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Cumbre empresarial de ASPA abre posibilidades para negociar acuerdos comerciales con países árabes
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- Escrito por ANDINA
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- Escrito por ILC
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A pesar de que en América Latina se observan historias exitosas de mujeres que han logrado trascender en la dimensión política -como es el caso de la elección de tres mujeres presidentas en los últimos años en la región-, aún hay mucho camino por recorrer para superar las limitantes que tienen que afrontar las mujeres para el pleno ejercicio de sus derechos en la sociedad.
El rol de la mujer rural en los procesos productivos y la generación de valor y distribución de beneficios. Este fue el tema que congregó a mujeres rurales productoras, funcionarios públicos, investigadoras y representantes de organizaciones que luchan por los derechos de la mujer en el II Conversatorio Internacional sobre mujer rural realizado del 27 al 29 de octubre en San José, Costa Rica.
Más de 70 mujeres de 14 países de América Latina participaron en este encuentro de tres días organizado por la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (International Land Coalition - ILC), el Centro de Mujeres Afrocostarricenses y el FIDA para dialogar y compartir experiencias sobre la participación y los desafíos de la mujer en las cadenas de valor. Este segundo conversatorio da seguimiento al realizado en Bogotá, Colombia en julio de 2010, el que se centró en el acceso y control a la tierra y otros recursos, la reducción de riesgos, y el rol de mujeres en emprendimientos productivos.
Durante el Conversatorio se llevaron a cabo diversas presentaciones y sesiones de trabajo grupal con el fin de proponer recomendaciones para fortalecer la participación de las mujeres rurales en las cadenas de valor ¬-desde la producción y el procesamiento hasta la comercialización-, de tal forma que puedan aprovechar las oportunidades y obtener las ganancias que les corresponden por el rol que desempeñan. El evento incluyó una visita de campo donde las participantes pudieron conocer interesantes experiencias desarrolladas en materia de asociatividad y producción orgánica.
Acceso a la tierra: primer paso para el empoderamiento
El diálogo evidenció una vez más la situación de desventaja de las mujeres frente a los varones en cuanto a acceso a la tierra y recursos naturales y los beneficios que se generan por dicho acceso. Esto, pese a que la mujer es la principal productora de alimentos y la encargada de la seguridad alimentaria del hogar y las comunidades en la región latinoamericana.
A pesar de que se ha avanzado a nivel normativo en lo que se refiere a protección del acceso a la tierra para las mujeres, aún existe una gran desigualdad. La propiedad de la tierra sigue estando principalmente en manos de hombres, lo que se explica en parte por las costumbres, el sesgo a favor de los varones en los programas y las capacitaciones del Estado, así como por las limitantes que tienen las mujeres para acceder al mercado de tierras, entre otros factores.
El acceso al activo tierra y los bienes productivos relacionados conlleva a incrementos en la productividad, mejorando los ingresos de las mujeres y sus familias. El acceso seguro a la tierra y otros recursos naturales se presenta entonces como un elemento central para el empoderamiento y la emancipación de la mujer y contribuye a que esta tenga un mayor poder de decisión y autonomía en la esfera familiar y comunal.
Pero la importancia del acceso a la tierra va más allá. Constituye un derecho en sí mismo y tiene especial relevancia para la mujer por la discriminación y marginalización que ha tenido que enfrentar históricamente en la sociedad. El acceso al activo tierra tiene además un poder de transformación: opera en la subjetividad, contribuyendo a que las mujeres tengan una mayor autoestima, sentido de dignidad y motivación, lo cual repercute en un mayor reconocimiento de sus derechos y, por ende, en su empoderamiento.
La necesidad de reconocer el trabajo productivo de las mujeres
Si bien es cierto que el acceso a la tierra -en sus distintos paisajes como el manglar, la costa, el bosque- y otros recursos naturales es un aspecto clave para la emancipación de las mujeres, no garantiza por sí mismo la superación de la pobreza y la dependencia. Es un primer paso necesario, pero no suficiente. Para poner fin a las desigualdades económicas y sociales, es preciso acabar con la invisibilización de la mujer como agente de cambio, reconocer su aporte en las distintas etapas de los procesos productivos y los beneficios que le corresponden por dicha contribución.
