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Remembrando el Día Internacional de la Mujer Rural el 15 de octubre se inició el Encuentro Nacional de Organizaciones Agrarias en la sede central de la Confederación Nacional Agraria (CNA), actividad organizada por gremios nacionales, que pretenden poner en debate las posibles leyes sobre Seguridad Alimentaria y Agricultura Familiar.

En el evento, donde participaron decenas de campesinas se destacó la labor agraria e identidad indígena de la mujer rural en el Perú. Según el último censo agrario nacional, son 700 mil mujeres las que velan por la producción agrícola del país.

Para varios movimientos campesinos, estas mujeres son las guardianas de la biodiversidad y las que luchan diariamente por la soberanía alimentaria. Sin embargo, son víctimas de modelos económicos como el agronegocio, que perversa el sentido de su producción, o el latifundismo, que acapara sus territorios.

Impactos de la Ley 30230 sobre la propiedad privada y el ordenamiento territorial

En julio de este año el Congreso de la República aprobó la Ley Nº 30230, iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas, “que establece medidas tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y dinamización de la inversión en el país”. Esta norma fue criticada en sus aspectos ambientales y tributarios. Sin embargo, otros aspectos de la Ley también tienen impactos igualmente negativos. Por ejemplo, el Título III, mediante artículos sumamente generales y hasta ambiguos, permitiría a proyectos de inversión, públicos o privados, obtener tierras donde y en la cantidad que requieran para sus actividades, pasando por alto los derechos de propiedad vigentes de los propietarios.

Es necesario simplificar los procedimientos que permitan el reconocimiento y titulación de la propiedad a favor de las comunidades. La comunidad nativa de Edwin Chota tiene once años luchando por su titulación
 
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, expresó su preocupación por los problemas de inseguridad jurídica que afectan el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas y nativas de nuestro país, ante lo cual recomendó simplificar los procedimientos de reconocimiento y titulación a fin de proteger adecuadamente el derecho de propiedad comunal.

Durante los primeros días del mes de Enero, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) aprobó el Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental- PLANEFA 2014 [1].

El Plan propuso la creación un programa de desempeño de unidades técnicas zonales  para la evaluar, supervisar y fiscalizar las condiciones en que opera el sector productivo a nivel nacional. De este modo, se podría realizar acciones de vigilancia y supervisión directa sobre los subsectores hidrocarburos, electricidad, minería, pesquería e industria de impacto (Cemento, Papel, Cerveza y Curtiembre), fiscalizando y sancionando las malas prácticas con el apoyo de los Gobiernos Regionales y Locales.

El PLANEFA 2014 trazó como meta la realización de más de dos mil supervisiones ambientales directas, más de doscientas evaluaciones ambientales, la identificación de dos mil  pasivos ambientales y monitoreo  de quinientas Entidades de Fiscalización, además de atender los casos acumulados desde el año 2013.Para cumplir con estas metas, la OEFA ha venido realizando varias sesiones de capacitación  a los funcionarios de los Gobiernos Regionales y las Entidades de Fiscalización ambiental con el fin de lograr un frente unido para prevenir impactos severos en el medio ambiente.

En las elecciones para los gobiernos regionales que se celebraron  el 3 de octubre en todo el Perú destacó la presencia de líderes y dirigentes indígenas que se han hecho conocidos por sus acciones de lucha al frente de sus comunidades.

La mayoría postuló como candidato a consejeros regionales que es un requisito en la inscripción de las listas regionales.

Sólo dos líderes amazónicos apuntaron a la presidencia regional de sus respectivas circunscripciones políticas. Este es el caso de Carlos Navas que postula al Gobierno Regional Amazonas y Antonio Iviche Quique que lo hace por el Gobierno Regional de Madre de Dios.