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Organizaciones ecologistas denuncian que se podría producir un grave daño al medio ambiente y piden que el tema se someta a una consulta popular. El convenio entre la provincia y la empresa de capitales españoles se rubricará este martes.

El Acuífero Guaraní tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados. Entre Ríos "es como una balsa" que "flota" sobre él. Se extiende hacia el subsuelo de Paraguay y Brasil.
YPF y el gobierno de Entre Ríos firmarán este martes un convenio para la exploración del subsuelo provincial en busca de petróleo. Pero ese anuncio, promocionado como un negocio que derivará en regalías para las arcas provinciales, será, en realidad, el punto de partida de un inesperado conflicto ecológico. Vecinos autoconvocados, geólogos y diferentes ONG conservacionistas aseguran que la perforación del lecho subterráneo podría generar un altísimo impacto ambiental sobre el acuífero Guaraní, la reserva de agua potable más grande de la Argentina.

El caso viene generando debate en los medios de comunicación locales, pero hasta ahora no había tenido repercusión nacional. Los ecologistas consultados por Crítica de la Argentina denuncian que el gobernador Sergio Urribarri operó el convenio con YPF sin plantear el tema en el Parlamento provincial y sin realizar una consulta popular acerca de los riesgos que implica el proyecto para los recursos naturales entrerrianos.

"Urribarri no cuenta con la licencia social para hacer esto. Debería haber llamado a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie. Dice que actividades primarias como la ganadería y la agricultura pueden convivir con la extracción petrolera, pero es falso", cuenta Guillermo Luciano, titular de la ONG Fundavida, organización que acaba de iniciar una campaña para difundir el caso. En un último comunicado remarcan: "este martes se consumará la violación. Ante el silencio cómplice de muchos, y la preocupación de quienes pretendemos vivir en un mundo donde prime el respeto a la vida, de cumplirse lo anunciado, el gobernador Urribarri otorgará permiso a YPF para que atraviese el acuífero Guaraní buscando petróleo. Esta empresa es denunciada diariamente por la manifiesta irresponsabilidad con que actúa. Sólo nos queda esperar que la providencia nos proteja frente a tanto desatino".

El agua pura
La provincia de Entre Ríos es como una balsa de 78.781 kilómetros cuadrados que flota sobre un enorme acuífero. Ese océano subterráneo, justamente, aflora por sus contornos, y también por su interior, en la forma de ríos, arroyos, humedales y bañados. Prácticamente toda la economía regional depende del agua: desde la agricultura y la ganadería hasta el turismo termal y la industria frigorífica. "De existir petróleo -explica el director de Fundavida- está debajo del acuífero. Se han hecho por lo menos quince perforaciones para el turismo termal, de casi mil metros cada una, y en ninguna se encontró petróleo. Pero hay una excavación de 1961 en la que sí se halló. Por lo tanto, está claro que el plan es atravesar esa reserva de agua pura".

Según las autoridades provinciales, las áreas de exploración acordadas con Repsol-YPF se encuentran al norte de la ruta nacional 18 -que corta la provincia de este a oeste- en una región que comprende los departamentos de Feliciano, Federación, La Paz, Federal, y parte de los de Paraná, Villaguay, San Salvador y Concordia. Se trata de un territorio que concentra numerosas actividades productivas. De acuerdo con registros del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta), la región abarca seis zonas agroeconómicas homogéneas, en las que predominan la ganadería bovina y ovina, el 98 por ciento de la superficie citrícola provincial, el 43 por ciento de los cultivos forestales y extensas superficies sembradas de soja, trigo, arroz, lino, sorgo y maíz.

"Perforar el acuífero -dice Luciano- sería afectar muchas de estas actividades, ya sea por el alto riesgo de la perforación en sí, por la emanación de gases o por cualquier desperfecto que desemboque en tragedias ambientales como la de Shell en Magdalena".

