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El proyecto de ley incluye cuatro tipos de riesgo, más de 650 mil beneficiados, en 100 zonas homogéneas. El monto de la prima será mayor al SOAT, según tabla variable. La papa tiene un seguro en Patacamaya.

Desde el siglo pasado, los productores campesinos exigen un seguro que les permita prevenir impactos económicos por efecto de los fenómenos climáticos. Con la aprobación de la Constitución Política del Estado, esta necesidad es un derecho y da paso a la delimitación de un nuevo mapa agroalimentario y acceso a servicios financieros.

El artículo 407 señala objetivos de la política de desarrollo rural integral del Estado, en coordinación con entidades territoriales autónomas y descentralizadas. El cuarto, determina "proteger la producción agropecuaria y agroindustrial ante desastres naturales e inclemencias climáticas, geológicas y siniestros. La ley preverá la creación del seguro agrario".

En ese marco, se está elaborando un proyecto de ley, entre técnicos del Ministerio de Desarrollo Rural, organizaciones sociales y cooperación internacional.

"Será un Seguro Agrícola Universal", aseguró el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Víctor Hugo Vásquez. Beneficiará a pequeños, medianos y grandes productores de alimentos del país.

La Coordinadora de Integración de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígenas y Originarias de Bolivia (CIOEC) forma parte de ese equipo. Reúne a más de 778 organizaciones que a su vez, cada una, tiene hasta 3.000 socios.

La base del seguro agrícola está en la nueva delimitación de zonas homogéneas, al menos 100, que se desprenden de las macrorregiones o pisos ecológicos que tiene el país (altiplano, valle y llanos).

En el altiplano central las lluvias son menores, las heladas son más intensas y las condiciones de producción varían en relación al altiplano sur. Por tanto, los riesgos del seguro, en esta primera etapa cubrirán las heladas, inundaciones, sequía y granizada.

"Un requerimiento técnico es cubrir la actividad productiva, del conjunto de productores, en condiciones homogéneas. Esto evitaría que se susciten conflictos, que la gente afectada por un riesgo, realmente sea asistida", indicó Egler Huarachi, del departamento de Asesoría Política del CIOEC.

Por ello, es relevante delimitar los espacios (zonas) de manera homogénea, en cantidad de hectáreas y rendimiento de la producción, para atender los impactos de los efectos climatológicos.

Es que no es lo mismo sembrar papas en las orillas de lago Poopó que en las pampas de Patacamaya. En el primer caso, en una hectárea se producirá mucho más. "Esto permitirá establecer las tasas y primas adecuadas a las características de rendimiento y suelo", dijo.

Se elaborará una tabla variable por cultivo y año, en cada zona homogénea con el fin de determinar el monto de la prima.

Al respecto, el viceministro adelantó que el monto de la prima será mayor a las del Seguro Obligatorio Contra Accidentes de Tránsito (SOAT), que varía según el tipo, modelo y servicio del vehículo en las diferentes ciudades. El monto más bajo es de $us 12 y el máximo llega a $us 600.

En el Plan 2010-2015 del MAS, afirman que la creación de este seguro "exige en la primera etapa" una inversión de $us 40 millones del Estado para pagar hasta el 70% de la prima, "en el caso de los productores pequeños".

El Estado definirá los términos de la póliza y "los recursos serán administrados por aseguradoras privadas". Una Unidad Descentralizada Estatal será la responsable.

En La Paz, hay un seguro de la papa en Patacamaya. Los productores crearon un fondo de dinero con sus aportes y de instituciones externas. Aseguran un quintal de semilla de papa y pagan Bs 6,50; deben producir 9 quintales de papa. Si produce menos, por quintal reciben Bs 30 en semilla.

Tiene el control del yapuchiri testigo, la persona que mejor cuida su chacra en su zona; y el yapuchiri perito que llega de otra provincia, tres veces al año, para verificar el proceso de cultivo.

"Este seguro es el inicio para toda la nueva política agroalimentaria del país", sostuvo la autoridad.

La cooperación internacional y las entidades financieras muestran interés. "El sector bancario va a poder flexibilizar sus créditos a los productores con la seguridad que tienen el SAU", sostuvo Vásquez.

