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El presidente colombiano celebró las medidas tomadas por el bloque económico para fortalecer la integración de Sudamérica y su postura frente a la apreciación acelerada de sus divisas.

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, celebró los pasos tomados por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) en Lima para afrontar de manera conjunta la revaluación que están experimentando las monedas de la región.

El mandatario señaló que la Unasur tomó medidas que hacen mucho más efectiva la lucha contra la apreciación desmesurada de las monedas locales y a la disposición de los países miembros de tomar decisiones conjuntas para lograr objetivos comunes.

Según Santos, estas medidas se tratan de un paso importante en la integración de Sudamérica pues ya se discuten temas concretos y se toman medidas prácticas para solucionar problemas conjuntos.

Exlico que si bien una revaluación de las monedas muestra que la economía de un país es sólida, también resta competitividad a los exportadores nacionales frente a los mercados externos.

Santos precisó que si bien hasta ahora los países de la Unasur habían tomado medidas unilaterales para enfrentar este problema, ahora trabajaran de manera conjunta y serán más efectivos.

Los ministros de Hacienda y de Economía de los países del bloque se reunirán este jueves en Lima y el 11 de agosto en Buenos Aires para estudiar medidas conjuntas contra la sobrevaluación de las divisas.

La Unasur está conformada por  Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela

Expertos de Dinamarca, México, India, Brasil y Francia, entre otros países, participan hoy ()26) y mañana (27)en el seminario ‘Ciudades y cambio climático', el cual busca ofrecer acciones y alternativas para mitigar el impacto del mismo.

Aunque no existe una fórmula única para hacer frente a los efectos del cambio climático, en la medida en que tienen una dimensión local, la realidad es que cada vez más partes del mundo están atravesando por algún evento ocasionado por el clima y por ello las soluciones para mitigar este impacto deben provenir del intercambio de experiencias y conocimiento.

En el marco del seminario ‘Ciudades y cambio climático', que empiezó ayer en Bogotá, Pierre Jacquet, director de estrategia y economista en jefe de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en París, habló con Portafolio.

¿Desde el punto de vista de la AFD, qué propuestas haría a países como Colombia en materia de mitigación y adaptación al cambio climático?

La mitigación y la adaptación tienen una dimensión local extremadamente marcada y no se les puede dar una definición universal.

Pero todos los territorios están implicados y sujetos a la necesidad de definir nuevas modalidades innovadoras de crecimiento e inclusión social.

Estamos particularmente felices de haber contribuido al establecimiento de un diálogo productivo entre las autoridades nacionales y locales en Colombia, que desemboca en una reflexión común sobre la evolución de las políticas urbanas, sobre el conocimiento y el manejo de los riesgos o sobre la manera de conciliar el imperativo de la inclusión social y la reducción de la pobreza con el de la responsabilidad ambiental, lo que conlleva una reflexión sobre la organización del espacio urbano y la movilidad.

¿En dónde han encontrado las mayores vulnerabilidades?

Pareciera que las ciudades costeras y que están en fuerte expansión son las que enfrentan los mayores desafíos.

La modificación de la pluviometría, el aumento del nivel de los mares, el manejo de los riesgos para las frágiles viviendas informales, la vulnerabilidad ante los tsunamis, plantean, por ejemplo, la cuestión de la adaptación y el manejo de los riesgos en un contexto donde las perturbaciones climáticas parecen manifestarse mediante una aceleración en la frecuencia de catástrofes naturales (esta vulnerabilidad es importante en toda la zona del Caribe).

Una de las características de numerosas ciudades de los países emergentes, en particular en América Latina y en Colombia, es la existencia de asentamientos urbanos informales y crecientes en zonas fuertemente expuestas a los riesgos naturales, y por ende, estas poblaciones son las que concentran la vulnerabilidad a los choques climáticos.

¿Cuáles son los principales desafíos?

Pensamos que consiste en mirar hacia el futuro: ¿cuáles son los desafíos de las políticas urbanas en las diferentes ciudades, y particularmente en Bogotá y Medellín?, ¿qué podemos aportar para facilitar la reflexión y la acción en torno a estos diferentes temas?

