mundo indígena, entre los que destacan casos como Miguel Lluco[5] en Chimborazo o Antonio Vargas[6] en Pastaza. Este tipo de maniobras generó un mayor rechazo en gran parte de comunidades y organizaciones indígenas.

Dos días antes de las movilizaciones en Quito las organizaciones de la Red Agraria (no alineada a la CONAIE) y que podrían ser definidas como la base indígena y campesina del correísmo, presentaban en la Asamblea Nacional 41.000 firmas respaldando su propuesta de Ley de Tierras[7]. Allá expresaron su decepción con el gobierno y lo que el oficialismo llama "revolución agraria". El 22 de marzo, aunque de bajo perfil, Luis Andrango presidente de la FENOCIN[8] participaba en la marcha de los movimientos sociales en Quito.

Por último, cabe destacar que según la marcha llegaba a Quito el gobierno se veía forzado a hacer consecutivas concesiones en el campo de la política laboral y económica: subida de salarios retroactiva a maestros, de igual manera con el Ejército, paralización de la medida ya acortada de aumento de un 25% en los pasajes de viajes interprovinciales, entre otras.

La marcha ya antes de llegar a Quito era una victoria social.

Escenarios y reflexiones de cara al futuro

El debilitamiento del gobierno se plasma día a día. Ya no son creíbles para gran parte del país las encuestas contratadas por el Ejecutivo donde le dan el 80% de apoyo al presidente Correa. El hecho de que en la mañana del 23 de marzo el presidente Correa ocupara una hora completa de programación televisiva en Gamanoticias (canal gubernamental) de la mano de un mediocre periodista[9] hoy al servicio del régimen y con anterioridad funcionario del gobierno de Lucio Gutiérrez, es una prueba más de que el oficialismo no salió triunfante el 22 de marzo. El presidente Correa, al igual que el resto de sus ministros, que ocuparon espacios mediáticos en la mañana del 23-M, mantuvieron torpemente la tesis de que la movilización social había sido un fracaso y su asistencia "paupérrima".

Lamentablemente para el discurso oficial, las imágenes televisivas y el hecho de que gran parte de la población de Quito fuera testigo de la movilización hacen insostenible el argumento gubernamental.

Por su parte, las organizaciones sociales y partidos de la izquierda retoman la iniciativa política, la cual habían perdido incluso antes de la llegada de Rafael Correa al despacho presidencial. Además, han dejado, al menos coyunturalmente, fuera del tablero político a la derecha, la cual por todos los medios intentó involucrarse en la marcha y no fue aceptada en ningún momento por sus convocantes.

Asambleístas conservadores como César Montufar y organizaciones políticas como el Partido Sociedad Patriótica intentaron en reiteradas ocasiones implicarse en la movilización, cosa que la CONAIE y el resto de organizaciones involucradas nunca lo permitió. Durante los quince días de movilización la única acción política implementada desde los partidos políticos conservadores fue instalar un patético monumento en memoria del ex presidente León Febres Cordero[10].

El conflicto político en este momento se define en el ámbito de la izquierda social y política del Ecuador. Por un lado una caricatura de "revolución" auspiciada por un gobierno de perfil socialdemócrata con muchísimas contradicciones en su política económica, laboral e internacional; frente a una oposición a su izquierda que comienza a mostrar capacidad de movilización, agenda común y principios de entendimiento.

El presidente Correa le quedan dos caminos que tomar. Debe optar por girar a la izquierda y demostrar mayor capacidad de consenso con las comunidades afectadas por su política extractivista y neodesarrollista, a la par que con movimientos sociales y las organizaciones a su izquierda; o terminar de dar el giro conservador cada vez más evidente en el cotidiano del ejecutivo, consolidando y estableciendo nuevas alianzas con sectores empresariales y organizaciones políticas a su derecha.