El reconocimiento pleno de las mujeres rurales y su participación en las cadenas de valor implica conocer en qué fase participan, qué hacen al interior de la cadena -contribuciones tangibles e intangibles- y las limitantes que afrontan. El rol de la mujer no es solo el de brindar ayuda, es un actor protagónico en los procesos.
La escasez de información y estadísticas, sumado a los criterios que se utilizan para el recojo de información -lo que se constata a través de los indicadores que contemplan en mayor medida a los varones y las categorías a las que tradicionalmente se le han asociado, como la de jefe de familia- contribuyen a la invisibilización de las mujeres.
Es por ello que es importante elaborar indicadores que tengan una significación para las mujeres y que recojan de forma efectiva la dimensión femenina de la agricultura. La información oficial con el desagregado por género resulta, entonces, central para la elaboración de políticas públicas. Ante este vacío, se deben explorar distintas formas para la construcción de la información (cruces de fuentes disponibles, búsqueda de estudios complementarios, entre otros).
Los desafíos pendientes
Mayor participación en espacios de discusión y decisión
Fomentar la participación de la mujer en espacios de diálogo, formación, intercambio y de toma de decisión es una tarea pendiente. Una mayor presencia en estos espacios permitirá que la mujer haga oír su voz y participe de forma más activa en la elaboración de propuestas e incidencia en políticas públicas, favoreciendo la generación de alianzas estratégicas.
Información y capacitación en temas clave
Para lograr un mayor desarrollo en las actividades agropecuarias y la inserción en los mercados, es fundamental que las mujeres se organicen y fortalezcan sus capacidades. Las mujeres deben informarse sobre sus derechos y capacitarse en diversos aspectos que van desde lo organizativo, lo productivo, hasta las nuevas tecnologías, combinando los saberes nuevos con los tradicionales.
Una experiencia interesante es la de FEMUPROCAN, organización gremial que apuesta por el potencial productivo de las mujeres rurales en el marco de un desarrollo integral que vincula la creación de distintas capacidades en el ámbito productivo y comercial con los procesos de incidencia política, formación de líderes y empoderamiento.
Los derechos tienen que verse de forma integral
Los derechos no son compartimentos estancos y solo su ejercicio conjunto puede generar cambios. El acceso y el control de recursos naturales y el derecho a la tierra deben ir de la mano con el acceso a los sistemas de crédito y de capacitación para lograr potenciar de forma efectiva las capacidades productivas de la mujer rural.
Formación de redes y alianzas estratégicas
Uno de los aspectos más desatacados durante los debates fue la importancia de la conformación de redes y alianzas entre distintas organizaciones e instituciones. Las redes que cobran vida por la activa participación de sus miembros pueden constituirse en plataformas efectivas para el intercambio de información y experiencias y facilitan el aprovechamiento de oportunidades.
Como resultado del evento, se conformó una red de mujeres virtual de organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos de la mujer rural, la cual será dinamizada por las mismas participantes con el fin de dar seguimiento a las dinámicas establecidas en los dos Conversatorios Internacionales 2010.
A futuro, se espera poder realizar un encuentro de mujeres rurales, productoras, indígenas, campesinas y afro-descendientes en una feria continental para que se intercambien saberes, productos, experiencias y sonrisas.
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- Escrito por ElPais.cr
- Categoría: Bolivia
Tras varios años de discusiones y arduas negociaciones, con el voto unánime de 49 diputados fue aprobada en segundo debate, a ley que prohíbe el otorgamiento de permisos y concesiones para exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en Costa Rica.
Además, prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio en la actividad minera, (expediente 15.948), el cual fue impulsado por el Frente Amplio, cerrando de una vez por todas el "portillo" legal para el desarrollo de estas prácticas insostenibles en Costa Rica.
José María Villalta Flórez-Estrada, diputado del Frente Amplio, señaló que "no se prohíbe la minería subterránea, pero se libera al país de la forma de minería más devastadora que existe: la minería metálica a cielo abierto, la que por las condiciones geológicas del país más está amenazando nuestras fuentes de agua, nuestros bosques y nuestra biodiversidad. Es claro que esto no es suficiente. Pero en comparación con el escenario actual resulta innegable que se trata de un progreso".
Villalta Florez-Estrada considera que "si la concesión de la compañía minera en Crucitas se cae en los tribunales contencioso-administrativos o el Gobierno la revoca, la transnacional minera no podrá obtener una nueva concesión ni revivir la anulada. Tampoco podrá pedir una prórroga del plazo".