Más cauto, Diego Rodríguez, director ejecutivo de la ONG ambientalista M'biguá, analiza: "en Entre Ríos se hicieron varios pozos hace muchos años con resultados negativos. Pero por las proyecciones que hacen ahora, debajo del acuífero, al norte de la provincia, habría petróleo. Entiendo que en la primera etapa YPF no va a perforar, sino a detectar y entonces después sí haría el pozo. Pero antes de eso la empresa debería presentar una serie de medidas para disminuir los riesgos ambientales. Así lo exige la ley provincial de hidrocarburos".

"De todos modos -concluye- toda exploración de este tipo es de alto riesgo. No nos oponemos, pero sí nos interesa que se cumplan todos los requisitos: sabemos que el costo ambiental vendría con la extracción".

Según un informe del Observatorio Petrolero Sur (OPS), el convenio de exploración entre YPF y Entre Ríos se enmarca en el Programa de Desarrollo Exploratorio 2010-2014, que la compañía lanzó en diciembre. Dicho programa inaugura un proceso de selección de áreas para la exploración hidrocarburífera en casi todas las provincias del país.

En efecto, explican desde el OPS, "a partir de la promulgación del decreto 546/03 y la sanción de la ley 26.197/06, ambas durante la presidencia de Néstor Kirchner, muchas provincias encararon el dominio de sus recursos y se lanzaron en una agresiva campaña a licitar zonas de exploración y explotación, actualizando sus legislaciones internas y otorgando exenciones impositivas para atraer el capital privado, convirtiéndose así en las nuevas interlocutoras de la industria petrolera. Así, motivadas por el alza en el precio de barril de crudo y la caída del horizonte de reservas del país, vieron en el petróleo una nueva fuente de ingresos frente a los crecientes déficits fiscales".

Crudo
El secretario de Medio Ambiente de Paraná, Fernando Raffo, es claro: "la secretaría todavía no evaluó el caso. Pero nuestra normativa ambiental incluye el tema de la participación ciudadana y antes de que se avance en cualquier rumbo, la gente deberá dar su opinión".

Los ambientalistas opositores argumentan que YPF fue cuestionada por varios casos de impacto ambiental. Recuerdan el más reciente, ocurrido en el Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), donde trabajadores y empresarios de la pesca están exigiendo respuestas sobre la actividad de prospección y exploración offshore porque sostienen que desde que se llevaron adelante esas tareas en el lugar la vida marina fue aniquilada. "Los barcos vuelven vacíos porque no hay nada", denunciaron en una carta de prensa.

Crítica de la Argentina se comunicó con la petrolera para conocer sus intenciones en el subsuelo entrerriano. A través de un vocero, la devolución fue breve: "El acuerdo que se va a firmar con la provincia de Entre Ríos sólo fija el inicio de estudios".

En la misma línea el secretario de Energía del gobierno de Entre Ríos, el ingeniero Raúl Arroyo, dijo que está previsto que se realicen todos los estudios de impacto ambiental que sean necesarios. "Nuestra intención no es poner en peligro el acuífero. En este proceso, la perforación es lo último que se hace. Primero vienen una serie de trabajos superficiales para después sí llegar a la extracción. Si se hace todo bien, se hace todo con encamisado. O sea que uno puede atravesar las capas geológicas sin afectar al resto", explicó el funcionario. Arroyo no ve polémica alguna, pero no descarta que el tema sea sometido a consulta popular. "Llegado el caso, está previsto", concluyó.

 

La Paz, 5 Feb (Erbol).- El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe, buscará la forma de fortalecer la economía comunal de los pueblos originarios de Bolivia.

El secretario técnico del Fondo Indígena, Mateo Martínez Cayetano, de origen afroindígena, dijo a la Agencia de Noticias Indígenas de la Red Erbol, que el tema forma parte de la agenda con Bolivia.

"Un tema requerido es el desarrollo de la economía indígena porque tiene principios distintos a la usura, a la avaricia de este lucro y ganancia de las otras economías. Entonces requerimos profundizar en reflexión para imaginar acciones que se puedan aplicar en una construcción colectiva de los actores principales de este esfuerzo porque no solo son las comunidades", afirmó Martínez Cayetano.