El desgaste gubernamental, agudizado por un fuerte desprestigio internacional tras la sentencia contra el diario El Universo, sumado al caso de la "narcovalija" que ruboriza de igual manera al interior como al exterior del país, así como el descontento popular por la subida de los precios en productos básicos, mientras sectores empresariales rinden beneficios insólitos en un momento de crisis internacional, no permite demasiado margen de maniobra a un gobierno que está a 10 meses de una nueva contienda electoral.

En Ecuador, 62 grupos económicos concentran el 41% del PIB del país; la riqueza no petrolera se queda en manos de importadores, intermediarios financieros y sector comercial; las utilidades de los grupos económicos del país creció entre 2006-2009 un 54% más que en el periodo inmediatamente anterior (previo a la llegada de Correa a la presidencia) y la banca ganó solo en el pasado año un 51% más con respecto al anterior.

En el caso del mundo indígena, principal protagonista de la marcha del 22 de marzo, el Índice de Pobreza por Ingresos se cuantifica en 59,4 % al cierre del ejercicio 2011 y la tasa de analfabetismo en el 20,4 % (datos INEC, Censo de población, 2010).

Respecto a la tenencia de las tierras, el Ecuador tiene uno de los índices más altos de inequidad en el acceso a la tierra, el índice Gini[11] sobre la tierra es de 0.81, y la acción gubernamental ha sido prácticamente nula durante estos algo más de cinco años de gobierno correísta; es más, Correa se ha pronunciado una y otra vez en contra de la reforma agraria. La condición de inequidad es tan aguda que el 50% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) están por debajo de una extensión que no permite reproducción plena de los campesinos y campesinas[12].

La tendencia monopolizadora del agua en el agro también es notoria. La población campesina, sobre todo indígena, con sistemas comunales de riego, representa el 86% de los usuarios. Sin embargo, este grupo apenas tiene el 22% de la superficie regada y accede apenas al 13% del caudal. De esta manera los grandes consumidores, que no representan el 1% de unidades productivas, concentran el 67% del caudal de agua para riego. Hasta ahora el gobierno de Correa no ha dado señales de querer revertir esta situación y cumplir con el mandato constitucional que en su artículo 312 dice claramente que "se prohíbe toda forma de privatización del agua". Y no solo eso, luego de aprobada la Constitución, el gobierno amplió el plazo de la concesión de agua a la empresa privada Interagua, en la ciudad de Guayaquil.

Volviendo a los escenarios posibles, si bien primero de ellos es el deseado por las organizaciones sociales convocantes de la marcha, la aptitud gubernamental aparece como muy alejada de esa posibilidad, negándose el diálogo con las organizaciones sociales en lucha y los partidos políticos a la izquierda del régimen. Sin embargo, respecto al segundo escenario, ya aparecen elementos que han de ser valorados de manera adecuada: la amnistía a Alberto Dahik[13], la cual fue propugnada personalmente por el propio presidente Correa, tal como sucedió con el expresidente Gustavo Noboa Bejarano[14] durante la Asamblea Constituyente; la incorporación a Alianza PAIS de autoridades locales provenientes de la partidocracia conservadora; la cada vez más probable firma de un TLC con la UE, que propiciará alguna dimisión notable en el aparato de la Cancillería ecuatoriana; así como algunos hechos sorprendentes en el estricto escenario electoral que podrían responder a acciones tácticas gubernamentales.

Respecto a lo último son destacables dos circunstancias novedosas. Por un lado, el banquero Guillermo Lasso, líder del Movimiento CREO, a quien se le consideraba como un potencial candidato opositor de la derecha en la contienda electoral contra el gobierno, ha bajado prácticamente a cero su aparición pública mientras su entidad bancaria, el Banco de Guayaquil, con el Banco del Barrio; este banco sigue siendo una de las herramientas fundamentales para la distribución del Bono al Desarrollo Humano y otras subvenciones dadas por el Estado a sectores populares. Por otro lado la fusión de Madera de Guerrero y el Partido Social Cristiano, quienes han manifestado hace apenas unos días su voluntad de presentar un candidato presidencial propio, ignorando la posibilidad de unificar una candidatura común entre las organizaciones del conservadurismo ecuatoriano.

