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El gremio de los bananeros le propuso al Gobierno que, a la par de las mesas regionales constituidas con miras a hacer efectiva la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, se consoliden mesas que jalen proyectos productivos para los labriegos que retornen a sus territorios.

"El problema no es solo la tierra. Para mí es más importante lo que vamos a sembrar, para que el campesino que retorne tenga proyectos sostenibles con el paso del tiempo y que le mejoren sus ingresos", dijo Roberto Hoyos, presidente de la Asociación de Bananeros de Colombia, Augura.

Hoyos puso como ejemplo la iniciativa que su organización realizó en 1991 con 600 desmovilizados del Epl, en la que sembraron cultivos de plátano de entre una y tres hectáreas. Hoy son exportadores de ese producto. "Qué me gano yo con entregarle a un campesino 20 o 30 hectáreas, y ni siquiera sabe qué va a hacer para montar un proyecto productivo", se preguntó.

En las mesas, explicó Hoyos, se analizarían las potencialidades de cada área para desarrollarlas. Por ejemplo, explotar caucho, cacao, palma africana, y la reforestación con especies maderables en el Urabá, zona en la que Augura desarrolla actualmente un proyecto piloto de caña de azúcar en pequeñas parcelas.

Agregó que uno de los puntos importantes para el éxito sería el establecimiento de alianzas entre pequeños y grandes productores.

En una rueda de prensa en Medellín, Hoyos criticó las versiones según las cuales no participó en la concentración que lideró el sábado pasado el presidente Juan Manuel Santos en Necoclí (Antioquia), porque supuestamente no estaba de acuerdo con estas jornadas. Dijo que la razón por la que no asistió fue porque se encontraba fuera del país resolviendo una calamidad familiar.

Agregó que "el gremio estuvo presente con sus más altas directivas" porque hay "gran respaldo total a la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras".

Augura había expresado su "preocupación" porque la concentración podría desatar más violencia.

El acaparamiento y extranjerización de tierras es un fenómeno que se intensifica en América Latina y el Caribe y agudiza las desigualdades, la exclusión y los conflictos sociales con implicaciones políticas.

  "Hay un masivo resurgimiento del interés por invertir en tierras en la región. Es mucho más de lo que se asumía anteriormente, sea en términos de inversión de tierras o de acaparamiento", subrayó el profesor del Instituto de Estudios Sociales de La Haya, Saturnino Borras.

El experto fue uno de los que tuvo a su cargo el análisis de un estudio realizado en 17 países latinoamericanos y caribeños por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), divulgado a fines de 2011.

Un especialista en desarrollo social, Martine Dirven, alertó entonces acerca de que en América del Sur "estamos ante una nueva ola de un proceso de extranjerización de las tierras importantes".

Puso como ejemplo el caso de Uruguay, donde en los últimos 10 años el precio de la tierra ha aumentado siete veces.

Pero la concentración de los terrenos para la seguridad alimentaria y el sustento social en manos privadas y foráneas, va más allá de ser una problemática económica.

Para el director del Centro Peruano de Estudios Sociales, Fernando Eguren, "es también una concentración de influencias, de poder político en las esferas territoriales donde está ocurriendo y, finalmente, también tiene que ver con restricciones en la democracia," acotó.

Los investigadores de la FAO concluyeron que la compra de tierras destinadas a la producción de alimentos y donde participan gobiernos extranjeros, no solo se restringe a Brasil y Argentina, sino que afecta a gran parte de la región.

PARAGUAY: MÁS DEL MILLÓN DE HECTÁREAS VENDIDAS EN CINCO AÑOS

Un botón de muestra sobre esta temática llega de manos del investigador del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos, doctor en Ciencias Políticas Luis A.Galeano.

En su estudio acerca del desarrollo de esta problemática en Paraguay, concluye que ascienden a un millón 830 mil hectáreas las compradas por empresarios foráneos en las regiones de más intensiva extranjerización entre los años 2006 y 2010.

Los compradores tienen una gama de nacionalidades: brasileños, franceses, alemanes, portugueses, japoneses y españoles.

Una importante proporción de las empresas agrarias extranjeras se dedican, de forma preferente y combinada, a rubros productivos como trigo, maíz, ganado bovino y mayoritariamente soja.

Galeano calcula que en las últimas dos décadas las empresas extranjeras han adquirido entre nueve y 10 millones de hectáreas de tierras paraguayas, lo cual significa entre el 25 y 30 por ciento del conjunto de la superficie productiva del sector primario.

En su opinión este proceso está generando una creciente exclusión del acceso a la tierra por parte de los productores campesinos y las comunidades indígenas, lo cual agudiza los conflictos.

En respuesta, las más dinámicas organizaciones campesinas demandan el acceso a nuevas tierras y la puesta en ejecución de la reforma agraria.