Desde el punto de vista de Mateo Martínez, "la economía indígena propende a la pervivencia a la recreación en el entorno de un equilibrio autosustentable o autosostenido, diríamos los factores del proceso de producción se manejan en forma equilibrada, no es que no haya excedentes, si existe excedentes en la economía indígena".

En la economía indígena, se considera a la naturaleza como ser vivo, los humanos son parte de ella, hay recursos como tierra agua minerales y vida vegetal que no admiten comercio, no se plantea el crecimiento económico sino el equilibrio.

Además, la producción se destina principalmente al consumo propio (economía de subsistencia), la propiedad colectiva es un valor fundamental, la finalidad de la producción es la calidad de vida no la ganancia, hay poco excedente, la producción está al servicio de valores de reciprocidad y cooperación.

Desde la perspectiva del Fondo Indígena, Bolivia se encuentra en una etapa de transición, desde esa lógica nacional, toca ir a los departamentos, a las regiones, a las comunidades.

"Hay la percepción que en Bolivia se ha avanzado en construir leyes, es un avance sustantivo el de convertir en ley la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, ahora hay que construir los mecanismos que permitan institucionalizar la aplicación de esa norma", señaló Mateo Martínez.

En Bolivia hay, sólo por citar un ejemplo, 20 mil hectáreas de cultivos de cacao producidos por pueblos indígenas, con perspectivas de convertirse en una alternativa económica acorde con la producción familiar y la preservación de los recursos naturales.

El estudio El Cacao en Bolivia - Una alternativa económica de base campesina indígena fue elaborado por Oscar Bazoberry Chali y Coraly Salazar Carrasco, ambos del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA). Los investigadores plantean que la estabilización de los ingresos provenientes de la actividad puede tardar hasta ocho años, pero a la larga las expectativas de ingreso a los mercados mundiales son alentadoras.

Más de 54 familias indígenas ava guaraní, de la comunidad Cerro Pyta, distrito de Corpus Christi, departamento de Canindeju podrán disfrutar de su territorio de 1.000 hectáreas mediante la gestión del Instituto Nacional del Indígena (INDI) que hizo efectivo el primer pago por dicha propiedad a través de una expropiación. Por la misma se pagó 13 mil millones de guaraníes y, según la titular de dicha institución, Lida Acuña, luego de largas negociaciones se consiguió ahorrar al Estado Paraguayo, 2 mil millones de guaraníes.

Destacó Acuña este es un hecho muy importante, ya que se resuelve un conflicto de 14 años, en los que distintas administraciones retrasaron la regularización de dicha expropiación que data desde del año 1996. "Esta administración tardó cinco meses en concretar el acuerdo para el beneficio de dicha comunidad", subrayó.

En cuanto a las amenazas de varias comunidades indígenas de volver a ocupar las plazas de la capital, como forma de generar presión en las autoridades para conseguir sus reivindicaciones dijo que eso es una constante, ya que los que vienen reciben una asistencia directa de kit de alimento, por lo cual se hacen pasar por "sin tierra". "Tenemos bien identificadas a estas personas, son como 20 familias, quienes son excluidas de sus comunidades", indicó Acuña.

Para estos casos, comentó que existen varios líderes que ponen a disposición del INDI 1.000 hectáreas de tierras para reubicar a sus hermanos indígenas y que se trabaje en proyectos que el Instituto pueda promocionar. Igualmente en la fecha se presentó ante los funcionarios la nueva estructura organizacional que tendrá el INDI, el cual corresponde al plan estratégico elaborado con consenso de todas las áreas de la institución, y que cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas. "El propósito de dichos cambios es mejorar la atención al usuario, mediante una mejor organización", resaltó finalmente Acuña.

