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La Comisión Europea (CE) ha propuesto hoy reactivar las negociaciones con el fin de llegar a un acuerdo de asociación con Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), estancadas desde 2004.

El Ejecutivo comunitario ha decidido, en su reunión semanal, impulsar el restablecimiento de las discusiones con el bloque latinoamericano por considerar "que un eventual pacto podría generar beneficios económicos para ambas partes", según un comunicado de la CE.

Para la presidencia española de la UE es prioritario propiciar un arreglo con Mercosur.

España pretende que en la cumbre de la UE-América Latina y Caribe, que se celebrará en Madrid los días 17 y 18, se pueda impulsar un compromiso para concluir un tratado en un futuro próximo con el bloque latinoamericano.

El presidente de la CE, José Manuel Durao Barroso, ha declarado que la reactivación de las negociaciones es una oportunidad importante: "Dado que buscamos reforzar la economía global después de la crisis, un resultado exitoso puede ofrecer beneficios en términos de empleo y de crecimiento para las dos partes".

Sin embargo, Barroso ha dicho que esto es un comienzo y que la CE pondrá condiciones a las negociaciones, entre ellas las relacionadas con los derechos a la propiedad intelectual ó con las denominaciones de origen.

Asimismo, la CE estudiará medidas para paliar el "impacto adverso" en sectores como el agrícola, el principal punto de discrepancia y en el que Mercosur pide concesiones a los 27 países comunitarios.

Precisamente, en la discusión entre la CE ha habido comisarios que han alertado del daño que un acuerdo puede suponer para la agricultura europea: el comisario de Mercado Interior, el francés Michel Barnier, y la comisaria de Investigación, la irlandesa Máire Geoghegan-Quinn, según ha explicado a Efe una fuente europea.

Por su parte, el comisario europeo de Comercio, Karel De Gucht, ha manifestado, en un comunicado, que cualquier acuerdo "debe ser ambicioso y aumentar el acceso de las empresas de la UE a las naciones del Mercosur, incluidos sus mercados agrícolas".

La CE calcula que para la UE un pacto podría suponer un beneficio económico anual de 4.500 millones en las exportaciones y que Mercosur obtendría ganancias similares.

La UE perseguirá la liberalización del comercio en la mayor parte de los productos industriales y en el sector de servicios.

Mercosur es un bloque con un gran potencial, pues su PIB alcanza los 1.300 millones de euros, un montante superior al de países como Corea del Sur, la India o Rusia; en los últimos años la tasa de crecimiento ha oscilado entre el 4% y el 6% para Brasil y entre el 6% y el 9% en Argentina.

En otras ocasiones, el comisario europeo de Agricultura, Dacian Ciolos, ha alertado sobre el efecto de la apertura a los productos de Mercosur en el sector comunitario.

 

El 26 de abril de 2010 el Banco Mundial inaugura una importante conferencia de dos días en su sede de Washington DC. Sentados a la mesa estarán gobiernos, agencias de donantes, investigadores, directores ejecutivos de empresas y representantes de organizaciones no gubernamentales. ¿El punto principal de discusión? Qué hacer para conducir las enormes sumas de dinero que llegan a las mesas de negociación donde se promueven nuevas operaciones de agronegocios en vastas áreas de tierras de cultivo en los países en desarrollo, especialmente en África. A estas adquisiciones de tierra de cultivo el Banco Mundial le dice "inversiones agrícolas". Los movimientos sociales les llaman "acaparamiento de tierras".

En la reunión, el Banco Mundial hará público un estudio muy esperado sobre esta nueva tendencia de acaparamiento de tierras. Aparte de evaluar cuántas hectáreas se están comprando y vendiendo y dónde, por qué y a través de quiénes, el Banco Mundial presentará sus propuestas de solución a preocupaciones que han elevado los inversionistas extranjeros -de George Soros al fondo soberano de capital de Libia o el gigante de telecomunicaciones ZTE, de China- en torno a los posibles riesgos implícitos al asumir el control de tierras extranjeras para producir alimentos para exportación: una serie de "principios" que deben seguir todos los jugadores. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), La Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA), han accedido a respaldar al Banco Mundial en la promoción de estos "principios".

