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 Camacho señaló a la prensa que esos comicios son inéditos y revisten gran importancia para el fortalecimiento de la democracia y la transparencia en la administración de justicia.

Dijo que en su trayectoria de varios años de acompañar estas consultas en países de América Latina constató que el padrón biométrico boliviano es un sistema exitoso que muchos quieren imitar.

Explicó que el registro de personas mediante ese sistema permitió la incorporación a la base de datos a una cantidad importante de la población de este país para que ejerza su derecho al voto.

"Es un tema del cual deben sentirse orgullosos los bolivianos. Tener un sistema de esta naturaleza que habrá que complementar con otros elementos permite avanzar en la emisión del documento de identidad", remarcó.

Sobre la presencia de los veedores de Unasur afirmó que se trata de una misión de acompañamiento electoral y no de observación, como resultado de un acuerdo de los organismos que integran ese mecanismo de integración.

Los expertos de Unasur que llegaron a La Paz para los comicios del Poder Judicial, en representación de Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, centrarán su labor en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija y la ciudad de El Alto.

Según Camacho, el próximo 19 de octubre Unasur presentará un informe respecto a la transparencia de las elecciones del domingo, así como recomendaciones al Tribunal Supremo Electoral.

Poco más de cinco millones de bolivianos concurrirán a las urnas el 16 de octubre para elegir a las autoridades de los Tribunales Supremo Electoral, Constitucional y Agroambiental y del Consejo de la Magistratura.

www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=378755&Itemid=11

Los diputados indígenas, que junto con la dirigencia indígena de la marcha plantearon otra propuesta de norma que establecía la suspensión definitiva del tramo II de la ruta, abandonaron el hemiciclo parlamentario en rechazo al proyecto que -indicaron- no fue consensuado. Los legisladores de Unidad Nacional (UN) también se retiraron.

Saltando todos los procedimientos, con la aprobación de dispensación de trámite, el MAS introdujo el nuevo proyecto de ley elaborado por el oficialismo.

La comisión legislativa de negociación fue presidida por los senadores oficialistas Adolfo Mendoza y Gabriela Montaño.

El presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, justificó el inicio del tratamiento de la norma y dijo que el proyecto fue consensuado, pese a que el domingo los legisladores indígenas le enviaron una carta en la que informaron que no hubo ningún acuerdo.

El diputado indígena Bienvenido Zacu, que participó de la comisión, rechazó nuevamente ayer que la propuesta haya sido consensuada, pese a tener coincidencias en algunos puntos aunque no en los importantes, y señaló que en la marcha, donde estuvieron Mendoza, Montaño y otros asambleístas del MAS, los dirigentes dejaron claro que no admitían el proyecto.

Desde la marcha, el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, dijo a Los Tiempos que no aceptarán la ley y anunció para hoy una posición oficial de la marcha.

"No la vamos a aceptar (la ley), no está de acuerdo con el mandato de la marcha, que es que la carretera no pase por el Tipnis, no es posible aceptarla", indicó.

Argumentos y ataques

Durante el debate en la sesión en la Cámara de Diputados, que no había concluido al cierre de esta edición, algunos legisladores masistas admitieron que el artículo 3 de la noma, que se refiere a la consulta, no fue consensuado y agregaron que la ley "desenmascarará" a los marchistas.

Otros defendieron la carretera y señalaron que la ruta hará que los indígenas dejen de ser "esclavos" y "analfabetos"; algunos criticaron que se dejen "manipular" e insistan con marchar.

Una diputada masista dijo que los indígenas son "chunchus", es decir salvajes.

El diputado del Movimiento Sin Miedo (MSM) Fabián Yaksic, presente en la sesión, indicó que el MAS tenía previsto aprobar el proyecto "imponiendo su criterio y una vez más se verificará su apego a lo que ellos piensan desconociendo la marcha". "Quieren una herramienta para decir que están cumpliendo. Ninguno de los artículos establecidos requiere una ley, sólo es juego demagógico", agregó.

Consulta ¿previa? 

Los dirigentes de la octava marcha indígena aclararon que no están de acuerdo con la propuesta del Gobierno de realizar una consulta "previa" a las comunidades del Tipnis debido a que, si bien es un derecho indígena incluido en la Constitución Política del Estado y normas internacionales, su aplicación es extemporánea debido a que el proyecto carretero ya está avanzado.

