IPDRS Logo VISITA NUESTRO
NUEVO SITIO WEB
Actualidad

 

 

 

 

Posts @IPDRS

Ecuador

En alianza con la estatal ecuatoriana Enami, la chilena busca la ejecución del proyecto LLamiragua, una explotación cuprífera en el Valle de Intag que mantiene en pie de guerra a las comunidades de la zona desde 1997. Además de los daños ambientales que acarrearía el proyecto, las empresas han sido objeto de cuestionamientos por el trato dado a los moradores: Es el caso de Javier Ramírez, presidente de la comunidad de Junín que será juzgado esta semana por defender sus tierras y que lleva 10 meses en prisión preventiva acusado de "rebelión".

Entre violaciones a los derechos humanos y la destrucción de los Andes ecuatorianos avanza la chilena Codelco su andadura en Ecuador de la mano de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami), esta vez en el Valle de Intag, en Junín, área montañosa de Cotacachi con una extensión aproximada de 1.200 km2 y una población de 13.000 habitantes dedicados al trabajo campesino, que ya tuvieron que enfrentar años atrás la embestida de dos transnacionales que finalmente tuvieron que abandonar el proyecto de explotación cuprífera que ahora quiere sacar adelante la estatal chilena, bautizado como“Llurimagua”, en un área concesionada de 4.839 hectáreas que ya ha costado violentas agresiones a los derechos humanos de los pobladores y 10 meses de prisión preventiva arbitraria e ilegal al presidente de la comunidad de Junín, Javier Ramírez.

Hoy, 29 de enero del 2015, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará y finalizará el primer debate por la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. La norma es considerada clave para el proyecto político de Alianza País, pues constituye la tercera gran reforma en materia agraria luego de las ocurridas en 1964 y 1973.

Actualmente el país atraviesa por un problema de escasez de tierra productiva. Los datos lo ratifican: en 1970 existía 1,63 hectáreas agrícolas por cada habitante; para el 2014 esa superficie se redujo a 0,43 hectáreas, y para el 2050 las proyecciones son de 0,31 per cápita.

Por ello, el oficialismo apuesta a esta ley que, a su criterio, configura un nuevo mecanismo en la administración de tierras y se promueva su aprovechamiento productivo y así garantizar la soberanía alimentaria y evitar las grandes concentraciones. Uno de los temas nuevos de la ley se refiere a la “extranjerización de la tierra”. 

A casi tres años de haberse presentado cinco proyectos de Ley, que luego fueron unificados en un solo texto, mañana el pleno de la Asamblea tratará en primer debate el proyecto de Ley de Tierras.

Fue en el anterior periodo legislativo cuando el entonces asambleísta Jaime Abril presentó, el 13 de marzo de 2012, un primer proyecto. En meses posteriores del mismo año, otros legisladores presentaron propuestas similares a la que se sumó una iniciativa popular de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y la Confederación Nacional Campesina Eloy Alfaro.

El 31 de julio de 2014, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) autorizó a la actual Comisión que unifique en un solo texto los cinco proyectos.

Con la presencia de un grupo de dirigentes de varias organizaciones como la Coordinadora Campesina Eloy Alfaro, CONFEUNASSC, DIABLUMA Romelio Gualan, Luis Andrango, Enrique Altamirano, miembros de la Comisión Promotora que presento el proyecto de Ley Orgánica de Tierras y Territorios, a la Asamblea Nacional, por Iniciativa Popular Normativa, con base a lo dispuesto en los Artículos 88 de la Constitución de la República (CR) y 39 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOGJCC); hoy martes 27 de enero de 2015 a las 10:00 am, en los casilleros de la Función Judicial (Calle Clemente Ponce y Piedrahita, junto al Ministerio de Trabajo), presentaron la ACCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA LA ASAMBLEA NACIONAL.

Esta acción la realizaron por que consideran que se han cometido actos violatorios a los derechos y garantías constitucionales de los más de 40000 firmantes, que apoyan la iniciativa popular normativa de la ley orgánica de tierras y territorios que presentaron el 20 de marzo del 2012.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) entregó, la tarde de ayer, martes 6 de enero, una carta en el Ministerio de Interior pidiendo al gobierno que se revea la reversión del comodato del edificio donde funciona su sede.

El comodato, por el cual el Estado entregó a la Conaie el edificio, es de 1991. El segundo punto de la carta la Conaine expresa: “Solicitamos que se garantice el derecho al patrimonio que tenemos los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, disponiendo la transferencia de dominio (del inmueble) como formalidad para zanjar la ilegal e inconstitucional resolución administrativa que vulnera nuestros derechos colectivos”.

Joomla! Debug Console