Aseguró que "en última instancia, esta reforma le cierra las puertas a decenas de concesiones mineras que están en trámite, en la zona Norte y en el resto del país. Hoy estos trámites están frenados por el decreto de moratoria, pero, como pasó al inicio del Gobierno de los Arias, dicha moratoria puede eliminarse fácilmente con otro decretazo nocturno".
"Como lo hemos señalado en anteriores ocasiones, el gobierno debe ser consecuente y aprovechar este momento para derogar el Decreto Ejecutivo número 34801-MINAET que declaró de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Crucitas", indicó el diputado Villalta,
Por su parte, el opositor Partido Acción Ciudadana (PAC), celebró la declaración de Costa Rica como país libre de Minería de Metales a Cielo Abierto, pero advirtió que no obstante, el proyecto de Crucitas sigue siendo una amenaza para el país, por lo que llamó a la población a no bajar la guardia.
"La Fracción de Acción Ciudadana celebró la aprobación de esta iniciativa en virtud de que este tipo de minería tiene efectos ambientales y sociales negativos, especialmente en los territorios ambientalmente frágiles", agregó.
Un boletín del PAC aseguró que la organización presentó el proyecto a la corriente legislativa el 5 de julio de 2005 por iniciativa del ex diputado (2002-2006), Gerardo Vargas Leiva.
"Hoy damos un paso en la dirección correcta declarando de manera definitiva a Costa Rica libre de minería de metales a cielo abierto. No obstante, la lucha sigue pues el proyecto de Crucitas continúa siendo una amenaza. Reiteramos nuestro llamado al Poder Ejecutivo y a doña Laura Chinchilla para que se deje de escudar en pretextos y detenga de una vez por todas ese nefasto proyecto", aseguró el diputado Claudio Monge, gerente del tema ambiental para la Fracción del PAC.
Este proyecto de ley que adicionará un artículo 8 bis y modificación del inciso k) del artículo 103 del Código de Minería, Ley Nº 6797 de 4 de octubre de 1982 y sus reformas, Ley para declarar a Costa Rica país libre de minería y metales pesados a cielo abierto, pasará al Poder Ejecutivo para el trámite correspondiente.
El proyecto modifica el párrafo segundo y agrega ocho párrafos al artículo 8 del Código de Minería, con el fin de prohibir la explotación minera en los refugios de Vida Silvestre y crea la excepción a la prohibición de exploración y explotación minera en pequeña escala, para los trabajadores organizados en cooperativas de las localidades de Abangares, Golfito y Osa, en donde la subsistencia de las familias, depende casi exclusivamente de la extracción del mineral oro.
El proyecto modifica el artículo 103 inciso k) del Código de Minería, con el fin de considerar la técnica de lixiviación con cianuro y mercurio y el uso inadecuado de sustancias peligrosas, según calificación hecha por la Organización Mundial de la Salud, como factores que deterioran el ambiente.
La propuesta incluye siete transitorios, el primero da un plazo de diez años a las cooperativas para eliminar el uso de cianuro y mercurio en la explotación minera y pasar la actividad a prácticas amigables con el ambiente, así como un plazo de tres años al Estado para que promueva alternativas productivas sustentables que ayuden a aprovechar mejor el mineral extraído, para lo cual se les abre la posibilidad de tener acceso a créditos de manera prioritaria en la Banca de Desarrollo.
El segundo reconoce la preservación de los derechos de concesión adquiridos de buena fe, antes de la eventual aprobación de la ley.
El tercer transitorio referido a los permisos de extracción que se encuentran en trámite posterior a la eventual aprobación de la presente ley, los cuales deberán ser archivados.
El cuarto transitorio, advierte la imposibilidad de extender los permisos de exploración y extracción, posterior a su vencimiento.
Un quinto transitorio hace referencia al estudio que debe realizar el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet) del estado de las solicitudes pendientes, así como de los permisos y concesiones otorgadas en las áreas de reserva de Abangares, Osa y Golfito y cancelar y archivar aquellas que sean contrarias al principio de legalidad.
El sexto transitorio se refiere a la reglamentación que le debe dar el Poder Ejecutivo a lo que dispone la reforma al artículo 8 del Código de Minería contenida en el artículo 2 del proyecto de ley, contemplando la asistencia y los incentivos para el desarrollo de tecnología limpia y alternativas productivas.