El Gobierno de Bolivia reportó daños 'moderados' en la agricultura y la ganadería del país por causa del fenómeno climático de El Niño que, no obstante, también causó riadas que provocaron la muerte de doce personas en días pasados.

Según un reporte del viceministerio de Desarrollo Rural, las lluvias dañaron 8.752 hectáreas de bananos, papas, maíz, frutas y arroz, que es una cifra menor al diez por ciento de las superficies afectadas en gestiones pasadas por El Niño y La Niña.

Entre fines de 2009 y lo que va de este año también han muerto 84 reses por causa de los problemas climáticos.

Las cifras son mucho menores que las registradas en 2007 cuando el fenómeno de El Niño destruyó 185.432 hectáreas y mató a 137.800 reses y en 2008 La Niña hizo lo propio con 164.963 hectáreas de plantaciones y 35.378 cabezas de ganado.

Anualmente, la cantidad de áreas cultivadas con alimentos en el país alcanza a 2 ó 2,3 millones de hectáreas.

El viceministro del sector, Víctor Hugo Vásquez, expuso hoy esos datos para transmitir a la población la seguridad de que la provisión de alimentos en el país no tendrá problemas y rechazar la posibilidad de que suban los precios por temor a una escasez.

En el caso de las víctimas, desde diciembre pasado por causa de lluvias fallecieron 12 personas y quedaron afectadas unas 26.502 familias.

El vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua, ofreció un balance del II Consejo de Ministros de Agricultura instalado en Caracas.

Documentos de constitución de la empresa Grannacional de Alimentos podrían estar listos antes de la Cumbre Presidencial del próximo 19 de Abril.

Los Ministros de Agricultura de los países ALBA, avanzaron este miércoles en la constitución jurídica de una empresa Grannacional de Alimentos de la Alianza, para desarrollar proyectos conjuntos, la cual se espera sea anunciada en la Cumbre Presidencial del Bloque regional, a realizarse el 19 de Abril en Caracas.

"Es un sistema inédito, basado en una decisión política de romper con mecanismos de intercambio capitalista y la división del trabajo que se ha impuesto a cada país", dijo el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jaua, a la salida del II Consejo de Ministros de Agricultura de las naciones ALBA, que fue instalado este miércoles por el Canciller Nicolás Maduro en la Casa Amarilla.

Jaua, quien además es titular de Agricultura y Tierras, señaló que la iniciativa fue producto de un metódico proceso a lo largo de año y medio, para acordar los aspectos jurídicos de esta futura Empresa Grannacional continental.

"Se trata de trascender la cooperación bilateral entre cada país, para avanzar en la constitución de esta empresa que permita el desarrollo de proyectos entre todos, para incrementar a corto y mediano plazo la producción de alimentos y el desarrollo rural, para garantizar vida justa y digna para los campesinos", agregó el vicepresidente venezolano.

Informó que la idea es potenciar la producción de insumos agrícolas (semillas, fertilizantes, bioplaguicidas, instrumentos mecánicos, equipamiento de sistema de riego y desarrollo de áreas de producción de tierras, entre otros), acompañado de un proceso de transformación agroindustrial y de mecanismos de intercambio junto a la moneda SUCRE, para compensar los déficits en producción de alimentos en los países integrantes.

"Es romper con todo el esquema que las transnacionales de alimentos montaron en este continente para imponer el hambre".

Adelantó que tras las exposiciones realizadas hoy, los jefes de delegaciones realizarán la ultima revisión este viernes, para luego llevarse el documento consensuado a sus respectivos países, para su presentación ante las instancias legislativas correspondientes, de forma tal que antes de la Cumbre de Presidentes ALBA, a realizarse en Caracas el próximo 19 de Abril, se tenga constituida la empresa Grannacional ALBA Alimentos.

Ayuda estratégica ALBA para Haití:

El vicepresidente Jaua dijo que en el encuentro ministerial, se evaluaron, además de los temas considerados columnas vertebrales (energía y agroalimentario), los aspectos sociales y la ayuda a Haití.