"Es falso que los marchistas estemos de acuerdo con la consulta, más bien no corresponde porque no queremos carretera, no vamos a ceder. Ya hemos rechazado la propuesta que envío el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, otra cosa es si el Gobierno la aprueba por su lado. En todo caso, nosotros haremos una llamada al pueblo boliviano para que se sume a la defensa no sólo de los derechos indígenas, sino de todos los derechos", dijo el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas.

 "Nosotros rechazamos enfáticamente este proyecto", agregó.

 Suspensión

  • El Gobierno destituyó al rector de la Universidad Policial, coronel Óscar Chávez Ruedas, por la intervención violenta de la marcha. En la Pág. A3

Novillo protesta por proyecto

El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, acusó ayer a los diputados indígenas de "atentar" contra los intereses de Cochabamba al plantear en su propuesta de ley corta, que no fue tomada en cuenta por el oficialismo, abrogar la ley que viabiliza el financiamiento brasileño de 315 millones de dólares destinado a la construcción de la carretera.

La autoridad además hizo un llamado a la instituciones privadas "que hasta ahora han tenido un silencio cómplice y no se pronuncian" para defender la ruta.

También acusó a los medios de comunicación de dar "excesiva" cobertura a las "acciones" de los pueblos indígenas.

ONU NO DECIDIÓ SI PARTICIPARÁ EN COMISIÓN

La Paz | Agencias

La coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, Yoriko Yasukawa, dijo ayer que ese organismo no confirmó aún al Gobierno si participará o no de la comisión que investigará la violenta represión policial a la marcha indígena.

"Voy a decir sólo una cosa sobre la investigación, les avisaremos cuando nuestra sede tenga una decisión", indicó la representante sin dar más detalles.

La ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, aseguró el jueves pasado que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aceptó conformar la comisión de alto nivel además de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

La oficina de la OEA en La Paz informó ayer que la Secretaría del organismo manifestó al Gobierno boliviano que colaborará luego de que la comisión esté formada y sus tareas definidas.

Personeros de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos comenzaron ayer en Trinidad su investigación propia sobre la brutal represión recogiendo testimonios.

En tanto, el fiscal Marco Antonio Vargas, que investiga la denuncia presentada por Movimiento Sin Miedo (MSM) por la intervención policial, postergó las declaraciones ratificatorias de Juan Del Granado, jefe Nacional del ese frente político. Vargas explicó que la declaración fue reprogramada porque la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) no remitió el cuaderno de investigación, como establece el procedimiento.

CONAMAQ

La marcha presidida por representantes de los 16 suyus del Conamaq y del pueblo trinitario moxeño, en apoyo a la movilización indígena en defensa del Tipnis, llegaron ayer a La Paz tras 14 días caminando desde Oruro.

En la tarde hicieron su entrada en la plaza San Francisco donde fueron recibidos por otros miembros del Conamaq y activistas que permanecen en una vigilia.

Samuel Flores, tata de Q´ara Q´ara Suyu, pidió al Gobierno cambiar su actitud y advirtió que de no hacerlo tendrá que rendir cuentas. También llamó a la unidad de todos los sectores frente a la "traición" a la Pachamama y al pueblo boliviano.

DEFIENDEN RUTA

Marcha del MAS avanza hacia La Paz

La contramarcha de grupos afines al Gobierno avanza hacia a la ciudad de La Paz y podría llegar entre hoy y el miércoles para participar de la concentración convocada por el oficialismo para defender el proceso de cambio en medio del conflicto por la carretera a Beni.

En Cochabamba, todos los detalles logísticos fueron dispuestos por la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), regional Cochabamba, para que este miércoles al mediodía todas las organizaciones sociales que la conforman expresen su apoyo a la gestión del presidente Evo Morales también con una concentración política que se realizará en la plaza 14 de Septiembre.

La movilización expresará su apoyo al proceso de cambio, a la construcción del proyecto carretero y a las elecciones de autoridades judiciales, informó Leonilda Zurita, jefa departamental del Movimiento al Socialismo (MAS).

A partir de las 09:00, los movimientos sociales se concentrarán en cuatro puntos cardinales de la ciudad: Chaqui Mayu en el este; en el Arco en el Sur; el puente Quillacollo al oeste y en la zona del estadio.