Un último transitorio que se refiere a la reglamentación por parte del Ministerio de Salud y el Minaet sobre el almacenamiento, transporte, uso y manipulación del cianuro, mercurio y sustancias peligrosas en pro de la salud de la población trabajadora y de sus familias.
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- Escrito por Semana.com
- Categoría: Bolivia
Un estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con la mayor muestra hecha hasta ahora entre las víctimas, demuestra que el 90% perdió su tierra y que el 99% algún bien.
Un estudio de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, con la mayor muestra hecha hasta ahora entre las víctimas, demuestra que el 90% perdió su tierra y que el 99% algún bien. Martes 19 Octubre 2010
Uno de los problemas que enfrenta la reparación de las víctimas del conflicto armado es la cuantificación de los bienes que les fueron despojados, que abandonaron, o que perdieron por causa de la violencia.
Para suplir, en parte, este vacío, la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado hizo una encuesta a 10.433 familias, en 68 municipios del país, en la que indagó por algunos aspectos del estado del derecho a la propiedad de los desarraigados por el conflicto.
Los resultados de la "III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada" constituyen la radiografía más aproximada de las condiciones por las que los desplazados (desde 1998) tuvieron que abandonar sus tierras y bienes, y qué fue lo que perdieron.
La encuesta incluyó hogares de personas inscritas en el Registro Único de Población Desplazada (RUPD), que lleva Acción Social de la Presidencia y hogares de personas no inscritas.
El estudio fue hecho por el Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad de Colombia, bajo la dirección del profesor Luis Jorge Garay, y los resultados preliminares en materia de "bienes rurales" fueron revelados este martes.
Garay explicó que esta encuesta es la tercera que la Comisión ha hecho para "verificar cuál es el goce efectivo de los derechos de la población desplazada y constatar el cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004".
Sin embargo, esta encuesta se diferencia de sus versiones anteriores porque la muestra es más que significativa, lo cual permite concluir que los resultados son muy próximos a la realidad. Según Garay, esta tercera encuesta también "permitió concluir que los resultados de las encuestas anteriores son bastante consistentes".
Lo que tenían y lo que perdieron
El estudio reveló que un 83 por ciento de personas inscritas en el RUPD perdió alguno de los bienes preguntados, porque se vio obligado a abandonarlo o porque le fue arrebatado. Así, el 72 por ciento los encuestados dijo haber perdido ganado u animales productivos; el 50 por ciento, maquinaria o vehículo; el 42 por ciento, tierras; el 24 por ciento, infraestructura productiva; y el 19 por ciento, bienes raíces no rurales.
La encuesta discriminó la propiedad de bienes productivos de los muebles del hogar. Porque, cuando se pregunta por estos, el porcentaje de familias que perdió algún bien aumenta a 99 de cada 100.
La situación de las personas no inscritas en el registro es muy parecida. El 78 por ciento perdió algún bien; el 63 por ciento, animales; el 45 por ciento, maquinaria y equipo; el 36 por ciento, tierras; el 23 por ciento, cultivos; el 17 por ciento, bienes; y el 16 por ciento, infraestructura productiva.
El estado de la propiedad
La mayoría de las familias desplazadas, el 78,3 por ciento, se declaró propietaria de la finca o parcela que tenía antes de su desplazamiento. De este porcentaje, solo el 21 por ciento cuenta con una escritura registrada y el 9 con una sin registrar.
El 35 por ciento de las familias desplazadas inscritas en el RUPD no cuenta con un papel que acredite su tenencia y el 23 por ciento cuenta con documentos como promesas, contratos, entre otros.
"Así, se muestra con toda claridad la tradicional informalidad en la tenencia de la tierra rural en el país", concluye el informe.
El destino de la tierra
La encuesta también constató que debido a la amenaza inminente y el peligro para sus vidas, el 90 por ciento de las familias encuestadas tuvo que abandonar su tierra. El 3,5 por ciento la dejó al cuidado de familiares o amigos; una proporción semejante se vio obligada a venderla; y el 2,2 por ciento la tuvo que entregar sin recibir nada a cambio.
Conocimiento de la condición de la tierra
El estudio también incluyó preguntas que buscaron identificar si la población desplazada sabe en qué condiciones se encuentran sus bienes.