La Vía Campesina, FIAN, Land Research Action Network y GRAIN produjimos una declaración conjunta donde a grandes rasgos mostramos que la iniciativa del Banco Mundial servirá únicamente para facilitar el acaparamiento de tierras y las razones para detener esta iniciativa. Docenas de otras organizaciones y movimientos sociales se han comprometido formalmente como co-responsables de la declaración. Hoy mismo y en los próximos días, muchos grupos hablarán contra esta tendencia actual de acaparamiento de tierras y explicarán por qué la solución real a la alimentación del mundo se basa en el respaldo al cultivo familiar-comunitario enfocado a mercados locales y regionales -y no en la agricultura industrial para las agroempresas globales.

El Servicio de Inspección de Plantas y Animales del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) ha propuesto un cambio en el estatus sanitario del estado brasileño de Santa Catarina. La propuesta va dirigida a incluir dicho estado en la lista de regiones reconocidas como libres de fiebre aftosa, enfermedad vesicular porcina, peste porcina clásica, peste porcina africana y peste bovina.

Una vez que se apruebe esta propuesta se eliminarán las actuales restricciones a la importación de EEUU de cerdos y productos porcinos, así como de rumiantes y sus productos derivados, procedentes del estado de Santa Catarina.

Este reconocimiento sanitario por parte de EEUU es uno de los tres temas que Brasil y EEUU está negociando para compensar a Brasil por el conflicto del algodón que enfrenta a ambos países y poder resolverlo.

 

Las fallidas negociaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático en Copenhague en diciembre pasado y el apoyo de los países ricos al mal llamado "Acuerdo de Copenhague", son el punto de partida que ha llevado al Gobierno boliviano a convocar una nueva conferencia con la que pretende abrir un espacio a la sociedad civil y a representantes gubernamentales para unirse y exigir que las negociaciones sobre el cambio climático impulsen un acuerdo justo, anota el jueves un informe del sitio Ambientum de España.

Señala que distintos movimientos sociales, Organizaciones No Gubernamentales, representantes gubernamentales, personalidades intelectuales y pueblos indígenas de todo el mundo participarán en ese encuentro.

Nnimmo Bassey, Presidente de Amigos de la Tierra Internacional, declaró que "la posición de Bolivia frente a las cuestiones ambientales es una señal de esperanza que otros gobiernos y autoridades deberían respaldar. A pesar del reto económico que ha supuesto, Bolivia se ha enfrentado valientemente a la táctica chantajista de los países ricos.

La Convención Marco de la Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC) determina la responsabilidad histórica y actual de los países industrializados ante las emisiones de gases de efecto invernadero, pero se ha visto manipulada, primando los intereses corporativos por encima de las soluciones socio ambientales para el cambio climático", anota.

Bassey insistió en que el Protocolo de Kioto "contiene falsas soluciones, como la compensación de emisiones a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio".
Agrega que la Conferencia Mundial de los Pueblos a celebrarse en Bolivia "permite promover una aproximación alternativa y sostenible junto a otros movimientos".

Las lagunas de los mecanismos de compensación permiten seguir contaminando como se ha hecho hasta ahora por parte de los países ricos. Otras iniciativas, como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD) amenazan con privatizar bosques para compensar las emisiones. Hay peligros muy concretos para los derechos de las comunidades locales y los pueblos indígenas, además del peligro de convertir las superficies forestales en plantaciones de árboles con el correspondiente impacto social y ambiental.

El informe destaca que la Conferencia de Bolivia reta a la política mundial de las naciones industrializadas con propuestas nuevas sobre la deuda climática para exigir la liberación del espacio ambiental y la compensación de los países empobrecidos por los impactos climáticos de los que no son responsables.

 

Vivimos un contexto de crisis sistémica múltiple: económica, ecológica, alimentaria, de los cuidados, energética... Y el sistema capitalista, lejos de dar respuesta a unas crisis que él mismo ha creado, apuesta por una huída hacia delante: mayor privatización de los servicios públicos, expolio de los recursos naturales, soluciones tecnológicas al cambio climático, ayudas a las empresas privadas y a la banca.

