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La investigación detectó que no hay un criterio uniforme para dotar de energía a esas zonas.

Pese a los esfuerzos del Gobierno por dotar de energía eléctrica a la población de las zonas rurales más remotas del país, aún hay cuatro millones de peruanos que viven en localidades alejadas y que no tienen acceso a dicho servicio. Así lo reveló el informe elaborado por la Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, el cual fue presentado ayer por su titular, Beatriz Merino Lucero.

Según el documento, la inversión del Gobierno para brindar el servicio de energía eléctrica a los pueblos rurales ha superado los mil millones de soles en los últimos tres años. El monto ha permitido que el Perú pase de un nivel de electrificación de solo 41% en 1992 a casi el 80% de los habitantes rurales en 2009. Aun así, el país continúa presentando un importante déficit al respecto.

En tal sentido, Merino informó que, aunque en el ámbito urbano la cobertura eléctrica se va acercando al 100%, en las zonas rurales la progresión no es la misma. Por ello, exhortó a las autoridades a que continúen trabajando para ampliar la cobertura del servicio con la rapidez que se necesita.

PROBLEMAS. La defensora también dijo que durante la investigación se han detectado dos problemas en las políticas públicas orientadas a la población rural. El primero es la falta de un criterio uniforme sobre el significado de lo rural, pues cada entidad utiliza su propia definición y ello afecta el diseño e implementación de las inversiones, así como las medidas de fomento y los subsidios que ha puesto en marcha el Gobierno. En segundo lugar, se ha identificado que no existe un mecanismo eficaz para unificar el trabajo en las diversas regiones.

Ante ello, Merino propuso que se diseñe un sistema nacional de desarrollo rural -integrado por diversos organismos públicos-, para que defina y coordine la estrategia conjunta que se usará para electrificar a las poblaciones rurales.

Consultado sobre el tema, el Ministerio de Energía y Minas informó que durante este gobierno se ha electrificado a 4,569 pueblos de las zonas rurales, y la meta es que a finales de 2010 se logre dotar de electricidad a 10 mil localidades de todo el país.

Los directores de la Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias (REDPA), se reunirán los días 22 y 23 de abril en Montevideo, Uruguay. En el encuentro los jefes de las Oficinas de Políticas Agropecuarias de los países del CAS, analizarán el informe de actividades y compromisos, asumidos por la Red. También será tema de discusión la agenda de la próxima XVIII Reunión Ordinaria del CAS.

El ministro del Ambiente, Antonio Brack Egg, asistirá hoy a la sesión de la Comisión Agraria del Congreso para ofrecer explicaciones sobre los cultivos transgénicos.  La reunión ha sido convocada para las 15:00 horas en la Sala N° 1 del edificio ‘Víctor Raúl Haya de la Torre'.
 
La agenda de la fecha se iniciará a las 9:00 horas con la audiencia pública "Por una ley de protección social al autoempleo y hacia un proyecto de ordenanza del comercio informal y el derecho a la infraestructura", que organiza la congresista María Sumire (GPN), en el auditorio ‘Faustino Sánchez Carrión'.
 
A las 10:00 a.m. está programada una mesa de trabajo sobre la "Aprobación del plan 2010 para la implementación del proceso de reparaciones", organizada por el legislador José Urquizo (GPN), en el anfiteatro Quiñones.

En el mismo horario, en la Sala N° 1, se realizará la mesa de trabajo relacionada con el proyecto del Código de Consumo.
 
Una hora después, los congresistas Luisa María Cuculiza (GPF), Walter Menchola (AN) e Isaac Mekler (AN), visitarán los colegios Melitón Carvajal y Pedro A. Labarthe, en los distritos de Lince y La Victoria, respectivamente.
 
Al mediodía el congresista José Saldaña (AN) ofrecerá una conferencia de prensa sobre la situación laboral en el sector Salud, en la sala ‘Gustavo Mohme'.
 
Por la tarde, a las 14:00 horas está programado el foro "Integridad del Archivo General de la Nación", que organiza el legislador Eduardo Espinoza (UPP), en la sala ‘Raúl Porras Barrenechea'.
 
Finalmente, a las 16:00 horas. sesionará la Comisión Especial de Defensa Civil, con la participación del director de la Policía Nacional, General PNP, Miguel Hidalgo, en la Sala N° 2.

Ganaderos de Beni, afectados por las inundaciones, recibieron ayer una donación financiada por el Fondo Central de Emergencias de las Naciones Unidas (CERF) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través del ministerio de Desarrollo Rural y el viceministerio de Defensa Social.

La donación consistente en 52 toneladas de sales minerales, 150 toneladas de heno para forraje e insumos veterinarios como 70 mil dosis de vacunas antiaftosa y antirrábica, desparasitantes y fortificantes, por un valor de 154 mil dólares, informó el ministerio en un comunicado.