Los movimientos que se han podido visibilizar por parte del gobierno están consistiendo en censurar a las organizaciones convocantes de la marcha o los partidos y autoridades locales que de una u otra forma la han apoyado. Este es el caso de la retórica sumamente agresiva utilizada por el presidente Correa contra el Movimiento Popular Democrático (MPD), organización de perfil marxista leninista que apoyó la movilización social, o las diferentes acciones emprendidas contra la Prefectura del Azuay, institución a la cual se le han eliminado varias competencias delegadas (se le niegan las licencias comerciales a la empresa de lácteos propiciada desde la prefectura o se le retiran las competencias ambientales y viales entre otras acciones de carácter punitivo).

En estas condiciones, queda en manos de las organizaciones sociales y políticas de la izquierda la responsabilidad de generar una agenda común de mínimos que tenga como punto de partida el mandato plurinacional de los 19 puntos reivindicados por la Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos, que se sustenta en los principios constitucionales de Montecristi. Es desde esa plataforma reivindicativa y la coherencia política, el lugar del cual debe articularse una coordinación de luchas comunes, abierta a nuevas incorporaciones, en donde los protagonismos y ambiciones electorales queden en un segundo plano.

No hay duda, el 22-M marcha un nuevo tiempo político en Ecuador.-

 

[1]ECSA, propiedad de dos compañías chinas, iniciará operaciones en una gran mina a cielo abierto en la provincia de Zamora Chinchipe. Ecuacorriente es propiedad de China RailwayConstructionCorporation, la cuarta mayor constructora del mundo, y de TonglingNonferrousMetalsGroup Holding, la sexta mayor productora de cobre del planeta. Sus directivos ha hecho público que la mina "Mirador" tendrá dos kilómetros de diámetro y 800 metros de profundidad y de ella se extraerán 60.000 toneladas de material al día. La compañía exportará el concentrado de mineral, que en un 85% será de cobre y el resto de oro y plata. Con la firma del contrato entre el Estado y Ecuacorriente se abrió la puerta a la primera explotación minera a gran escala en la historia de Ecuador.

[2] Parroquia urbana ubicada en el sur del Distrito Metropolitano de Quito.

[3]La Coordinadora Plurinacional es un frente común conformado por organizaciones de perfil político a la izquierda del correísmo: Pachatukit, Movimiento Popular Democrático, Participación, la Corriente Revolucionaria Socialista del Partido Socialista y Montecristi Vive.

[4]La vigente Constitución de Montecristi reconoce en su artículo 98 el derecho a la resistencia de una manera amplia y generosa, abarcando a todos los derechos: los que están taxativamente puntualizados y los denominados derechos implícitos que derivan de la dignidad del ser humano.

[5]Lluco apareció como representante en el 2005 del fideicomiso Progreso Recapitalization Trust, donde el banquero Fernando Azpiazu puso las empresas eléctricas Emelec y Electroecuador. Azpiazu conoció la cárcel por defraudar al fisco.

[6] Vargas fue presidente de la CONAIE y ministro de Bienestar Social en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Antonio Vargas es considerado como uno de los responsables principales del pasado descalabro direccional de la CONAIE.

[7] El pasado 12 de octubre, organizaciones campesinas afines al Gobierno, junto con la Conferencia de Soberanía Alimentaria (Copisa), presentaron en la Asamblea un anteproyecto de Ley de Tierras, que limita su tenencia en manos privadas: 200 hectáreas en la Sierra y 500 en Costa y Amazonía. El argumento central es la injusta distribución de la tierra que existe en el país.

[8]FENOCIN es junto a la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, las dos organizaciones más importantes numéricamente de la Red Agraria.