Las regiones

En el Plan 2010-2015 • En este documento se establecen 15 macrorregiones:

Norte Amazónico
Valles Cerrados
Yungas del Norte
Altiplano Norte
Altiplano Central
Altiplano Sur
Valles del Sur
Valles Centrales
Valles del Norte
Yungas del Sur
Pampas de Moxos
Escudo Chiquitano
Llanos de Santa Cruz
Llanos del Chaco

Norte Integrado de Santa Cruz

En el Proyecto de Ley • El texto incluirá la delimitación de más de 100 espacios homogéneos tanto en territorio, hectáreas cultivadas y tipo de productos; información básica para reglamentar el seguro agrícola universal en sus diferentes etapas de aplicación; después de la aprobación de la ley marco.

Primeros: maíz, papa, arroz, trigo, quinua y soya

Según el plan gubernamental, la aplicación del seguro se hará en tres etapas anuales y comenzará su aplicación para seis productos agrícolas.

"Durante el primer año, se ha previsto asegurar los siguientes cultivos: maíz, papa, arroz, trigo, quinua y soya. Progresivamente se incorporarán nuevos cultivos", señalan en el documento.

En la primera etapa buscan asegurar al 70% de los cultivos del país. Son 2.046.335 hectáreas de superficie cultivada en todo el país que quieren llegar a cubrir con el seguro universal agrícola.

De esta forma se asegurará que el sector agrícola disminuya hasta un 80% sus pérdidas. El objetivo de dar seguridad a la producción de alimentos permitirá incentivar inversiones de mediana y gran escala para alimentar a la población.


Entrevista

"Habrá un aporte privado de los productores al seguro"
Víctor Hugo Vásquez, viceministro de Desarrollo Agropecuario; ex asambleísta.

¿Cómo nace el seguro agrícola?
En la Asamblea Constituyente, en la cual estuve como presidente de la Comisión de Desarrollo Productivo, nos presentaron 614 propuestas de los 9 departamentos. En el 85% de ellas estaba el seguro agrario y agrícola. En la nueva Constitución Política del Estado, en el artículo 407 parágrafo 4, incorporamos el seguro agrícola que debe ser creado por ley. Es un mandato constitucional.

A partir de ello, en este ministerio se ha trabajado en una propuesta de ley presentada en el Plan de Desarrollo Económico 2010 -2015, que fue la base de la campaña del presidente Morales.

El borrador planteaba un monto de $us 80 millones, de los cuales 40 millones debía poner el Estado y el resto será compartido entre los productores y la cooperación internacional.

Va a haber subvención para los que más necesitan y los que tienen posibilidad tienen que aportar; por tanto, va a haber un aporte privado de los productores.

¿Qué cubrirá?
El seguro cubrirá cuatro riesgos que más afectan a la producción: helada, sequía, inundación y granizada, en una primera instancia.

El seguro va a ser universal. Va a ser para todos los productores: pequeños, medianos, grandes, porque así lo dice la Constitución.

Estamos trabajando en dos niveles. Por un lado, se están perfeccionando las propuestas de leyes presentadas por las diferentes organizaciones sociales, para poder presentarla el 22 de enero.

Por otro, estamos trabajando el tema reglamentario de la ley. La aprobación tardará uno o dos meses y en este lapso vamos a redactar la reglamentación de la ley que va a ser aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Participan técnicos representantes de las organizaciones sociales que conocen la realidad de los diferentes sectores del campo.

Estamos hablando de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos, Confederación Nacional de Mujeres Indígenas Originarias Bartolina Sisa, Confederación Nacional de Comunidades Interculturales, CIDOB, Conamaq, CIOEC son las que están participando en este proceso de consolidación del seguro.

¿Qué es lo más difícil?
Considero que va a ser la reglamentación de la ley porque tiene que ver con las modalidades, características, productos y el monto de la prima a aportar. Se requiere un monto elevadísimo para solventar el seguro agrícola que en cierta medida va a resolver los problemas en la agricultura y la ganadería y va a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

¿Será más que el SOAT? ¿Para todos los productos?
Es en lo que estamos trabajando. Tiene que ser mucho más que el SOAT. Consideramos que será un ejemplo no sólo para Bolivia, sino para América y el mundo.

Como es universal va a ser para todos los productos, pero el avance será progresivo.

¿Necesitará mejorar el servicio de meteorología o contar con nueva tecnología?
Todo es importante. En el país tenemos poca información y no está sistematizada. Es un obstáculo. El segundo tema importante es el establecimiento de zonas homogéneas. Vamos a presentar más de 100 zonas homogéneas que van a servir fundamentalmente para implementar el seguro agrícola.

Esto tiene que ser como una buena foto. Entonces el seguro agrícola tiene que reflejar la imagen de la realidad nacional. Si no la refleja no va a ser aplicable para que beneficie a todos.