La crisis alimentaria muestra una de las caras más dramáticas del sistema capitalista actual con más de mil millones de personas en el mundo, una de cada seis, que pasan hambre, especialmente en los países del Sur. Paradójicamente, en los últimos veinte años mientras la población crecía a un ritmo del 1.14% anual, la producción de alimentos aumentaba en más de un 2%. Con estas cifras podemos concluir que en la actualidad se produce suficiente comida para alimentar a la población mundial. Pero, ¿cuál es el problema? Que si no se tienen suficientes ingresos para pagar su precio, no se come.

Las políticas neoliberales aplicadas a la agricultura en los últimos treinta años (revolución verde, deslocalización, libre comercio, descampesinización...), nos han conducido a una creciente inseguridad alimentaria. La comida se ha convertido en un negocio, un bien privatizado, en manos de un puñado de empresas de la industria agroalimentaria, con el beneplácito de gobiernos e instituciones internacionales.

Frente a esta situación, cumbre tras cumbre la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el G20, junto con las principales empresas del sector, nos dicen que para salir de la crisis es necesario una nueva revolución verde, más transgénicos y libre comercio. Nos quieren hacer creer que las políticas que nos han conducido a la presente situación, nos sacarán de la misma.

Agricultura local, campesina y ecológica

Pero existen alternativas. La relocalización de la agricultura en manos del campesinado, nos permitirá garantizar el acceso universal a los alimentos. Así lo constatan los resultados de una exhaustiva consulta internacional que duró cuatro años e involucró a más de 400 científicos, realizada por la Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola (IAASTD en sus siglas en inglés), un sistema de evaluación impulsado ni más ni menos que por el Banco Mundial en partenariado con la FAO, el PNUD, la UNESCO, representantes de gobiernos, instituciones privadas, científicas, sociales, etc, tomando como modelo el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático y la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio.

Es interesante observar como, a pesar de que el informe tenía detrás a estas instituciones, concluía que la producción agroecológica proveía de ingresos alimentarios y monetarios a los más pobres, a la vez que generaba excedentes para el mercado, siendo mejor garante de la seguridad alimentaria que la producción transgénica. El informe del IAAST apostaba por la producción local, campesina y familiar y por la redistribución de las tierras a manos de las comunidades rurales. El informe fue rechazado por el agrobusiness y archivado por el Banco Mundial, aunque 61 gobiernos lo aprobaron discretamente, a excepción de Estados Unidos, Canadá y Australia, entre otros.

En la misma línea se posicionaba un estudio de la Universidad de Michigan (2007), que concluía que las granjas agroecológicas son altamente productivas y capaces de garantizar la seguridad alimentaria en todo el planeta, contrariamente a la producción agrícola industrializada y el libre comercio. Sus conclusiones indicaban, incluso las estimaciones más conservadoras, que la agricultura orgánica podía proveer al menos tanta comida de media como la que se produce en la actualidad, aunque sus investigadores consideraban, como estimación más realista, que la agricultura ecológica podía aumentar la producción global de comida hasta un 50%.

En el ámbito de la comercialización se ha demostrado fundamental, para romper con el monopolio de la gran distribución, el apostar por circuitos cortos de comercialización (mercados locales, venta directa, grupos y cooperativas de consumo agroecológico...), evitando intermediarios y estableciendo unas relaciones cercanas entre productor y consumidor, basadas en la confianza y el conocimiento mutuo, que nos conduzcan a una creciente solidaridad entre el campo y la ciudad. En la actualidad, la gran distribución (supermercados, cadenas de descuento, hipermercados, etc.) monopoliza la cadena de comercialización de los alimentos, sacando el máximo beneficio a costa de explotar a trabajadores, campesinos, medio ambiente.

La soberanía alimentaria se demuestra, de este modo, como la mejor alternativa para acabar con el hambre en el mundo. Se trata de devolver el control de las políticas agrícolas y alimentarias a los sectores populares (campesinos, trabajadores, consumidores, mujeres...), así como su acceso a la tierra y a los bienes comunes (agua, semillas...). Una soberanía alimentaria que tendrá que ser profundamente feminista, reconociendo el papel de la mujer como garante de la alimentación a escala mundial, y luchando contra la opresión no sólo de un sistema capitalista sino también patriarcal.

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*Aportación al taller sobre agroecología y soberanía alimentaria en la 2a Conferencia sobre Decrecimiento - Barcelona, 26 al 28 de marzo 2010.