La ministra de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, explicó que la dotación es parte del denominado "Proyecto de Rescate y Rehabilitación de Ganado para las zonas inundadas de Beni", que el Gobierno ejecuta.

Explicó que el proyecto atenderá en su primera fase a 50 mil cabezas de ganado y en la segunda a 370 mil cabezas.

Ecofondo recoge las iniciativas y experiencias de comunidades campesinas que buscan la defensa de la alimentación, la concientización y el desarrollo de propuestas en torno a la soberanía alimentaria.

El viernes 26 de marzo de 2010 se realizó simultáneamente en varias regiones del país un encuentro denominado Campaña Nacional de Soberanía Alimentaria, Seguridad y Autonomía, creada por una red de organizaciones de todo el país. Ecofondo recoge todas estas iniciativas y experiencias de comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianos, y comunidad en general que busca la defensa de la alimentación, la concientización y el desarrollo de propuestas en torno a la soberanía alimentaria.

Este encuentro simultaneo llevado a cabo en la Amazonia, Antioquia, el Viejo Caldas, Cundinamarca, Cauca, Nariño, Putumayo, Boyacá, Chocó, Magdalena, Sabana Grande, el Caribe, Orinoquia, Tolima, Huila, Valle y el Norte del Cauca. Se enfocó en el intercambio de experiencias que surgen alrededor de soberanía alimentaria como eje central; temas como gestión ambiental, que hace referencia a las causas de las crisis alimentarias; políticas públicas que pretendan dar capacidades a los pueblos para definir y redefinir sus propias políticas agrarias; así como iniciativas de agricultura urbana y rural, reservas de semillas, prácticas agroecológicas, producción y comercialización de productos generados desde estas propuestas que materialicen la soberanía alimentaria.

En esta campaña, las organizaciones hacen una importante diferenciación en cuanto a las nociones sobre la alimentación poblacional. Por un lado se habla de seguridad alimentaria a la cual se la hacen duras criticas, pues manifiestan que este término legitima políticas públicas de asistencialismo, que no cuestionan las causas de las crisis de alimentación en el mundo, las cadenas de producción, comercialización y distribución de los productos manufacturados e industrializados. El termino soberanía alimentaria para los pueblos es definido como el derecho de los pueblos a decidir cómo y cuándo se produce y qué se consume. Implica necesariamente la defensa del derecho a la alimentación, a ejercer el control sobre los medios de producción (tierra, territorio, agua, semillas..) que democraticen en términos reales la producción y distribución de los alimentos.

Desde el 2008 cuando surge esta campaña, se ha realizado un diagnostico sobre la situación de alimentación en Colombia, en la cual se observan un alto incremento en la producción de agrocombustibles como la palma aceitera y la caña, lo que implica una disminución sustancial en la producción de alimentos para la población. De igual manera y según las cifras más recientes de la FAO, 12 de cada cien niños sufren de desnutrición, el 47% de las mujeres gestantes son anémicas, el 11% darán a luz a bebes con bajo peso, el 41% del total de los hogares manifiestan algún grado de inseguridad alimentaria.

Para el Ministerio de Agricultura la prioridad es incrementar la producción de agrocombustibles. Para tal objetivo se destinarán cerca 6,5 millones de hectáreas, de cuales ya están sembradas 200 mil de caña y 300 mil de palma aceitera. Para el 2017 se espera tener tres millones de hectáreas sembradas y para el 2019 cinco millones, lo que implicaría que de los 11 millones de pobladores rurales en Colombia seis millones vivirán de este tipo de cultivo.

Teniendo en cuenta estas cifras, la tarea para las organizaciones es la construcción de propuestas alternativas a estos modelos, iniciando con el intercambio de experiencias que ya existen en muchos rincones de país, la construcción de redes, de lazos que unan iniciativas conjuntas y aplicadas en las prácticas productivas alternativas a los modelos de agricultura industrializada y ahora dirigidas a alimentar la industria.

La campaña SALSA es, entonces, un encuentro de acciones conjuntas, de intercambio de saberes, de concientización colectiva que buscan y luchan por la soberanía alimentaria desde la autonomía de los pueblos, desde su derecho a decidir el futuro de la alimentación de los pueblos en el mundo. Por esta razón SALSA invita a participar a todos los sectores sociales, campesinos, estudiantes, académicos, padres y madres de familia, a que se sensibilicen frente a las problemáticas de alimentación en Colombia y el mundo, visibilicen las experiencias de economía campesina y agroecológica, y a construir políticas públicas que permitan acceder y democratizar estos procesos.

Más información: www.salsa.ecofondo.org.co y Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.