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Oxfam (Intermón Oxfam en España) abogó hoy por dar prioridad a la inversión en la agricultura en los países de reconstrucción de Haití, país devastado por un terremoto el pasado mes de enero, y que los donantes internacionales financien el plan de desarrollo agrícola diseñado por el Gobierno haitiano.

Esta organización recoge estas recomendaciones en su informe "Sembrar ahora. Desafíos y oportunidades agrícolas para la reconstrucción de Haití".

El Gobierno de Haití ha diseñado un Plan Nacional de Inversiones Agrícolas por valor de 772 millones dólares (más de 560 millones de euros), que está centrado en la mejora de las infraestructuras, impulsar la producción y mejorar los servicios en las zonas rurales, pero, según añadió Oxfam, la comunidad internacional aún no ha acordado proporcionar todos los recursos solicitados para dicho plan.

El estudio señala que deben abandonarse prácticas comerciales como el "dumping" con las exportaciones de arroz, altamente subvencionado, y las trabas actuales a las exportaciones haitianas, en especial a las prendas de vestir.

"Las imágenes desgarradoras de hogares, hospitales y todo tipo de edificios derrumbados demostraron los terribles efectos del terremoto. Sin embargo, estas imágenes no muestran el efecto devastador del seísmo en el campo, donde la mayoría de los haitianos deben ganarse la vida. El terremoto interrumpió la producción de alimentos, afectando de ese modo a toda la nación donde seis de cada 10 personas pasan hambre", comenta la portavoz de Intermón Oxfam, Lourdes Benavides.

Oxfam señaló que el Gobierno haitiano y los donantes internacionales dejaron de lado la agricultura durante décadas, a pesar de su importancia en el contexto socioeconómico de este país.
El estudio recalca que un desarrollo fuerte y sostenible en los ámbitos rural y agrícola es fundamental para el éxito de la reconstrucción de Haití.
"Dado que la mayoría de los haitianos todavía viven en zonas rurales y dependen de la agricultura para su

subsistencia, los esfuerzos de reconstrucción deben dar prioridad a la agricultura para reducir la pobreza y mejorar el acceso a los alimentos, tanto en zonas rurales como en las ciudades del país", asegura Benavides.

Oxfam subraya que casi el 90% de la población rural de Haití vivía con menos de dos dólares (casi 1,5 euros) al día antes del terremoto, el cual ha provocado el desplazamiento de más de dos millones de personas, entre ellas unas 600.000 que emigraron al campo inmediatamente después del seísmo.

Mayores recursos para infraestructura, nuevos incentivos para la siembra de arroz y una revisión a las condiciones de Colombia frente a los tratados de libre comercio, en especial con la Comunidad Andina de Naciones, CAN, solicitaron los arroceros del país reunidos en Cali.

Según Rafael Hernández, gerente general de Fedearroz, el país necesita una nueva política que redunde en el crecimiento y la competitividad del sector de cara a la competencia de los mercados internacionales.

Explicó que la situación actual de los arroceros es muy diferente a lo que sucedía hace 30 años cuando se tenía una posición ventajosa, mientras que ahora Ecuador y Perú han logrado desarrollos y competencias que dejan atrás la producción nacional, por lo que deben revisarse las condiciones de libre comercio con la Comunidad Andina.

"El sector debe ser protegido hasta que haya una mejoría integral para los agricultores. Los países vecinos tienen otras condiciones para la producción de arroz porque tienen políticas estatales que los favorecen", dijo.

Para el gremio, si el Gobierno Nacional busca que una de las ‘locomotoras' del desarrollo sea la agricultura, pues debe invertir en sistemas de riesgo, adecuación de tierras, procesos integrales de comercialización e infraestructura. Para ello, se requiere incrementar el presupuesto para la cartera de agricultura, que consideran es insuficiente.

Robert Zeigler, director del Instituto Internacional del Arroz con sede Filipinas, indicó que para que Colombia sea competitiva en el mercado arrocero se necesita que tenga una política clara e integral de apoyo. Pero al mismo tiempo señaló que el mundo debe revisar el tema de incentivos a la agricultura para que todos jueguen bajo unas mismas reglas y no haya distorsiones en el mercado.

A su juicio, el potencial de Colombia es amplio, pero se requiere de un plan de expansión integral para reducir el costo de producción. En el Valle, por ejemplo, los costos variaron de $6 millones a $3,5 millones por hectárea, aunque hay regiones que no han alcanzado estos avances.

Los países latinos pasaron de representar el 10% de la producción mundial agrícola al 16%. Adicionalmente explicó Eugenio Díaz, director del BID para Argentina y Haití, que la región es exportadora de alimentos, superando al siguiente grupo de países grandes como son Estados Unidos, Canadá Nueva Zelanda y Australia.

Es así como Latinoamérica exporta US$35.000 millones y esos cuatros países US$30.000 millones. "América es crucial por su aporte al comercio de alimentos y desde el punto de vista del medioambiente porque tiene el 30% de la reserva de oxígeno", dijo.

Este año el sector arrocero colombiano espera una producción de 1.600.000 toneladas, dado que se redujo el número de hectáreas sembradas por los cambios climáticos presentados desde 2009 y por las plagas que acabaron con la cosecha en el Tolima.

En Desarrollo de la Política Integral de Tierras y la restitución de predios, el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo Salazar, en Turbo, Antioquia, hizo entrega a 34 familias víctimas de despojo, de igual número de títulos de propiedad.

La titulación corresponde a un proceso piloto liderado en esta región, por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Organización Internacional de Migraciones y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder.