Punto de vista

"Buscamos la seguridad alimentaria y la emigración"
Francisco Fermín Núñez. Secretario de relaciones CIOEC Bolivia.

El beneficio del seguro agrícola va a ser para el pequeño productor.

Tenemos que socializar el proyecto de ley con nuestras organizaciones sobre cómo va a ser y con qué productos vamos a entrar en la primera etapa. Seguramente vamos a discutir sobre por qué no están entrando otros productos. Van a reclamar, pero tenemos que aclarar por qué estamos priorizando los alimentos a nuestras bases, en una reunión nacional que tendremos la próxima semana, el 20 y 21 de enero.

Lo que buscamos es la seguridad alimentaria. Producir lo que consumimos porque aún ocurre que traemos alimentos básicos de afuera. Como organizaciones estamos planteando la soberanía alimentaria en nuestros municipios.

Los alimentos que se producen en un lugar tienen que ser consumidos por nuestros niños porque vamos a garantizar que sea producto sano y natural. Esa es la misión de CIOEC.

Algunos municipios ya nos toman en cuenta con el desayuno escolar, bajo el tema del compro boliviano, pero otros todavía no.

Este trabajo permite que la gente se quede en las comunidades. Pero si no hay esto y llega la granizada o llueve o hay inundaciones, tenemos que tener un respaldo y ese es el apoyo del seguro agrícola.

Hay que dar a conocer que si bien este seguro está dentro de la leyes prioritarias, los pequeños productores quieren poner su parte. No dicen que el Estado nos dé. Quieren poner su parte.

Como pequeños productores tenemos que poner un porcentaje de prima. Y además, el productor está dispuesto a acompañar en todo el proceso de producción.

Nosotros estamos sensibilizando a los compañeros para que estén ahí a través de la autogestión campesina para que entre ellos vayan controlándose de quién hace un seguimiento a todo el ciclo de producción y quién no lo hace.

Esto en el marco de los principios del CIOEC de la agricultura familiar sostenible, cuidar los medios de producción para las generaciones futuras y la soberanía alimentaria que implica producir para todos los bolivianos.

Lo bueno es que como pequeños productores vamos a ser los beneficiados. Así también vamos a evitar que emigren. 

 

La propuesta se recoge en el proyecto "Multifuncionalidad rural y desarrollo local: realidades y mitos. La experiencia europea y la potencialidad de Colombia", elaborado por investigadores del Grupo de Investigación Interdisciplinario de Estudios Críticos y de América Latina (GIECRYAL) de la UA.

Uno de los apuntes que refleja esta investigación se centra en la idea de una reforma agraria que "implique una suavización de la concentración de la propiedad de la tierra" en Colombia, actualmente en propiedad de "unas pocas manos".

Las conclusiones a las que ha llegado el grupo, coordinado por el catedrático de Geografía Humana José Antonio Segrelles, pueden ser "orientativas" para las autoridades colombianas en todos los niveles de la administración, tanto nacional, como departamental y local, han añadido las citadas fuentes.

El objetivo del estudio ha girado en torno a la experiencia europea en materia de desarrollo rural y la consiguiente comparación con las potencialidades de las áreas colombianas que han sido analizadas (departamentos de Valle del Cauca y Quindío) para conocer la viabilidad socioeconómica, cultural y ambiental de las mismas.

De este modo, se pretendía conocer cómo se compatibiliza la progresiva multifuncionalidad de las áreas rurales de Colombia con una economía eminentemente agropecuaria y agroexportadora, y dilucidar si las iniciativas multifuncionales y de desarrollo rural emprendidas tienen más de mito inalcanzable que de realidad.

Los investigadores han comprobado que la experiencia europea no se puede trasplantar sin más disquisiciones al mundo colombiano en particular, y a América Latina, porque se corre el riesgo de cometer los mismos errores que en su día representó la llamada "revolución verde".

Colombia tiene sus propias condiciones y características para el desarrollo de una multifuncionalidad que suponga una diversificación de las rentas rurales y un beneficio para las comunidades que habitan en este medio, según señala el informe.

En opinión de los investigadores de GIECRYAL, son tantos los problemas de la agricultura colombiana que, "sin una solución clara y definitiva de los mismos, resultará imposible que se puedan desarrollar otras fuentes de ingresos en los espacios rurales y que Colombia consiga aprovechar sus grandes potencialidades".

Entre estas últimas, los investigadores destacan los paisajes de interior y litorales, la abundancia de agua potable, la tradición artesanal y étnica o la variada gastronomía.

