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El vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, el oficialista Mauricio Proaño, expresó que en unos quince días tendrían un borrador avanzado del proyecto de Ley de Tierras.

El día que se aprobó la Ley de Recursos Hídricos (Aguas), la presidenta de la Legislatura, Gabriela Rivadeneira (también de Alianza PAIS), anunció que a partir de este mes se daría paso al trámite del proyecto de la Ley de Tierras.

El último borrador que se analizó en la comisión en enero de este año contenía 114 artículos, se titulaba Proyecto de Ley Orgánica de Tierras Rurales Productivas y surgía de cinco proyectos de ley que fueron presentados en el 2012.

El presidente de la Cámara de Acuacultura de Ecuador, José Antonio Camposano, afirmó hoy que aprobar la nueva Ley de Recursos Hídricos resulta fundamental para varios sectores productivos que necesitan un mejor acceso al agua.

Ciertos sectores productivos, especialmente los dedicados a actividades agrícolas en la zona de la Sierra, tienen una enorme necesidad de acceder al recurso hídrico, por tanto es preciso contar con un cuerpo legal adecuado, señaló en entrevista a radio Sonorama.

Precisamente hoy la Asamblea Nacional se reúne en pleno para realizar la votación en torno a la nueva normativa sobre el tema, un texto que entre sus principales puntos incluye la definición del carácter público del agua y el cierre de puertas a la privatización.

Al respecto, Camposano indicó que la legislación actualmente vigente amerita una actualización para incluir en ella actividades que están relacionadas con el agua, como los camaroneros.

Opiniones en favor y en contra genera el proyecto de Ley de Recursos Hídricos, más conocida como Ley de Aguas, que se retomó a los cuatro años en la Asamblea Nacional para su análisis.

Mientras asambleístas de Alianza PAIS, que son mayoría en la Asamblea, como Mauricio Proaño, que es vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea, defienden la tesis de que el Estado debe tener la rectoría de este recurso para garantizar el agua para todos, diferentes organizaciones sociales, en especial las indígenas, están en contra de esta propuesta y quieren que se incluyan cambios al borrador del proyecto.

Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, señaló que se debe escuchar las propuestas de las comunidades. Entre los puntos básicos que este dirigente propone están que se preserve las fuentes de agua liberando de minería todas las zonas hídricas, como Quimsacocha, Aguarongo, Río Blanco, Cóndor Mirador, entre otros territorios.

La Asamblea Nacional retomará mañana el segundo debate de la Ley de Aguas, de acuerdo con la convocatoria remitida por la presidenta, Gabriela Rivadeneira. La última sesión para tratar esa normativa se cumplió el 13 de mayo de 2010, durante la gestión de Fernando Cordero, quien en esa oportunidad expresó que el proyecto será votado una vez que concluya la consulta prelegislativa.

Cumplido ese trámite, la Comisión de Soberanía Alimentaria presentó un alcance al informe para segundo debate que recoge los resultados finales de consenso y disenso que se presentaron durante la realización de las audiencias con organizaciones sociales.

Mañana los asambleístas presentarán sus observaciones, analizarán los disensos y será el presidente de la Comisión, Miguel Carvajal, el que incorpore esas observaciones al documento final que se someterá a votación.

La cúpula del movimiento indígena se reunió este viernes en Quito para analizar su posición frente al informe final de la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Recursos Hídricos que se tramita en la Asamblea Nacional.

El presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, calificó como “una grosera tomadura de pelo” a esa consulta pues -según él- la misma no tomó en cuenta cinco planteamientos de las comunidades.

Pérez citó: la prohibición de actividades extractivas en fuentes de agua, la desprivatización del líquido, la creación del Fondo Nacional del Agua para la preservación, la autonomía de los sistemas comunitarios de riego y la creación del Consejo Plurinacional del Agua como máximo órgano de control y regulación con participación de las comunidades.