Los hogares favorecidos recibieron, las  resoluciones de adjudicación de 100 hectáreas y 2.478 metros cuadrados ubicadas en el corregimiento Nueva Colonia.

La titulación corresponde a un proceso piloto liderado en el departamento de Antioquia, por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, la Organización Internacional de Migraciones y el Incoder.

En este programa la CNRR acompañó los procesos de retorno de las familias, el Incoder la titulación de las tierras y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, donó el costo del proyecto que ascendió a 162 millones de pesos.

Este es un ejemplo del trabajo interinstitucional, donde la cooperación y el trabajo integrado, permiten mostrar resultados en el programa bandera del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos que se fijó como objetivo, para los próximos cuatro años, la titulación y restitución de al menos dos millones de hectáreas a las víctimas del  desplazamiento y el despojo.

Las dos iniciativas contemplan los mismos mecanismos para restitución de tierras. El Gobierno radicó la ley de tierras integral con la que pretende democratizar la propiedad rural.

La ambiciosa apuesta del Gobierno de restituir dos millones de hectáreas a campesinos despojados de sus propiedades, tendrá desarrollo en dos de los proyectos prioritarios: la ley de tierras y la ley de víctimas.

De esta forma, el Gobierno pareció dirimir el pulso político entre dos de los partidos políticos de la coalición que tenían posturas distintas frente a estas iniciativas.

El Conservador pedía que la ley de tierras fuera independiente de la de víctimas, mientras que el Liberal defendía la tesis de que la restitución debía estar incluida en los mecanismos de reparación a las víctimas.

Finalmente, y tal como lo explicó el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ambas iniciativas tendrán un componente que le brinde mecanismos "rápidos y expeditos" a quienes, por culpa de la violencia, han sido despojados de sus predios.

Los alcances
 
En la tarde de este martes, en la presidencia de la Cámara de Representantes, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, radicó el proyecto de ley de tierras, cuatro días después de que fuera presentado por el propio presidente Juan Manuel Santos en Barrancabermeja, Santander.

Restrepo explicó que la iniciativa prioritaria de su cartera es un proyecto de ley integral, que no sólo se concentrará en los mecanismos de restitución, sino en una apuesta mayor por democratizar la propiedad rural en Colombia.

Los primeros capítulos de este proyecto se concentran en la ambiciosa apuesta de devolverle a los despojados sus tierras, y para ello contempla una serie de mecanismos con los que el Gobierno pretende retornar a sus verdaderos dueños 500 mil hectáreas anuales.

El proyecto contempla la tipificación de los delitos de despojo y testaferrato y crea la jurisdicción agraria especializada en restitución.
 
Y en ese contexto, según explicó el ministro Restrepo, una de las disposiciones novedosas será la de "invertir la prueba de la carga" para demostrar la propiedad de los predios.

Esto significa que no sería responsabilidad de las víctimas de desplazamiento sustentar ante las autoridades la pertenencia de sus tierras, sino que será el Estado el que asuma esa función.

Para que ese procedimiento sea expedito, el proyecto obliga a los empresarios a demostrarles a las autoridades que su tenencia y su derecho de dominio son legítimos.

La iniciativa contempla fondos de compensación en caso de que las tierras estén en manos de empresarios que la hayan adquirido de buena fe. Esa compensación será pagada en plazo diferido y en títulos de deuda pública TES.

El proyecto de ley crea la Unidad Administrativa Especial de gestión para la restitución de tierras, por un periodo de diez años, que se encargará de administrar y conservar el registro de predios despojados.

El cronograma
 
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Zuluaga, atendió la petición del Gobierno de darle prioridad a esta iniciativa, y se comprometió con un calendario que haga realidad esta ley que requiere cuatro debates. La meta es que la iniciativa empiece a ser aplicada a partir de enero de 2011.

El ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien explicó que la ley de víctimas también incluirá un capítulo concentrado en desplazados y sus formas de restitución, anticipó que ya quedó pactado un cronograma para discutir estas iniciativas.

En las siguientes dos semanas se evacuarán los proyectos de facultades para la reestructuración de ministerios y la ley de ordenamiento territorial. La intensión es que antes de terminar el mes de septiembre esta iniciativa que busca la restitución de tierras empiece a ser discutida por la Cámara de Representantes.

 

Foto: León Darío Peláez - SEMANA Los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y del Interior, Germán Vargas Lleras, radicaron el ambicioso proyecto de ley de tierras.

 

Esto se da dos meses después de que el Tribunal Andino de Justicia falló en contra de Colombia por ese motivo y autorizó a los socios regionales tomar represalias contra el país.

El 23 de junio, el Tribunal Andino autorizó a los países de la Comunidad Andina (CAN) para que impongan temporalmente un gravamen arancelario adicional del cinco por ciento a las importaciones que realicen desde Colombia, de cinco productos del sector agrícola. Por ahora, los países no han puesto en vigencia esta sanción.

El ministro Juan Camilo Restrepo dijo que se tomó la decisión provisional para proteger a los arroceros nacionales. Se estima que en lo que resta del año, saldrían al mercado entre 150.000 a 180.000 toneladas. Vale la pena recordar que, el 96,1 por ciento de las exportaciones de arroz de Perú, entre 2006 y 2009 tenían como destino a Colombia; sin embargo, desde marzo de 2009, se prohibieron.

Para el caso de Ecuador, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) negó los permisos sanitarios para la importación del cereal, debido a la presencia del virus de la fiebre aftosa en la frontera de ese país con Colombia, lo que constituye un riesgo para la sanidad animal del país.