La "enorme" concentración de la tierra y, por lo tanto, el "injusto reparto" de la misma, una agricultura que produce para la exportación y no para alimentar a la población, miles de campesinos desplazados de sus tierras o la existencia de una poderosa agroindustria "ante la que poco puede hacer el pequeño y mediano agricultor" son los problemas que revela el estudio.

En total, el documento final del estudio contiene 16 propuestas y recomendaciones para el campo colombiano.

Éstas inciden en la necesidad del cese del desplazamiento y desarraigo de los pequeños campesinos, la interrupción de los movimientos poblacionales campo-ciudad, ayudas públicas para las pequeñas y medianas empresas de explotaciones agropecuarias y el retroceso del monocultivo por su carácter excluyente y contaminante.

Asimismo, los investigadores abogan por fomentar los cultivos alimentarios para disminuir las importaciones de alimentos básicos y paliar así el hambre y la desnutrición de amplias capas sociales, y el control público de los precios y de los canales de distribución de los alimentos.

Los autores del estudio sostiene que las conclusiones también pueden ser de utilidad para la propia Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) con el fin de que disponga de elementos tangibles para implementar cualquier estrategia de ayuda y cooperación al desarrollo en Colombia.

 

La tierra llega a quienes la siembran. Así se refirió el presidente de la Federación de Organizaciones y Pueblos Indígenas y Campesinos Evangélicos de Tungurahua, Jorge Sisa, durante el acto de entrega de 1 250 Providencias de Adjudicación de Tierra dentro del Plan Emergente de Titulación Masivo de Tierras.

El dirigente señaló que ya era el momento que un Gobierno se acuerde de los más necesitados y destacó la decisión del Presidente Correa de entregar títulos de propiedad a los campesinos. "Ahora los indígenas podemos estar tranquilos porque al fin tenemos nuestros papeles en regla".

Una de las peticiones de Sisa fue que se mantenga este programa , porque todavía hay miles de personas que se encuentran sin títulos.

El drama del miles de campesinos se inició con la Reforma cuando se les entregaron tierra a los campesinos, pero sin ningún documento que aval izara su propiedad.

Preocupado por esta situación el Presidente Correa solicitó que se formaran equipos para comprobar la situación de los campesinos. Esta tarea se encargó al Instituto Nacional de Desarrollo Agrario..


"Realizamos visitas puerta a puerta para conocer su la realidad ", destacó la Directora Regional del INDA, Karina Vega.

Con este entrega se beneficiarán  1250 familias de los sectores de Ambato, Tisaleo, Pelileo y Quero.

Por su parte, la Subsecretaria  Regional del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Lucy Montalvo, relevó el trabajo que desarrolla el Gobierno Central con los más necesitados.

"Es un evento con el que se va a dar inicio a la Revolución Agricultura y el fortalecimiento a las actividades campesinas", dijo.

Para criterio de Montalvo, la visión del Ministerio de Agricultura es trabajar con la agricultura familiar y en la titularidad de la tierras. "Con el Plan Emergente de Titulación Masivo de Tierras se garantiza la seguridad jurídica de los campesinos ", indicó.

 

El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural presentó el miércoles el primer Atlas digital de las "potencialidades productivas" de Bolivia, que condensa geográficamente información sobre los recursos naturales, polos de desarrollo y proyectos industriales que ejecutará el Gobierno durante el lustro siguiente.

"El Atlas fue elaborado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo con el propósito de brindar información a la población, especialmente, para encarar todos los programas y proyectos que se vienen en el programa de gobierno, en su pilar de producción para los cinco próximos años", dijo la titular de ese despacho, Patricia Ballivián, en un acto que contó con la presencia de varios ministros de Estado.

El documento fue elaborado con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

El embajador de España en Bolivia, Ramón Santos, resaltó la importancia del Atlas porque "suministrará información necesaria para aquellos usuarios, bien sea de tipo personal o de iniciativa privada o institucional que haya que tomar decisiones económicas".

"Contiene datos como la producción, la población, la salud y las regiones, en resumen las debilidades y fortalezas que tiene una región para conseguir un determinado planteamiento económico es sin duda logro y esperamos que sea efectivo y que dé resultados", agregó.

 Sostuvo que la cooperación española ha apoyado la redacción e impresión de este Atlas a lo largo de 2009 y que en la gestión 2010 el gobierno de España apoyará, puntualmente, el desarrollo del turismo en Bolivia.