Los organizadores de la concentración política informaron que desde hoy empezarán a arribar a la ciudad miles de productores de hoja de coca del trópico, campesinos de las 16 provincias del departamento en camiones y colectivos.

La Gobernación del departamento dispuso el cierre del tráfico vehicular de las calles circundantes a la plaza principal entre las 11:00 y 14:00.

www.lostiempos.com/diario/actualidad/economia/20111011/indigenas-abandonan-la-sesion-que-trata-ley-corta_145182_299766.html

La violenta represión policial de la semana pasada, cuyos responsables continúan siendo un enigma tanto para los bolivianos como para ciertos niveles gubernamentales, y el repliegue de los participantes de la marcha mientras se curaban las heridas permitió reducir, por lo menos durante algunos días, la beligerancia contra los indígenas.

El presidente Morales y otras autoridades gubernamentales han reiterado en las últimas horas que la marcha indígena "tiene el objetivo de hacer fracasar las elecciones judiciales (programadas para el domingo 16) y atentar contra la democracia", pese a que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, Wilfredo Ovando, ha asegurado que no existe razón alguna para postergar estos comicios.

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ha calificado a los medios de comunicación de "genocidas" y "masacradores"

El ministro de la Presidencia, Carlos Romero, ha incluso calificado a algunos medios de comunicación -casualmente entre los más objetivos e independientes-, de "genocidas y masacradores del conflicto del TIPNIS, que se inventaron muertos y se prestaron al juego de los políticos de oposición que quisieron pescar en río revuelto". Romero ha censurado el hecho de que la prensa, "tras conocerse la verdad de que no habían muertos, ni siquiera se dieron a la tarea de desmentir sus propias informaciones, en el mismo lugar y con la misma extensión del contenido publicado, como manda la Ley de Imprenta".

El ministerio de Comunicaciones mantiene por radio y televisión una extensa campaña contra los medios de comunicación que "mienten" y "engañan" al pueblo boliviano en el caso del conflicto indígena.

Acuerdo con la etnia guaraní

Las autoridades gubernamentales suscribieron con la vicepresidenta de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Edith Cuarto, un convenio mediante el cual el Poder Ejecutivo se compromete a pagar a los manifestantes de esa etnia los daños y perjuicios durante la violenta represión policial del 25 de septiembre, entre otros puntos.

El presidente de la Asamblea, Celso Padilla, desconoció ese acuerdo "que trata de quebrar el movimiento indígena" desde su cama en un hospital de Santa Cruz, donde le curan de las heridas y contusiones ocasionadas por la represión policial el domingo pasado en las cercanías de Yucumo. Padilla lamentó la "traición" de la vicepresidenta y otros dos dirigentes. "Tendrán que irse pues han actuado de forma servil al negociar con los agresores de sus hermanos", ha dicho en declaraciones recogidas por El Deber de Santa Cruz.

La columna de caminantes está hoy descansando en Palos Blancos, a 254 kilómetros de La Paz

La violenta represión policial en Yucumo, que ha conmovido a todo el país, dejó 74 indígenas heridos por la Policía, según un informe oficial de la Fiscalía de la región de Beni. Uno de ellos, Juan Carlos Moreno, fue trasladado de urgencia desde Palos Blancos a La Paz a causa de hematomas y un probable traumatismo en el cráneo.

La columna de caminantes está hoy descansando en Palos Blancos, a 254 kilómetros de La Paz, y tiene un día de regocijo al recordar otro año de vida de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y el importante papel jugado en la consagración de un nuevo texto constitucional incluyente y que ampara los derechos de los pueblos indígenas.

El presidente de la CIDOB, Adolfo Chávez, ha pedido a las autoridades que resuelvan el problema que tienen los indígenas que, en la represión, perdieron sus documentos de identidad. El guaraní Padilla dijo que al menos 180 de sus hermanos no tienen el documento, imprescindible para acudir a las elecciones judiciales.