[9]Carlos Ochoa fue asesor de la actual ministra de Desarrollo Social, Doris Soliz, cuando ejerció como ministra de Turismo en el gobierno de Lucio Gutiérrez. Gran parte de profesionales de los medios ecuatorianos consideran que su responsabilidad actual como jefe de noticieros de Gamavisión responde a su relación con Doris Soliz y a los pactos políticos al interior del gobierno entre esta y los hermanos Alvarado. De hecho Ochoa era extremadamente crítico respecto a la candidatura de Correa durante las elecciones presidenciales del 2006, cuando ejercía como corresponsal en Cuenca de los "medios de comunicación corruptos".

[10] La Comisión de la Verdad en Ecuador levantó 310 casos de violaciones de derechos humanos durante el gobierno del socialcristiano Febres Cordero.

[11] El coeficiente Gini es una medida de la desigualdad. Cuando el coeficiente se acerca a 1, implica una mayor desigualdad (1 = una persona tiene toda la tierra, los demás no tienen tierra).

[12]Atlas tenencia de la tierra en el Ecuador. SIPAE, 2011.

[13] Dahik fue vicepresediente en el gobiernod e Sixto Durán Ballén. Es considerado el padre del neoliberalismo ecuatoriano. Y estuvo prófugo por corrupto, por el mal uso de los fondos reservados del Estado.

[14] Noboa Bejarano fue responsable de uno de los manejos más dolosos de la deuda externa, duramente criticada por Correa cuando aún no era presidente de la República.

El pasado 5 de marzo, el presidente Rafael Correa firmó el primer contrato minero a gran escala, y lo hizo con la empresa china Ecuacorrientes (ECSA), dando inicio a este tipo de actividades en Ecuador. Al día siguiente, grupos ambientalistas protagonizaron una serie de protestas y anunciaron que impedirán que este contrato llegue a ejecutarse, señalando que no cuenta con la licencia ambiental, que constituye el plan de manejo de la zona en el que se especifica cómo se evitarán daños al medio ambiente y cómo se remediarán en caso de producirse.

Desde el inicio de su primer mandato en el 2007, Correa anunció la intención de llevar adelante proyectos de minería a gran escala. Sin embargo, estos planes fueron retrasados por la decisión de la Asamblea Constituyente en el 2008 de revertir las concesiones mineras a través del denominado Mandato Minero, que también restringía las concesiones para la megaminería.

Pese al Mandato Minero, Correa siguió negociando con ECSA la concesión del proyecto Mirador, ubicado en la Cordillera del Cóndor, en la provincia amazónica de Zamora Chinchipe, limítrofe con el Perú. De igual forma siguieron las negociaciones con las empresas canadienses Kinross Gold Corporation, con el proyecto Fruta del Norte, ubicado en la vertiente norte de la misma Cordillera del Cóndor, e IAMGOLD, con el proyecto Kinsacocha, en la provincia del Azuay, en la sierra sur.

Correa había planeado firmar el contrato con ECSA para fines de marzo, pero de manera sorpresiva decidió hacerlo el 5 de marzo, adelantándose a la realización de la marcha nacional en defensa del agua que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) había convocado para tres días después. La premura por firmar el contrato hizo que Correa desestimara las 17 observaciones planteadas por la Contraloría General del Estado, como por ejemplo la violación del artículo 6 del Mandato Minero que establece cómo proceder en el caso de que las concesiones otorgadas estuvieran ubicadas en áreas naturales protegidas, bosques protectores y aquellas que afecten nacimientos y fuentes de agua.

Este proceso se indica en la licencia ambiental que debe otorgarla el Ministerio de Ambiente, luego de analizar el Plan de Manejo Ambiental presentado por la minera, que es obligatorio tener antes de rubricar este tipo de contratos y que, en este caso, no existe.

El mismo presidente, durante la firma del contrato, reconoció que la minería contamina el medio ambiente: "Toda mina contamina, necesitamos explotar la minería, explotemos responsablemente la minería", dijo, pero no hizo mención a la licencia ambiental.
Con este contrato, ECSA accede a reservas de cobre por 5 millardos de libras, procesará 60,000 TM diarias e invertirá US$1.4 millardos en los primeros cinco años. Por su parte, el Estado ecuatoriano recibiría un 52% de las ganancias, en las que estará incluido el 12% del Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto a la Renta, utilidades y regalías. ECSA entregará $100 millones como regalías anticipadas.