A su turno, Ballivián explicó que el ‘Atlas de Potencialidades Productivas del Estado Plurinacional de Bolivia' reúne información geográfica sobre el potencial productivo del país y describe datos importantes en los ámbitos local, regional y nacional; sobre población, temperaturas y relieve; riesgos y vulnerabilidad; salud y educación, entre otras variables.

"Este sistema está en Internet y los usuarios pueden acceder  a esta información de forma gratuita a través de la página web: www.produccion.gob.bo", explicó la ministra.

 

HIDROCARBUROS • Un informe de YPFB señala que las compañías petroleras sólo invirtieron el 60% de su presupuesto en la gestión pasada.

 

La Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) defiende la consulta y participación de los pueblos indígenas sobre los proyectos de explotación de recursos naturales. Su vicepresidente, Pedro Nuni, dijo que los 34 pueblos indígenas serán intransigentes a la hora de defender sus intereses.

La Cidob se apoya en la nueva Constitución Política del Estado (CPE) y la normativa petrolera vigente, que exigen consultar a los pueblos indígenas sobre los proyectos de explotación de recursos naturales que se tenga previsto realizar en el territorio que ellos habitan.

El presidente de YPFB, Carlos Villegas, anunció el lunes que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía está elaborando el proyecto de la nueva Ley de Hidrocarburos, que permitirá que los temas sociales ya no sean un obstáculo para la inversión.

"El tema de la licencia ambiental y la consulta y participación indígena se ha constituido en un obstáculo (para las inversiones)", afirmó Villegas en entrevista con este medio. En ese marco, apuntó a que esta gestión se espera "desmontar" todos los obstáculos que impidieron a las empresas petroleras ejecutar el 100 por ciento de sus inversiones. "Este año queremos que esos obstáculos se desmonten y más bien haya soluciones, actitudes proactivas (de esos sectores)", sostuvo Villegas.

El 2009, la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu se opuso a que Petrobras opere en el campo Sábalo hasta que sean atendidas sus demandas. El mismo caso ocurrió con el pueblo Weenhayek en el campo Palo Marcado, operado por British Gas. Ambas nacionalidades pedían proyectos productivos y fuentes de trabajo para sus habitantes. Las compañías petroleras que operan en Bolivia invirtieron en la gestión pasada entre el 56 y 60% de su presupuesto. La baja ejecución presupuestaria se debe, entre otros factores, a las demandas de los pueblos indígenas y al retraso en la otorgación de las licencias ambientales.

Según un informe de YPFB, al que tuvo acceso La Razón, las firmas invirtieron hasta noviembre del 2009 el 50% de los recursos comprometidos en sus planes de trabajo y presupuesto (PTP).

"Para la gestión 2009, el presupuesto de inversión alcanza a $us 551.931.524 millones, con un cumplimiento a noviembre de $us 278.415.776, lo que equivale a una ejecución presupuestaria de 50%. Se tiene previsto completar los datos de la gestión 2009, a fines del mes de enero del año en curso, estimando un cumplimiento de aproximadamente 56 a 60%", señala el documento.

Punto de vista

"Seremos bastante intransigentes"
PEDRO NUNI, vicepresidente de la CIDOB y asambleísta indígena.

"Nos equivocaríamos nosotros como legisladores de no tomar en cuenta este punto principal como es la consulta y participación de los pueblos indígenas en materias que afectan sus intereses, principalmente, relativos a los recursos naturales. Tiene que respetarse, tiene que mantenerse y si hay que buscarle una alternativa, eso es considerable. Se tiene que discutir conjuntamente con los pueblos indígenas.

Vamos a revisar bien (la Ley de Hidrocarburos). De todas maneras, seremos bastante intransigentes. Así se llame a la modificación (de la norma), nosotros vamos a incluir lo que establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU); vamos a hacer respetar la declaración a la que Bolivia se ha adherido y ha constitucionalizado".

El pedido de compensaciones

Licencia • YPFB Petroandina, formada por YPFB y PDVSA, tuvo dificultades para explorar en el norte de La Paz en busca de petróleo por la oposición de las etnias que habitan en la zona.

Demandas • Tanto la estatal YPFB como las empresas petroleras que operan en Bolivia consideran que las demandas de los pueblos indígenas están "sobredimensionadas".

Millonario • El 22 de septiembre del 2009, La Razón informó que el pueblo Weenhayek solicitó $us 11 millones a la empresa británica British Gas (BG) para que opere en su territorio.

Molestia • Villegas dijo en esa ocasión que la exigencia de los pueblos indígenas excede con creces a la disponibilidad de la empresa. "No guarda proporción con lo que piden", afirmó.