Como recién lo señalaba, las ciudades crecen muy rápidamente, mediante una extensión anárquica de barrios que se encuentran en zonas demasiado expuestas a las inundaciones, y esto genera consecuencias desastrosas para quienes tienen viviendas precarias.

Otro aspecto importante es la política de movilidad, que busca desarrollar transportes públicos eficaces con el fin de evitar que la movilidad se base en los vehículos individuales.

El seminario es un ejemplo de esta nueva movilización alrededor de la idea de ciudad sostenible.

¿Cuál debe ser el aporte del sector privado en toda esta estrategia?

Estamos en un momento de redefinición de las políticas públicas. Hace algunas décadas podíamos pensar que las autoridades públicas, nacionales o locales, podían actuar directamente y definir el marco de la acción sin preocuparse por las reacciones de otros actores que representan a la sociedad civil o el sector privado.

Hoy, por múltiples razones relacionadas a la vez con la evolución democrática de nuestras sociedades y las nuevas tecnologías, la política pública juega un primordial papel catalizador e incitador de la movilización de todos estos diferentes actores con miras al interés colectivo.

En materia de desarrollo sostenible, el sector privado puede aportar tanto en términos de recursos humanos, técnicos y financieros como por su capacidad de innovación.

LA COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA JUEGA UN PAPEL FUNDAMENTAL

Para Pierre Jacquet, se requiere un diálogo público-privado más profundo, lo cual implica la definición de normas y reglamentaciones locales, nacionales o internacionales, susceptibles de orientar la acción e inversión de las empresas, así como unas políticas fiscales adaptadas e incitativas.

"La colaboración público-privada puede ser especialmente fecunda en las políticas de vivienda social, cuya construcción la asume el sector privado mientras que las autoridades públicas otorgan los créditos, frecuentemente acompañados con subsidios.

A través de un pliego de condiciones adaptado, las normas y prácticas sostenibles pueden ser implementadas y aplicadas", explicó.

El sector privado juega también un papel importante en la construcción y gestión de rutas intraurbanas, como las vías con peaje de Buenos Aires y Santiago de Chile.

Producción con caña azucarera.Director de la FAO, José Graziano da Silva pidió optimizar el uso de la tierra para biocombustibles.

Más fortalezas y oportunidades que debilidades y amenazas tiene la producción de biocombustibles en los países latinoamericanos.

Esto concluyó el director electo de la FAO, José Graziano da Silva, durante la conferencia que sobre el tema ofreció ayer en Corferias, durante Agroexpo.

Para el caso de Colombia, el director dijo que el país tiene potencial para la producción de materia prima, basado en la alta disponibilidad de tierras para cultivar y, además, la capacidad de la agroindustria de los biocombustibles.

Además, pidió del Gobierno atender -para esas zonas potenciales- el ordenamiento territorial y la producción agraria, pues uno de los riesgos es la falta de continuidad de las políticas de largo plazo.

En general, ese potencial se da también para todos los países latinoamericanos.

A su vez, frente a los combustibles fósiles, el impacto sobre el medio ambiente es notable en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Otro de los diagnósticos presentados por Graziano estuvo relacionado con el efecto de la tasa de cambio sobre la seguridad alimentaria, en la medida en que es -en buena parte- culpable del aumento de los precios y desestímulo a los productores locales, lo que genera inestabilidad en la oferta.

Por último, destacó que el impacto de los biocombustibles en la seguridad alimentaria dependerá de la estructura del mercado de productos básicos y del mercado energético y de las alternativas de políticas agrícolas, energéticas, medioambientales y de comercio.

 

Producción con caña azucarera.
Foto: Archivo Portafolio.co

El Parlamento colombiano aprobó la conciliación final denominada "Ley de Víctimas", con la que buscan efectuar una reparación a los 4 millones de personas que fueron víctimas del conflicto que afectó al país en los últimos 25 años. Esta fue ahora la nueva bandera del gobierno de Juan Manuel Santos.

La normativa fue aprobada por 155 votos a favor y 6 en contra entre ambas cámaras legislativas. La ley reconoce la existencia de un conflicto armado en Colombia, lo que contradice lo sostenido hasta ahora por los gobiernos anteriores y especialmente por la administración de Álvaro Uribe Vélez, antecesor de Santos.