Acto seguido, Correa anunció que en abril se firmarían los contratos con Kinross e IAMGOLD.

Reacciones y represión

La firma del contrato con ECSA provocó inmediatas reacciones por parte de integrantes de la Asamblea Nacional y grupos ambientalistas.

Kléver Jiménez, legislador por Zamora Chinchipe, cuestionó la firma del contrato porque violenta el artículo 405 de la Constitución, en el que se establece que ninguna empresa extranjera podrá tener concesiones en las áreas de seguridad nacional, como son las fronteras, en este caso con el Perú, donde se ubica la Cordillera del Cóndor.

Jiménez también afirmó que es falso que Ecuador recibirá el 52% de la rentabilidad que produzca el proyecto Mirador.
"Se habla de entregar el 12% del IVA, pero este es un impuesto al valor agregado y la empresa no producirá ningún valor agregado, pues todo se llevará en bruto", afirmó el asambleísta.

En efecto, el 12% es un impuesto a las compras internas de productos manufacturados y ECSA no comprará mayores bienes nacionales, pues el grueso de su inversión será en compras internacionales, las que no cobran IVA y, por tanto, no generarán ingresos al Estado. La Constitución ecuatoriana establece que todo proyecto de extracción de recursos deberá generar una utilidad mayor al Estado que la que genere para la empresa; en este caso, sin el IVA, el Estado no recibirá el 52%.

El 6 de marzo, grupos ambientalistas se dieron cita en la sede de la Embajada de China en Quito para presentar una carta de rechazo a la firma del contrato con ECSA y hacer conocer al gobierno chino que el proyecto no posee licencia ambiental y que no se han tomado en cuenta las observaciones de la Contraloría General del Estado, lo que sería una causal para declarar nulo el contrato.

Al respecto, integrantes de la Red de Abogados Ambientalistas Amazónicos (RAMA), han iniciado el estudio del contrato para presentar una acción de nulidad en los juzgados nacionales.

"Nuestra intención es que el gobierno chino conozca las irregularidades que sus empresas cometen en países en donde desean extraer recursos, y que conozcan que hay oposición a la presencia de Ecuacorrientes en el país", aseguró Gloria Chicaiza, del Colectivo Antiminero, instancia en la que participan diversas organizaciones sociales.

El gobierno nacional montó un violento operativo para desalojar a ocho mujeres que habían ingresado a la Embajada de China y, a través de la Fiscalía General del Estado, se las quiso enjuiciar por "allanamiento de morada", pese a que diplomáticos chinos habían afirmado que no presentarían ninguna demanda contra ellas.

Las detenciones finalmente se dejaron sin efecto ya que no existía un motivo jurídico y por el hecho de que dos de las arrestadas son familiares cercanas de funcionarios de alto nivel del Ejecutivo: una es sobrina de la ministra coordinadora de la Política, Doris Soliz, y la otra es sobrina del subsecretario del Ministerio del Interior, Óscar Bonilla.

"Vamos a inundar Quito"

Desde enero, la CONAIE y otros movimientos sociales opuestos a la megaminería habían organizado una marcha denominada "Marcha por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos", que se iniciaría en el cantón El Pangui, en Zamora Chinchipe, y llegaría a Quito el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, luego de recorrer ocho provincias. La CONAIE calcula que ese día reunirá a unas 5,000 personas en la capital ecuatoriana.

"La marcha de la dignidad que empieza el 8 de marzo, es la marcha de los oprimidos, es una marcha para defender la vida, para defender el agua, para defender nuestros recursos, otra vez entregados a las transnacionales. La hostilidad de Correa a la misma, revela que él se alinea al lado de los opresores", afirmó Salvador Quishpe, prefecto (gobernador provincial) de Zamora Chinchipe y principal líder de esta nueva movilización indígena.