Más de la mitad, el 53 por ciento, cree que sus bienes continúan abandonados; el 30 por ciento no sabe, el 6 por ciento los explota directa o indirectamente; y otro porcentaje igual al inmediatamente anterior respondió que su predio está ocupado sin su consentimiento.
Un alto porcentaje, el 76.8 por ciento de las familias, dijo no saber cuál es el uso de sus tierras; el 39 por ciento afirmó que está "enmontada" (descuidada); el 36 que es utilizada en actividades agrícolas; un 17 por ciento dijo que es utilizada en actividades "agrícolas de gran escala" y el 6 por ciento aseguró que su tierra está dedicada al cultivo o al transporte de sustancias de uso ilícito.
La cantidad de tierras despojadas o abandonadas
La cantidad de hectáreas de tierra usurpadas o abandonadas por causa de la violencia entre 1980 y julio de 2010 es cerca de 6,65 millones, sin contar los territorios de comunidades étnicas. Esa cantidad de tierras equivale al 12,9 por ciento de la superficie agropecuaria del país.
Según estableció la investigación, entre 1998 y 2008 fue el período en el que más se abandonaron o despojaron las tierras: 5,3 millones de hectáreas.
Hay que tener en cuenta que con el abandono de las tierras, la población desplazada también perdió su casa, pues el 89 por ciento de los predios contaban con ese inmueble.
Además, la calidad de las tierras era óptima para la producción pues el 82 por ciento dispone de agua casi todo el año; el 55 por ciento está en planicies; el 20 está ubicada en laderas; el 60 por ciento era "tierra negra" y el 15 por ciento "café".
Uno dato significativo que arrojó la encuesta es que el 41 por ciento de los desplazamientos fue "masivo", el 31 por ciento de carácter "individual" y el 28 de tipo "grupal" (entre 2 y 10 familias).
A propósito, los investigadores sugirieron que ante la predominancia de los desplazamientos masivos, el Estado podría "pensar en retornos grupales que facilitarían el desarrollo de actividades productivas asociadas".
Sobre la Ley de Víctimas
Al final de su informe preliminar, los investigadores celebraron la radicación en el Congreso de una Ley de Víctimas. "Resulta a no dudar esperanzador para un grupo poblacional que ha sido víctima del desplazamiento forzado y de otras violaciones graves a los derechos humanos, tales como asesinatos, masacres torturas, secuestros, desapariciones forzadas, etc."
No obstante, advirtieron que el proyecto de Ley tiene falencias que si no son corregidas "comprometerían su constitucionalidad".
La primera es que contempla como "reparación" la ayuda humanitaria que el Estado ha entregado por vía administrativa. Los investigadores recuerdan que la jurisprudencia vigente "prohíbe descontar de la reparación a las víctimas las prestaciones o servicios a las que tienen derecho por razones humanitarias o de solidaridad, o simplemente por su condición de ciudadanos (como la educación, salud, entre otros, que son deber del Estado con toda la población)".
En segundo lugar, indicó Garay que el concepto de reparación, a la luz de la jurisprudencia vigente y de los compromisos adquiridos por Colombia con la legislación internacional, debe ser integral. Es decir, "que incluya la restitución de bienes materiales e inmateriales, no solo las tierras, sino los animales, infraestructura y otros bienes que son fundamentales para producir ingresos", explicó Garay.
Además, el concepto de reparación también incluye el "lucro cesante" y el "daño emergente", que es la estimación económica de la cantidad de dinero que perdió la población desplazada o dejó de recibir a causa de su despojo.
Garay es consciente de que este concepto de reparación sería demasiado costoso para el Estado. Sin embargo, advirtió que no por ello el proyecto debía ir contra el principio contenido en la jurisprudencia. "Se deben contemplar medidas de tarificación para la reparación administrativa, buscar salidas, pero no echar por tierra principios porque se podría caer la Ley por inconstitucional. Eso sería lo peor que podría pasar", dijo el investigador.
El grupo de investigadores también indicó que para que la Ley cumpla con requisitos de constitucionalidad y goce de legitimidad es necesario contar con la participación de las víctimas en su discusión, máxime cuando proyectos como este exigen una consulta previa con las comunidades étnicas.
Por todo esto, los resultados de la "III Encuesta Nacional de Verificación de los derechos de la población desplazada", la más completa y aproximada sobre cuál es la situación de la población desplazada, no son de poca monta. Representan un baluarte para una verdadera reparación.
