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Trece países promueven la integración de organismos con el fin de terminar con el hambre y la desnutrición, que el año pasado afectó a 53 millones de personas en la región

Trece países de América Latina y el Caribe plantearon en Quito que organismos de integración como la CAN y el Mercosur aúnen esfuerzos para erradicar el hambre para el año 2025, indicó este martes el ministerio ecuatoriano de Agricultura y Ganadería.

La cartera señaló que la cuarta reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, propuso la vinculación de los proyectos de seguridad alimentaria subregionales, como los del Mercosur y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

La iniciativa apunta a definir prioridades e inversiones para combatir el hambre y la desnutrición, que en 2009 afectó a 53 millones de personas en la región frente a 45 millones en 2006, según el ministerio.

La oficina regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) desempeña el papel de secretaría técnica dentro del plan.

Tras las deliberaciones, los delegados de los ministerios de Agricultura de la región acordaron consultar a Haití sobre si está dispuesto a acoger la quinta reunión del Grupo de Trabajo, definiendo a Perú y Brasil como alternativas para el encuentro.

 

Ministros de Agricultura de Latinoamérica y el Caribe debaten hoy en Quito cómo erradicar el hambre y la pobreza en sus naciones antes del 2025, durante la cuarta reunión de los titulares del ramo en la región.

La cita, denominada "América Latina y el Caribe sin hambre", responde a uno de los Objetivos del Milenio trazados por las Naciones Unidas, para lo cual se debaten estrategias comunes, considerando que la situación es diferente en los diferentes países.

El 2025 es el año en que dichas naciones no deberían tener pobreza extrema y estar erradicada el hambre, sin embargo, este es un objetivo que no todos han logrado, reconoció el ministro de Agricultura de Ecuador, Ramón Espinel.

"El esfuerzo conjunto para liderar esto es muy importante, pero también es de crucial importancia lo que haga cada uno de los países para lograr este objetivo", precisó Espinel en declaraciones publicadas por el diario digital Ecuadorinmediato.

"En Ecuador estamos trabajando arduamente en este sentido, pues es un mandato constitucional para el pueblo ecuatoriano", expresó.

La oficina Regional de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) para América Latina y el Caribe, desempeña la Secretaría Técnica, con el apoyo del Fondo Fiduciario de España-FAO.

La Secretaría Técnica pretende en esta reunión establecer un mecanismo de articulación de las organizaciones de integración subregional (MERCOSUR, CAN, CARICOM) para establecer un programa de prioridades e inversiones, con una cartera de proyectos operativos para América Latina y el Caribe.

Por otra parte, se conoció que el Programa de Intervención Nutricional Integral (INTI) en Ecuador ampliará su accionar en todas las provincias del país durante el 2010.

La desnutrición en Ecuador es un indicador que muestra las profundas desigualdades sociales existentes, y la pobreza presente de manera general en las 24 provincias del país, de manera particular en la serranía.

 

El Hno. Paul acaba de expresar que un ex jefe de Inrena,  arrepentido de apoyar el nuevo proyecto de Ley Forestal, les ha informado que ahora último varios ministerios se han unido, junto a OSINFOR para hacer espíritu de cuerpo y aprobar dicha Ley que no protege a la Amazonía peruana.

"El ex jefe de Inrena nos ha informado sobre el borrador que le pasó el equipo técnico de la DGFFS, a cargo del proceso de la Ley Forestal, el mismo que está siendo tomado por el MINAG, MINAM y MINCETUR, ellos expusieron ante la Comisión de Pueblos Andinos, Afroperuanos y Amazónicos del Congreso y que fue algo más de lo mismo, la misma confusión y la misma soberbia. Ahora el Ejecutivo está haciendo espíritu de cuerpo porque son los 3 ministerios quienes están haciéndolo suyo el proyecto, sumándose curiosamente OSINFOR.

AIDESEP mantiene su posición, no participarán más en ese proceso liderado por el Ministerio de Agricultura por todo lo turbio que está. Como se recuerda, Aidesep presentó la propuesta de Ley Forestal en base a lo de la Mesa de Diálogo 02 que no ha sido tomada en cuenta, ellos están trasladando oficialmente al Congreso el texto, pidiendo al gobierno a la brevedad que cumpla con aprobar los acuerdos de la Mesa 02 del grupo nacional y están cuestionando el proceso de la Ley que lleva a cabo el Ministerio de Agricultura.

Los indígenas desean un bosque sostenible ambientalmente, pero también socialmente, que la Ley Forestal respete sus territorios, que no impongan subastas o concesiones  porque afecta la disponibilidad de fauna y bosque, quieren ser incluidos en el manejo del bosque.