La marcha se inició en la fecha prevista y cuatro días después concentraba ya a unas 2,000 personas al llegar a Cuenca, provincia del Azuay, tercera provincia que atraviesa en su recorrido.

Por su parte, el gobierno ha montado una gran campaña de propaganda, asegurando que los marchistas intentan derrocarlo, por lo que convocó a concentraciones paralelas de sus simpatizantes, las que se harán conforme la marcha llegue a las capitales provinciales.

"No somos golpistas, no queremos derrocar al gobierno, pero vamos a inundar Quito con la gente que no desea que se contamine nuestra agua", asegura Quishpe.

Correa ha afirmado que las movilizaciones convocadas por el gobierno son para celebrar el Día Mundial del Agua y que se realizarán durante todo el mes de marzo. Ante la coincidencia de las fechas de las concentraciones gubernamentales en las provincias donde arribará la marcha, Humberto Cholango, presidente de la CONAIE, hizo un llamado al gobierno para que evite confrontaciones en la calle, pues la convocatoria paralela genera riesgos de enfrentamientos entre los dos grupos.

"Nosotros no vamos a generar violencia, por eso el gobierno será responsable si hay enfrentamientos", advirtió Cholango.

En su quinto día de marcha, la movilización indígena que el 22 arribará a la capital, llegó ayer a Cuenca. Ahí los recibió el prefecto del Azuay, Paúl Carrasco, quien comparte el rechazo del inicio de la minería a gran escala en el país. Hoy, en su quinto día, la caravana se dirige a Azogues.

Los marchistas, convocados por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), partieron el 8 de marzo desde El Pangui (cantón de Zamora). Ayer, alrededor de las 15:45, entraron a Cuenca, luego de transitar por Zamora, Loja y parte de Azuay.

José Acacho, vicepresidente de la Conaie, indicó que el trayecto se ha realizado sin enfrentamientos. Sin embargo, indicó que han tenido algunas trabas de movilización por parte de la Policía. El primer día, a su salida en Zamora; al siguiente día, en su llegada a Loja; También en Saraguro (sábado), pero ninguno pasó a mayores.

Detalles

Así, luego de pasar la noche del domingo en Nabón (cantón de Azuay), la caravana hizo su entrada por la avenida Loja, una de las principales arterias de acceso a la ciudad.

La gran mayoría de personas, apalancadas en las vías y balcones de las casas, apoyaron el arribo de los marchistas. Incluso, unas 300 personas del Partido Comunista Leninista Ecuatoriano se unieron en la avenida Loja. Con ellos, la caravana sumó alrededor de 2.000 personas. 

Caminaron hasta el parque San Blas, donde fueron recibidos por el prefecto, Carrasco alrededor de las 17:30. Ahí mantuvieron una concentración, como en todas las ciudades visitadas en donde se manifestaron los objetivos de la marcha. El principal: "defender el agua y la naturaleza y rechazar las políticas ‘neoliberales' del Gobierno".

Resoluciones

Durante la mañana, en la Asamblea realizada en Nabón,  los marchistas resolvieron pedir el inicio de un juicio político en contra  de los ministros Wilson Pástor, de Recursos Naturales No Renovables; Marcela Aguiñaga, de Ambiente; y José Serrano, del Interior.

Salvador Quishpe, prefecto de Zamora, explicó que pedirán el juicio contra Pástor "por haber firmado un contrato inconstitucional". Esto en relación a la firma con ECSA para el inicio de la gran explotación en el proyecto de cobre ‘Mirador', ubicado en Zamora. 

La inconstitucionalidad de dicho contrato se basa, según opinó, en que "la minería está prohibida en áreas protegidas y en esa zona (parroquia Tundayme) se encuentra un bosque protegido (Bosque Protector de la Cordillera del Cóndor)", señaló Quishpe. Este argumento, además, se sustenta en un informe preliminar de Contraloría que indica que unas 1.700 hectáreas están dentro del área de concesión.