"Con la aprobación de la ley estamos enviando un mensaje al mundo: Colombia es un país de filosofía liberal que está buscando cómo superar un conflicto doloroso y a la vez que está en la búsqueda de una solución definitiva al conflicto comienza a reparar a sus víctimas", dijo el presidente del Congreso colombiano, Armando Benedetti.

La ley promete a los afectados reparación económica y simbólica, además de la restitución de por lo menos 2 millones de hectáreas de tierras a campesinos desplazados de sus predios por grupos armados a partir de 1991.

Para la politóloga Claudia López, experta en el conflicto interno de Colombia, la ley se destaca por ser la primera en el país "que se ha hecho para las víctimas". "Hasta la fecha, se habían votado leyes para que los victimarios confesaran sus crímenes, para que dejaran las armas, pero nada realmente para sus víctimas", dijo López, al evocar la ley de Justicia y Paz (2005), que acompañó la desmovilización de los paramilitares de extrema derecha.

La magnitud del reto que afrontará Colombia para cumplir con esta ley se puede medir en cifras: entre 3 y 5 millones de personas han sido desplazadas por el conflicto, y muchas viven por esa razón en la pobreza (46% de la población).

La confesión de crímenes por parte de paramilitares desmovilizados arrojan cifras escalofriantes: 46.154 homicidios, 1.614 masacres y 562 actos de tortura, según un informe de la Fiscalía de 2010. Se calcula además que las desapariciones forzadas causadas por las Fuerzas Armadas y los paramilitares podrían alcanzar los 200.000 casos, aunque oficialmente sólo se registran 26.500.

La ley "ofrece un marco" para reparar a las víctimas pero "los retos que quedan son mucho mayores", indicó Michael Reed, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional.

El gobierno de Santos enfrentará el peculiar reto con el conflicto aún en curso, con 10.000 combatientes activos de las guerrillas y entre 6.000 y 11.000 miembros de nuevas bandas criminales que integran ex paramilitares aliados con narcotraficantes.

Ahora resta que la ley pase el control de la Corte Constitucional y luego, el texto final irá a la firma del presidente del país, en un acto que se realizará el próximo 10 de junio en el que estará presente el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon.

Desde que Santos sumió el gobierno en agosto de 2010 y anunció su intención de restituir las tierras despojadas, once líderes de campesinos desplazados han sido asesinados.

Al menos 40 legisladores de América Latina y el Caribe que asistirán al Foro de Sao Paulo que se celebrará del 18 al 20 de mayo en la capital de Nicaragua, analizarán el tema de la seguridad y soberanía alimentaria.

Los diputados sandinistas Alba Palacios y Edwin Castro informaron hoy a periodistas que el foro estará enfocado en este tema, que es una de las prioridades en Nicaragua.

"En este tema tenemos todos los programas de combate a la pobreza, que incluso han sido reconocidos por organismos internacionales como la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ) y eso lo vamos a presentar a los países hermanos y a la vez vamos a oír sus experiencias", señaló Castro.

Palacios, por su parte, anunció que se realizará una exposición sobre los avances que ha realizado el gobierno sandinista en cuatro años de gobierno en materia de seguridad alimentaria.

"Tenemos programas importantísimos de cara a mejorar la producción nacional y eliminar el hambre, como el Bono Productivo Alimentario, el cual ha beneficiado a alrededor de 70.000 mujeres campesinas", manifestó.

Ambos legisladores resaltaron la importancia de contar con el apoyo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), como un instrumento para el desarrollo y bienestar de los pueblos.

"El ALBA juega un papel importante y es un ejemplo en América de que las relaciones entre los estados deben ser de solidaridad y de complementariedad", añadió Castro.

Entre las personalidades que participarán del foro parlamentario se encuentran el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón, y el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Fernando Soto Rojas.

También se anunció la participación del ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

En el encuentro los asistentes coordinarán acciones para afianzar la unidad latinoamericana y profundizar las resoluciones asumidas en el foro anterior, realizado en Buenos Aires, Argentina.