Consideran que la expansión de las empresas agrarias extranjeras genera la exclusión de la tierra de numerosos grupos campesinos e indígenas, daña el medio ambiente y pone en peligro la salud de las comunidades rurales.

Asimismo provoca la pérdida de la soberanía política y limita fuertemente la alimentaria.

En la medida que la respuesta del Estado ha sido ineficiente, debido en gran parte a la oposición cada vez más firme de los agentes del capitalismo agrario, nacional e internacional, dichas organizaciones apelan a medidas de fuerza, como son las ocupaciones de las grandes propiedades, señaló Galeano.

Los conflictos por la tenencia de la tierra, añadió, suelen trascender su connotación meramente social y tienden a incorporar implicaciones políticas, en la medida en que involucran no sólo a importantes actores sociales, sino también a actores políticos de peso.

FALTA DE GOBERNANZA GENERA CORRUPCION

Tras estudiar el tema en 61 países, la FAO y el organismo mundial anticorrupción Transparency Internacional (TI) concluyeron que una gobernanza débil incrementa la posibilidad de corrupción en la tenencia y administración de la tierra, al tiempo que intensifica el impacto de la presión sobre su uso.

La corrupción con respecto a la tierra dijeron varía desde sobornos y fraude a pequeña escala hasta abusos a alto nivel desde el poder gubernamental y los círculos políticos.

Asimismo ratificaron que el acceso seguro a la tierra y la protección de los recursos naturales de un uso incontrolado es una de las claves para garantizar la seguridad alimentaria, la estabilidad social, las inversiones, un crecimiento económico de amplia base y el desarrollo sostenible.

Finalmente abogaron por la transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de las tierras para que, de ese modo, beneficien a todos y no solo a los poderosos.

 

La creación de una red regional de medios públicos y la puesta en marcha del Banco del Sur son dos de los objetivos que la Unasur proyecta concretar el próximo año, aseguró hoy en Quito la secretaria general de la Unión, María Emma Mejía.

Los desafíos, indicó Mejía en declaraciones al canal público EcuadorTV, incluyen también la consolidación del bloque y sus estructuras, además de un ambicioso Plan Decenal que proyecta la puesta en marcha de una treintena de proyectos de integración física.

El 2011 "ha sido un periodo muy positivo" para la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que en marzo próximo cumplirá un año de existencia, recordó la excanciller colombiana que en mayo dejará el cargo para dar paso al venezolano Alí Rodríguez como nuevo secretario general del organismo.

Mejía destacó el afán de los doce países miembros de la Unión por echar a andar el proyecto regional de "banda ancha", un "anillo óptico" que recorrerá Suramérica para mejorar la comunicación regional y abaratar sus costes.

"En Bolivia, un mensaje electrónico vale cuatro veces de lo que le puede costar a un noruego. Tenemos que reducir costos y ganar soberanía", señaló Mejía sobre ese proyecto.

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La secretaria general de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), María Mejía, informó que se necesita una fuerte inversión en integración.

El bloque regional presentará el proyecto respectivo durante la VI Cumbre de las Américas. El costo es estimado en 15.000 millones de dólares, y consistirá en integrar "los ejes viales, ribereños, férreos de Sudamérica", explicó la funcionaria Mejía en una entrevista con RCN Radio. La Cumbre se celebrará los próximos 14 y 15 de abril.

Su sede será la ciudad de Cartagena de Indias. María Mejía asumió el cargo luego de la muerte del ex presidente argentino Néstor Kirchner, a quien recordó en su entrevista por "los importantes logros políticos" que obtuvo, particularmente en la estabilización de las relaciones entre Colombia y Venezuela que en ese momento estaban muy tirantes.

Resaltó que el valor de la Unasur radica en "el peso político de una organización que por primera vez agrupa los países sudamericanos en un objetivo que tiene que ver con la institucionalidad. Ahora de lo que se trata es de fortalecer esa institucionalidad. aprovechando esta paz política que reina ahora, para pasar a la integración real", precisó.

El presidente Juan Manuel Santos señaló que en el departamento de Bolívar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras avanzará y se cumplirá de forma satisfactoria y sin fallas.

"Iniciar todo el proceso de la restitución de tierras en toda esta región para que los campesinos tengan títulos sobre las tierras y después viene el Ministerio de Agricultura para los proyectos productivos, esta es una región muy rica, muy rica en minería y en la producción de alimentos, quiero que esa riqueza se quede aquí a mejorar el bienestar de la población", declaró Santos durante una visita a los municipios de Magangue y Norosí.

La declaración del presidente Santos se da en medio del desconcierto del superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, por la puesta en libertad del único funcionario preso dentro del caso de robo de tierras en Los Montes de María al considerar que la Fiscalía aportó pruebas suficientes para demostrar que el notario de San Jacinto, Bolívar, colaboró con ilegales y empresarios para usurparle 60 mil tierras a los campesinos de la zona y al Estado.