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El abogado de pueblos indígenas víctimas de la contaminación sufrida a principios de los 90 a manos de la empresa Texaco (hoy Chevron) en Ecuador, Pablo Fajardo, informó que se solicitará a los países en los que la petrolera tiene inversiones en la actualidad, la ejecución de la sentencia que pesa sobre la empresa, dictada por la justicia ecuatoriana, para reparar los daños ambientales y sociales ocasionados.

En 1964, Texaco (comprada por Chevron en 2001), inició actividades petroleras en la zona sur de Ecuador, en plena Amazonía. Permaneció en el lugar hasta 1992. Un año después, las comunidades amazónicas de la provincia de Sucumbíos, presentaron una demanda en contra de la petrolera, en Estados Unidos.

“El caso Chevron es, por muchas razones, el más importante en la actualidad de litigios en el mundo entero: es el daño ambiental más grande causado por una empresa petrolera de forma intencional. En el mundo han existido muchos daños ambientales pero producto de accidentes”, comenta Fajardo.

El próximo miércoles 10 de diciembre se celebra el Segundo Congreso Por la Tierra, los Territorios y la defensa de la Soberanía Alimentaria de los Pueblos en la ciudad de Quevedo. 

El Centro Agrícola de Quevedo, junto a las organizaciones sociales Tierra y Vida, ,la Unión de Organizaciones de Campesinos y Campesinas de Esmeraldas (UOCE), CNC - Eloy Alfaro y la Universidad Técnica Estatal de Quevedo convocan a dicha jornada; la temática en torno a la tierra y los territorios llenará el espacio de debate con ponencias y mesas de trabajo con la participación de diversas organizaciones,la Universidad Técnica estatal de Quevedo, varias ONGs y representantes de SENPLADES y la Comisión de Soberanía Alimentaria. 

Nueve de cada diez hombres de las comunidades afro descendientes diseminadas en torno al Valle ecuatoriano del Chota, junto a la frontera colombiana, maltratan a sus mujeres. Era "un secreto a voces", las casas están construidas prácticamente pared con pared. Sin embargo, ha hecho falta que un grupo de vecinas se organizasen y emprendiesen un estudio de campo para poner en negro sobre blanco que han pasado siglos desde que sus antepasadas llegaron a estas tierras como esclavas, pero ellas siguen bajo la violencia y la opresión.

Son las mediadoras de la Coordinadora Nacional de Mujeres Negras (CONAMUME) en esta zona próxima a la Mitad del Mundo, agricultoras de subsistencia reconvertidas en estadistas, sociólogas, psicólogas y abogadas gracias a proyectos de empoderamiento como el que desarrolla en la zona Ayuda en Acción, que entendieron que la reivindicación de sus derechos no era factible sin antes erradicar la violencia a la que estaban sometidas. Comenzaron por visibilizarla.

El cambio de matriz productiva tiene en el campo como principales beneficiarios a los grandes capitales agroexportadores, que además acaparan la mayor parte de hectáreas cultivables. La revolución ciudadana privilegia el agronegocio en desmedro de la economía familiar campesina, que fue la promesa hecha a los campesinos en la campaña del 2006. En ese contexto, se discute la Ley de Tierras y Territorios, con cuestionamientos por parte de varias organizaciones campesinas y agrícolas de cómo ha actuado el oficialismo en este tema dentro de la Asamblea Nacional.

El debate sobre la Ley de Tierras divide al movimiento campesino en favor y en contra de las tesis del gobierno. Mientras los detractores de la Ley señalan que su principal falencia es que se trata de una ley de tierras para la producción, que fortalece la concentración de la riqueza en el campo  y atenta contra la seguridad alimentaria al evitar el debate sobre el uso del suelo para la industria agroexportadora.

La Comisión de Seguridad Alimentaria de la Asamblea Nacional recibió cinco versiones de proyectos de ley, de distintas vertientes. Finalmente produjo un borrador final. Este fue aprobado el 29 de septiembre y se llama Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. 

Uno de estos proyectos provino de la Red Agraria. Esta es una organización conformada por la Fenocin,  la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro y la Corporación de Montubios del Litoral y fue introducida en la Asamblea con el respaldo validado de 36 000 firmas. Convirtiéndose así no solo en el proyecto pionero en cuanto a iniciativa ciudadana, sino que la Asamblea tenía la obligación de tratar ese proyecto sino recurrir a otros y permitir a los proponentes la participación plena en las discusiones en la Comisión respectiva, con voz y voto.

Las condiciones desiguales de acceso al mercado no permiten a los pequeños productores recibir un ingreso digno por la venta de sus productos, y son expresión de la exclusión histórica de la agricultura campesina andina de un acceso favorable a la tierra, al agua, al crédito, equipamiento y educación formal.  Sin embargo, en este escenario se ha podido vislumbrar alternativas y revalorización de los productos campesinos a través de los circuitos cortos de comercialización.

Desde la acción conjunta de actores sociales y organizaciones campesinas y en menor grado de entidades públicas, se ha venido experimentando nuevos modelos de acercamiento al mercado para la pequeña producción, desde la propuesta de circuitos cortos, recomponiendo mercados con una relación directa o más directa entre productores y consumidores.

La experiencia más avanzada, sostenible y exitosa de estos circuitos cortos se ilustra con la propuesta de ferias y mercados de productores, la cual se ha logrado desarrollar como una alternativa viable de comercialización y generación de ingresos para las familias campesinas, en particular en los territorios andinos.