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Este jueves, en el auditorio del Gobierno Autónomo Municipal de Archidona, provincia de Napo, la Comisión de Soberanía Alimentaria, que preside el asambleísta Miguel Carvajal, cumplió el quinto foro de socialización del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, con la participación de decenas de representantes de organizaciones campesinas, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades de la zona norte de la Amazonía ecuatoriana.

El presidente del organismo, Miguel Carvajal, tras dar la bienvenida a los concurrentes y agradecerles por haber acogido la convocatoria de la Asamblea, detalló algunos de los temas fundamentales que están recogidos en el borrador del proyecto de Ley de Tierras Rurales, que están en concordancia con lo establecido en la Constitución de la República.

Explicó que la normativa se sustenta en el texto constitucional en cuanto a la necesidad de garantizar la soberanía alimentaria; las formas de propiedad (privada, comunitaria y pública); la definición de tierras rurales; los parámetros para saber si la tierra cumple o no con las funciones social y ambiental; la creación del fondo naci

En un evento informativo organizado por FIAN Alemania, el abogado ecuatoriano Milton Yulán discute la urgencia de una reforma agraria y la criminalización de los movimientos sociales en Ecuador

Hoy en Berlín se llevará a cabo un evento en el que el abogado y especialista agrícola Milton Yulán llamará la atención sobre la política de tierras del actual gobierno en Ecuador, representando el actual debate entre los sectores indígenas y pequeños agricultores para nueva propuesta legislativa, y en donde se discutirá sobre los diferentes mecanismos de criminalización de este país.

La innovadora Constitución de Ecuador de 2008 y la adopción de leyes sobre la soberanía alimentaria (2009) y el "Plan de Tierras" (2009) han aumentado las esperanzas de una distribución más equitativa de la tierra por parte de los grupos indígenas y los pequeños agricultores en este país. Sin embargo, el progreso real en términos de distribución de la tierra y la reforma agraria son decepcionantes.

Ecuador deberá dar "trato diferenciado" inmediata e incondicionalmente a los productos de origen de Bolivia, Colombia y Perú, tal como se lo otorgó a bienes originarios de la Unión Europea (UE).

Así lo informó ayer la Secretaría General de la Comunidad Andina, entidad que consideró que el gobierno del Ecuador ha incurrido "en incumplimiento parcial" del Acuerdo de Cartagena, debido a la expedición del "Acuerdo N° 14241" del Ministerio de Industrias y Productividad (MIPRO), al establecer un trato diferenciado y mejor a los productos de origen europeo respecto a los productos de origen andino.

Mediante un comunicado la CAN señaló que el pasado 18 de agosto, abrió un procedimiento de investigación al gobierno del Ecuador por el posible incumplimiento del compromiso de Nación más Favorecida, en virtud de lo señalado en el Artículo 139 del Acuerdo de Cartagena.

El enfoque de los estudios que componen este libro coloca la atención en los aspectos de generación de fuentes de trabajo, especialmente la familiar, tendencias en el movimiento de las poblaciones rurales.

Se destaca los enormes esfuerzos colectivos e individuales por sostener organizaciones campesinas que participan en el proceso productivo pero cuyo horizonte de preocupaciones no se agota en la producción misma y dan respuestas a la reproducción social de sus asociados, la familia, capacitación, participación de jóvenes y mujeres, liderazgo.

Para el estudio presente se seleccionó a las siguientes organizaciones: la UOCAQ (Unión de Organizaciones Campesinas del Cantón Quinindé) y la COCPE (Corporación de Organizaciones Campesinas y Pequeños Productores de Esmeraldas); la APOVINCES (Asociación de Productores Orgánicos del Cantón Vinces) en la provincia de Los Ríos; la UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Cantón Cotacachi), y la UCICMA (Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Parroquia Mariano Acosta) del Cantón Pimampiro, ambas en la provincia de Imbabura.

El Gobierno subsidia el 60% del pago de la póliza y alrededor de 250.000 hectáreas fueron cubiertas por el programa en 4 años. El monto fue de $ 7’000.000.

En los primeros 4 meses del año, varios sectores de las provincias de El Oro, Manabí, Los Ríos y Guayas fueron afectados por la disminución de precipitaciones (lluvias), que eran necesarias para la producción de maíz, maracuyá y arroz que siembran los pequeños y medianos agricultores.

Aquella anomalía climática ocasionó que aproximadamente 7.814 hectáreas se perdieran, según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (Magap), citados en un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Entre los afectados estuvo Reinaldo Sánchez, quien sembró 5 hectáreas de maíz en la parroquia Chacras, en el cantón Arenillas, El Oro. “Mis sembríos tenían un metro de altura cuando dejó de llover, lo que ocasionó que se seque la planta”, indicó Sánchez, quien recuperó parte del dinero invertido al tener asegurado su cultivo, a través de AgroSeguro, un programa que impulsa el Gobierno desde 2010.