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La comunidad Cuyabia de los Ayoreo denunció la violación de una medida que prohíbe talar sus bosques. El ex presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Rubén Quesnel, enfrenta un proceso judicial por la venta de la propiedad de los nativos.

Según la denuncia que se realizó hace más de una semana, el ganadero que opera en la zona va avanzando en tierras de la comunidad con la tala de sus bosques, violando la medida cautelar de no innovar hasta que se determine judicialmente la delimitación de la propiedad, dijo el abogado de los nativos, Maximiliano Mendieta. Estas tierras están ubicadas en Mariscal Estigarribia, departamento de Boquerón.

A finales de esta semana e inicios de la próxima, se aguarda que el fiscal Andrés Arriola se constituya hasta el lugar para constatar la tala de bosques que incluso viola la Constitución Nacional que garantiza que los territorios de las comunidades indígenas no podrán ser transferidos ni arrendados.  Arriola, además, verificará si el ganadero que va extendiendo su rubro en la comunidad está violando leyes ambientales.

La Fiscalía, a través del fiscal Andrés Arriola se estará constituyendo en Cuyabia, norte del Chaco paraguayo, para corroborar la denuncia hecha por el INDI, sobre delitos ambientales y violación de derechos que afectan a la comunidad Cuyabia. Esto será en los próximos días, según informó el Fiscal Andrés Arriola. 

Debido a denuncias presentadas, por los Ayoreo y por el INDI.

La anterior administración del INDI, en complicidad con una compradora y una escribana pública, llegó al extremo de vender la propiedad de 25.000 hectáreas, violando la misma carta magna de Paraguay. Hoy están a las puertas de un juicio oral y público por el delito penal de lesión de confianza contra el Estado paraguayo. 

El extitular del INDI, Rubén Darío Quesnel, soporta además el cargo de “abandono” por su desatención a la situación de los Ayoreo. “Hoy estamos igual que antes”, afirma Unine Cotamorajnai, “seguimos sin que el INDI nos dé el título y acá los ganaderos siguen entrando. Vamos a esperar hasta este martes al fiscal. Después ya vamos a tener que tomar otras medidas. Por favor que mis amigos les hagan llegar este mensaje a las autoridades y a la prensa”.

Un grupo indígena que reside desde tiempo inmemorial en una tierra en el Chaco paraguayo afronta la presión diaria de un estanciero que cuenta con el título de ese terreno y contra el que la Fiscalía ha abierto una investigación por genocidio.

La comunidad está dividida, pues una parte de las 22 familias vive dentro de la hacienda, llamada Santa María, y otros salieron por diversos motivos y los dueños ya no les dejan volver.

Marciana Antonia Galeano, de 34 años, salió un día a acompañar a sus hijos a la escuela que se encuentra a más de 15 kilómetros de la comunidad y nunca más pudo regresar.

Un latifundista ha expulsado a 22 familias campesinas, con apoyo policial, de un asentamiento ubicado en tierras estatales, aledañas a su estancia, una acción que refleja los abusos de algunos terratenientes en el país, según denunciaron los labriegos y un senador de la oposición.

El terreno pertenece al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), una entidad estatal, según dijo a Efe el senador Luis Alberto Wagner, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

El dueño de la hacienda aledaña, Agustín Silvera, posee 146 hectáreas pero ha ido moviendo su alambrado y ha invadido las 150 hectáreas del Indert, según Wagner.

El pasado sábado dio un paso más, al enviar a sus empleados, acompañados del jefe policial de la zona, para expulsar a los campesinos del asentamiento, ubicado en el distrito de Guayaqui Cuá, en el departamento de Caaguazú, a unos 250 kilómetros al este de Asunción.

La plataforma de mujeres rurales e indígenas acaba de cerrar su séptimo congreso en Asunción. En su pronunciamiento final advierte sobre un regreso hacia el autoritarismo y denuncia las políticas de despojo y expulsión del modelo extractivista. Se reafirma en la defensa de la soberanía y en perseguir el socialismo como horizonte. Llama a conformar un nuevo Congreso Democrático del Pueblo para frenar las políticas privatistas del gobierno, el arrasamiento de nuestra soberanía alimentaria y la violencia contra las mujeres.

Esta mañana la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres Trabajadoras, Rurales e Indígenas(Conamuri) cerró con una marcha por Asunción su séptimo congreso nacional, en su año 15 de existencia.

Más de 600 personas, primordialmente mujeres, intentaron llegar hasta Mburuvicha Róga para repudiar las políticas privatistas y de despojo del gobierno de Horacio Cartes, de acuerdo a la caracterización que realizaron las delegadas nacionales en estos tres días de debate político(18,19 y 20 de octubre).