Opiniones

Otro argumento es que "está prohibido entregar concesiones a personas naturales o jurídicas extranjeras dentro de Áreas de Seguridad Nacional y ECSA (compañía China) está dentro de los 20 kilómetros establecidos cómo área desde la línea de frontera.

Quishpe mencionó que la Constitución establece que los proyectos estratégicos, como la minería, deben ser otorgados a empresas públicas o compañías mixtas, donde el Estado tenga mayor participación. "En última instancia, agotados todos los recursos se deben entregar a empresas privadas, pero hicieron al revés, dieron prioridad a la compañía privada", anotó.



Ambiente y Policía

El prefecto de Zamora, Salvador Quishpe, explicó que se solicitará el inicio del juicio político para la Ministra de Ambiente porque esta cartera de Estado entregó la licencia ambiental para el proyecto ‘Mirador'.

En cuanto al proceso similar en contra del Ministro del Interior, Quishpe indicó que lo pedirán por ciertas ‘coincidencias' que han encontrado en su trayecto, en los que la Policía habría impedido el paso de los manifestantes. "Por encubrir estos actos, al mandar a la Policía para que retenga esta marcha, con el objetivo de que el pueblo no conozca estas atrocidades".


EL DATO
El sábado, más de 4.000 personas participaron en Cuenca en una marcha convocada por el prefecto Carrasco.

EL DATO
El 22 de marzo, esta comitiva llegará a Quito.

Suramérica debería invertir unos 74.500 millones de dólares para superar las brechas inter regionales y que conduzcan hacia la integración, advirtió el miércoles Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en la sede de la Unasur en Quito.

Esta inversión se debería cumplir para subsanar las diferencias entre países en materia de infraestructura vial, electricidad, telecomunicaciones, agua y saneamiento y constituye un 3,4% del PIB regional, explicó la funcionaria.

No obstante, advirtió que en este esquema, y considerando un crecimiento promedio de 4,4% por año, la región debería aportar unos 179 mil millones de dólares para conseguir objetivos de desarrollo, para acercarse a niveles de desarrollo de países de Asía-Pacífico, lo que implicaría invertir el 8,1% del PIB.

Alicia  Bárcena hizo presentó estos datos en una conferencia que analizó el escenario mundial en materia económica donde destacó la fragilidad de la zona Euro, cuyo futuro calificó como "perspectivas sombrías", pues añadió que sus políticas de ajuste fiscal son motivo de preocupación para el organismo de Naciones Unidas.

"La mitad del PIB mundial va a crecer muy poco", dijo al referir las condiciones desfavorables para Estados Unidos, Unión Europea y Japón.

En su análisis mencionó que las economías desarrolladas crecerán un 1,2% frente al crecimiento de las economías emergentes del 5,4%.

Este dato fue motivo de reflexión en un comentario por el secretario de Planificación ecuatoriano, Fander Falconí, pues consideró que esta es "una paradoja".

No obstante, para Alicia Bárcena los factores externos seguirán siendo favorables para Suramérica, considerando que los países fundamentan sus economías en el intercambio de materias primas y minerales, que gozan de precios históricos.

"En el 2011, las exportaciones de bienes crecieron un 23%", recordó.

La Cepal estableció que Suramérica cuenta con unos 750 mil millones de reservas internacionales, lo que lo convierte en el segundo tenedor en Estados Unidos, después de China.

Advirtió, sin embargo, que cumplidos los 30 años de deudas externas regionales, Suramércia ha demorado 14 años en recuperar el PIB per cápita y 25 años en tener los mismos niveles de pobreza que al inicio de los 80, al alcanzar un 45% en promedio.

También destacó que la región maneja un nivel de endeudamiento del 35% en proporción al PIB.

Además, observó que la fortaleza regional radica en sus recursos naturales, pues "Suramérica tiene un tercio del agua dulce del mundo, el 12% de las superficies cultivables, el 13% del petróleo, el 44% de cobre, el 48% de soja, el 22% de molibdeno y el 19% del zinc"

Pero consideró que esta riqueza conlleva un riesgo sistémico para los países de Unasur, porque "puede caer en la reprimarización", dijo.

