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Dirigentes de movimientos indígenas siguen inconformes con el proyecto de Ley de Tierras, cuyo informe para primer debate fue aprobado por la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Jorge Herrera, presidente de la Conaie; y Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, coincidieron en señalar que la propuesta no responde a las necesidades de los sectores que representan. “Esa ley lo que busca es garantizar los intereses de las empresas transnacionales”, manifestó Herrera.

Los dirigentes añadieron que, tal como sucedió con la Ley de Aguas, la de Tierras tampoco recoge los planteamientos que ellos plantearon en su momento a la Asamblea, como la de establecer mecanismos reales para evitar el acaparamiento de la tierra, o aspectos como la falta de parámetros claros en la definición de latifundios.

“Esta Ley deja intactos los latifundios, persigue los minifundios, persigue a los pequeños propietarios que impide dividir, fraccionar, desmembrar las tierras y se abre el camino para la reconcentración de la tierra para la inversión extranjera, para que ellos compren tierras en grandes cantidades y dediquen a los monocultivos, a los agros tóxicos”, dijo por su parte Pérez Guartambel.

El dirigente añadió que si el Pleno decide convocar a consulta prelegislativa, tal como lo recomienda el informe de la Comisión, su organización evaluará si participa en esta. “La Consulta prelegislativa con la experiencia que tuvimos con la Ley de Aguas es menos que un saludo a la bandera, es una tomadura de pelo a las comunidades”, añadió el dirigente de la Ecuarunari.

El proyecto

Este cuerpo legal establece entre uno de sus artículos el Fondo Nacional de Tierra que intervendrá en la ejecución de las políticas redistributivas para el acceso equitativo a la tierra por parte de organizaciones legalmente reconocidas de la agricultura familiar campesina.

Además se creará el Sistema de Información Pública Agropecuaria que integrará datos como estadísticas, aptitud y uso de la tierra rural, catastro rural, información relativa a la oferta y demanda de la tierra rural, entre otros. (HCR)

Expropiación

Señala las causales de expropiación de las tierras rurales de dominio privado en los siguientes casos: cuando las tierras aptas para la explotación agrícola, forestal, silvícola o acuícola no cumplan la función social y ambiental. Cuando su explotación se realice empleando prácticas que atenten contra la protección de los recursos renovables y el ambiente, cuando a pesar de disponer de las aptitudes apropiadas en infraestructura para la producción agropecuaria se hayan mantenido inexplotadas durante los últimos 18 meses consecutivos a partir de la primera notificación.


Además, define al latifundio como la propiedad rural de gran extensión ineficientemente aprovechada, que sobrepase los máximos de superficie definidos por la Autoridad Agraria Nacional de acuerdo a la zonificación productiva del país, a la infraestructura productiva, tipo de cultivo o actividad productiva, de propiedad de una persona natural o jurídica.

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Jorge Herrera, presidente de la Conaie; y Carlos Pérez Guartambel, titular de la Ecuarunari, coincidieron en señalar que la propuesta no responde a las necesidades de los sectores que representan. “Esa ley lo que busca es garantizar los intereses de las empresas transnacionales”, manifestó Herrera.

Los dirigentes añadieron que, tal como sucedió con la Ley de Aguas, la de Tierras tampoco recoge los planteamientos que ellos plantearon en su momento a la Asamblea, como la de establecer mecanismos reales para evitar el acaparamiento de la tierra, o aspectos como la falta de parámetros claros en la definición de latifundios.

“Esta Ley deja intactos los latifundios, persigue los minifundios, persigue a los pequeños propietarios que impide dividir, fraccionar, desmembrar las tierras y se abre el camino para la reconcentración de la tierra para la inversión extranjera, para que ellos compren tierras en grandes cantidades y dediquen a los monocultivos, a los agros tóxicos”, dijo por su parte Pérez Guartambel.

Esta semana el Pleno de la Asamblea Nacional realizará el primer debate de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales. La Comisión de Soberanía Alimentaria, que tramitó la norma, recomendó que se realice una consulta prelegislativa parar recoger el criterio de las comunidades.

Pese a ello, sectores indígenas de oposición aseguran que esto no garantizará que sus propuestas sean incluidas y que, al igual que sucedió con la consulta prelegislativa por la Ley de Aguas, todo quedará en un simple formalismo. La norma que llegó a la Asamblea en el 2010 ahora atraviesa su etapa final. En el Pleno, una vez que se vote el primer informe, dentro de la Comisión de Soberanía Alimentaria se tomará un trimestre para llevar adelante la consulta. Con ella, se pretenderá llegar a la mayor cantidad de territorio posible. 

El edificio está en posesión del movimiento indígena desde 1984, antes de la creación de la creación  formal de la CONAIE.

E l comodato entre en MIES y la CONAIE está en vigencia hasta el año 2021.La CONAIE  ha construido dos plantas del edificio entre otras mejoras sustanciales. La fecha estipulada para el desalojo es el 6 de enero de 2015.

El día 11 de diciembre el gobierno a través del MIES notifició a la CONAIE la terminación unilateral del comodato sobre el edificio que ocupa hace 30 años.

En rueda de prensa, acompañado de dirigentes indígenas  nacionales y regionales, así como de representantes de otras organizaciones sociales, el Presidente de la CONAIE, Jorge Herrera expresó el rechazo del movimiento indígena a la terminacion del comodato y a la orden de desalojo.

El Instituto de Estudios Ecuatorianos (IEE), estrena su nueva web, trabajo del equipo durante los últimos meses con el objetivo de recoger todas sus publicaciones y líneas de trabajo de investigación

El IEE es una de las organizaciones no gubernamentales más antiguas del Ecuador. Aunque su personería jurídica fue otorgada el 27 de mayo de 1985 (Acuerdo No. 467 del Ministerio de Inclusión Económica y Social, antes Ministerio de Bienestar Social), sus antecedentes se remontan a la creación del Centro de Investigaciones y Estudios Socio – Económicos (CIESE) en el año 1976. 

La Comisión Legislativa de Soberanía Alimentaria analizó ayer por la tarde el borrador de informe para primer debate del proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales en el que se recomienda la realización del proceso de consulta prelegislativa.

“En consideración a que la consulta prelegislativa tiene como finalidad la ejecución de un proceso sustancial de participación ciudadana, que permite a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios y a las organizaciones titulares de derechos colectivos ser consultados sobre temas específicos, cuyo contenido pudiere afectar sus derechos colectivos, la Comisión (...) resuelve recomendar al pleno de la Asamblea que el proyecto (...) sea sometido a consulta prelegislativa como dispone la Constitución”, dice la página 8 del documento.