Ahora hay más posibilidades de subastar públicamente los bosques con más de 40 mil hectáreas, no hay un límite del número de lotes. Un solo postor puede tener cuanto quiera o sea, un solo grupo como Romero podría tener acceso a cientos de miles de hectáreas, mucho más con el cambio de uso de bosque. Todo eso choca fuertemente con la propuesta indígena. En vez de avanzar estamos retrocediendo y en dos caminos diferentes", aseguró el Hno. Paul.

HAY QUE BUSCAR BUEN MECANISMO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE DINERO DE COMPENSACIÓN POR CONTAMINACIÓN...

Si bien es cierto el Perú recién está empezando su propuesta para poder captar parte de los billones de dólares que darán los países contaminantes al mundo para la conservación de áreas, es bueno que se busque los mecanismos de administración del futuro dinero, para que no se pierda en otros objetivos antes de beneficiar a las comunidades nativas de la Amazonía.

"El Perú está empezando su propuesta de cómo poder manejar el fondo económico en caso que lo ganen. En futuro sería una bonanza de los bosques, mantenerlos, no tumbándolos, ni para madera, ni deforestando para combustibles. Se mantendría el bosque y pagando 150 dólares por cada hectárea conservada, como ya lo hacen por Brasil. Hay que cuidar a dónde iría esa plata, porque si va directamente al gobierno nacional ya sabemos qué podría pasar.  Se tendría que ver una propuesta de que vaya al gobierno nacional e inmediatamente a las municipalidades y comunidades, ya sean ribereñas o indígenas para que  así tengan los auténticos moradores de esas zonas una fuerte cantidad de dinero para su propio desarrollo", observó el Hno. Paul.

El gobierno de Japón anunció que respaldará el proyecto "Promoción al Desarrollo Rural en el Altiplano Central de Bolivia", que incluye la atención a los municipios de Patacamaya, San Pedro de Carahuara y Umala.

Según el embajador de Tokio en La Paz, Kazuo Tanaka, ese plan prevé la construcción de canales de riego y el apoyo a la producción de hortalizas,

Tanaka explicó que la región altiplánica de la nación suramericana se caracteriza por altos y permanentes riesgos climatológicos que amenazan la producción agropecuaria, base de la economía local, necesitada de recursos hídricos.

El proyecto incluye además una estrategia para combatir sequías, heladas y granizadas, con la prioridad resguardar la seguridad alimentaria, precisó.

Por su parte, el prefecto de La Paz, Pablo Ramos, dijo que la cooperación que Japón brinda a Bolivia, en especial a las provincias que sufren los embates climáticos, es fundamental para continuar con el trabajo sostenible en la región.

 

La FAO apoya hoy al Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay, a fin de remover y destruir 150 toneladas de plaguicidas obsoletos, almacenados en Asunción desde 2003.

El proyecto dispone de financiamiento de Japón y da seguimiento a acciones para resolver el problema de esos productos en tal estado, según la Oficina en La Habana de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Ese programa de la entidad, que tiene su sede central en Roma, cuenta además con respaldo de un equipo interinstitucional conformado por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

También es apoyado por la Secretaría del Ambiente y el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE).

De acuerdo con la FAO, la iniciativa da seguimiento a acciones realizadas de manera sistemática por el gobierno paraguayo, con apoyo de ese organismo de la ONU, para resolver el problema de los plaguicidas obsoletos en ese país.
Desde 2004 se desarrolló un inventario nacional de esos productos en tales condiciones, y se eliminaron exitosamente 25 toneladas de ellos.

La organización explicó que los plaguicidas obsoletos se definen como los que han sido prohibidos y están deteriorados químicamente, caducos, que son desconocidos o entraron en desuso.

El volumen de esos productos deteriorados supera en el mundo las 500 mil toneladas y las principales dificultades están en países no industrializados.
En estos, la agricultura es uno de los pilares de la economía y esos agentes son las sustancias químicas más usadas. Con frecuencia se encuentran en forma de mezclas tóxicas, en envases con filtraciones que generan derrames y en almacenes y sitios no aptos para el almacenamiento de este tipo de producto.

Lo anterior genera un riesgo de exposición que puede causar intoxicaciones agudas y crónicas, además de contaminar el suelo y fuentes de agua.

La FAO respalda a las naciones en desarrollo, en la adecuada gestión de todos los plaguicidas, lo que implica la limpieza de sitios contaminados y la destrucción o eliminación de los que están en estado de deterioro.

Ella es la principal agencia de las Naciones Unidas a cargo de este tema y acumula muchos años de experiencia en África, Asia y América Latina.
Su apoyo es clave porque muchos países no cuentan con capacidad técnica, institucional, ni financiera que permitan desarrollar políticas y elementos reguladores que favorezcan la adecuada gestión de tales sustancias químicas.