Por eso sugirió que la agenda económica debe apuntar a la diversificación productiva y el crecimiento inclusivo.

La innovación juega un papel clave, y marca un reto pasar la inversión enciencia y tecnología del 0,6 al 1,5%.

Daniel Lozada, ministro del Interior del Perú, habla de la importancia que tiene para su país el tratado comercial con la UE.

Cuál es el resultado de su visita a Ecuador?

Un sabor muy agradable. Hemos podido palpar la experiencia ecuatoriana en materia de seguridad ciudadana.

A propósito de ese  tema, ¿qué avance ha existido en   seguridad fronteriza?

El objetivo de nuestra presencia ha sido fortalecer nuestras fronteras, bajo el parámetro de mantener un control de doble vía entre los dos  países. Así combatir el crimen organizado.

¿Cuáles son los problemas que más inquietan a ambos países en el tema  fronterizo?

Uniformizar criterios. Felizmente hemos logrado un acuerdo que servirá de derrotero para el futuro. Lo más importante es trabajar con tecnología en la frontera para identificar todo lo  que es el tráfico ilícito de distinta índole. Básicamente en transporte ilícito de combustible, celulares robados y trata de personas...

¿Qué instituciones se involucrarán en esta homologación de criterios?

Del lado peruano los ministerios del Interior, Comunicaciones, Salud y Agricultura.

¿Se lo oficializará en el Gabinete binacional Ecuador-Perú,  en Chiclayo?

 Tendremos algunas propuestas para este trabajo, que debe iniciarse lo más pronto posible.

¿Qué tan importante es para el Perú la cooperación en seguridad en organismos  como la OEA y la Unasur?

Son foros muy importantes donde se pueden tocar muchas materias, entre ellas las relacionadas a la seguridad.

¿Al Perú le llama la atención tratar esto en la Alba?

Nos llama la atención todo lo que contribuya al desarrollo de los pueblos y su crecimiento.

¿Y en los planes del Perú está adherirse a la Alba?

En realidad, nosotros no tenemos ningún problema con ninguna organización de países que se haya constituido formalmente.

¿Qué beneficios ve el Perú en el acuerdo comercial que acaba de sellar con la Unión Europea (UE)?

Esperamos que pronto Ecuador pueda insertarse en este bloque de comercio de países europeos con la parte sudamericana. Para nosotros tiene muchas ventajas. No solo lo vemos por el lado de los productos y de cuánto podemos vender o comprar. Miramos beneficios del lado de las inversiones, que son importantes para que se genere riqueza y trabajo.

¿Quiere decir que el Perú ve beneficios concretos en el acuerdo comercial con el bloque europeo?

Creo que no solamente el Perú. Muchos países vemos que el comercio es una necesidad.

¿Por qué?

Si no hay quien compre no hay empresas ni negocio. Y si no hay negocio no hay mercado.  Necesitamos estos mercados para generar inversión, empleo y producción que luego  se traduzca en producción social.

¿Hay temor en Perú de que este acuerdo afecte a  ciertos sectores económicos?

No. En realidad en  lo que queremos es que la competitividad sea transparente, equitativa...

¿Eso está garantizado en el acuerdo con la UE?

Sí. En realidad son acuerdos que benefician a todos.

¿Esperan que Ecuador se sume a este acuerdo?

Ecuador tiene una gran riqueza en recursos  como la minería e hidrocarburos. Creo que le puede ir muy bien en ese campo.


HOJA DE VIDA
Daniel Lozada Casapia
Su experiencia.  Es economista de la Universidad Nacional Agraria de La Molina. Actual Ministro del Interior del Perú.    
Su punto de vista.   Sostiene  que uno de los temas claves es la seguridad fronteriza. También reconoce  que un acuerdo comercial con el bloque europeo es beneficioso.