En La Paz se espera para dentro de 10 o 12 días la llegada de los indígenas de tierras bajas, que desde Caranavi comenzarán a ascender por la llamada "carretera de la muerte", un estrecho y sinuoso camino abierto en las laderas rocosas que bordea precipicios y a veces permanece cubierto con densas neblinas a más de 4.000 metros de altura, hasta llegar a la Cumbre e ingresar a la ciudad. Para ese mismo tiempo se espera el arribo de otra marcha del Consejo Nacional de Markas y Ayllus del Qollasuyo (Conamaq) en apoyo a la CIDOB. Por si fuera poco, los sindicatos campesinos y de colonizadores "interculturales" preparan una masiva marcha de apoyo a Morales el 12 de octubre.

www.internacional.elpais.com/internacional/2011/10/03/actualidad/1317669250_938543.html

Cerca de veinte organizaciones sociales, defensoras de los derechos humanos y activistas de ocho regiones del país se suman hoy al paro, manifestando su repudio ante la intervención policial contra los indígenas. "La COB y el pueblo boliviano han podido ver cómo Evo Morales y sus ministros actúan como en las épocas de la dictadura militar", afirmó José González, dirigente de los trabajadores de la Salud.

Además del paro, se presentan una huelga de hambre de 20 personas en Santa Cruz y marchas y vigilias en La Paz, Chuquisaca y Cochabamba. La ministra de Defensa, Cecilia Chacón; el viceministro de Interior, Marcos Farfán (quien dirigió la represión policial), y la directora Nacional de Migración, María Renée Quiroga, han renunciado a sus cargos.

El mismo presidente calificó ayer como ‘imperdonables' los excesos de la represión. Aunque las autoridades negaron que haya víctimas, Morales anunció que una comisión conformada por organismos internacionales y el Defensor del Pueblo investigará los hechos. Añadió que las obras se suspenderán hasta que las comunidades de Cochabamba y Beni, por donde pasará la carretera, sean consultadas y decidan sobre la continuidad del proyecto.

Pero la respuesta del presidente fue insuficiente para los cerca de mil indígenas que hoy cumplen 44 días marchando desde la Amazonia hasta La Paz. Los aborígenes manifestaron que no piden la consulta a las comunidades, sino la cancelación del proyecto. "Tememos que la intervención conduzca a la depredación de la selva y por tanto a la usurpación de nuestros territorios con fines comerciales", afirmó a este diario José Ortiz, dirigente de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. "Por eso, aunque diezmados y dispersos, seguimos marchando", añadió.

Ortiz dijo que, contrario a los anuncios del ministro del Interior, Sache Llorente, quien no reportó muertos o desaparecidos tras la represión, "sí hay un número grande pero indeterminado de desaparecidos y marchamos para que nos respondan por la vida de esos hermanos".

El portal Tipnis Resistencia publicó una lista de 35 niños y adultos extraviados y reportó la desaparición del dirigente de la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia (Cirabo) Alberto Ortiz y de la presidenta de la Cipoap, Durimar Merelis.

"No nos detendremos. Nuestra marcha hacia adelante llevará a Morales a dar marcha atrás", aseguró Ortiz.

www.elespectador.com/impreso/internacional/articulo-302227-sigue-marcha-paz

Unos 500 uniformados recibieron la orden para intervenir a los marchistas y detener a los dirigentes de esta movilización iniciada hace 41 días.Las reacciones de condena por la intervención policial y por la violencia ejercida se dieron en forma inmediata desde varios sectores.Esta intervención ocurrió un día después de que el canciller David Choquehuanca fuera obligado a romper el cerco policial que impedía que la marcha continúe.

En horas de la tarde, el Subcomandante de la Policía Nacional, general Óscar Muñoz, dijo que se cumplieron dos acciones: una la intervención de la marcha indígena, "en función de un requerimiento fiscal", y otra la intervención a la vigilia de los campesinos interculturales que se encontraban bloqueando la carretera para abrir la ruta y dejarla expedita.

Por la noche, los pobladores de San Borja salieron a bloquear el puente de ingreso a esta localidad beniana, para evitar que los buses con los indígenas -obligados a retornar a sus lugares de origen tras la violenta represión policial en San Lorenzo- pasen por esta zona.

En La Paz y Cochabamba hubo reacciones de la ciudadanía que al conocer la noticia salieron a las calles para hacer vigilias.

Según el relato de los periodistas de El Deber que fueron al lugar, los 500 efectivos de la Policía reprimieron a golpes y con gases al campamento de la marcha indígena. Luego de la refriega, que comenzó a las 17:30 de ayer, el contingente policial rodeó al campamento de los marchistas y detuvo a dirigentes del movimiento originario.

Los uniformados chocaron con unos 50 guardias indígenas y los superaron con facilidad hasta avanzar a su refugio ubicado a 500 metros del puente San Lorenzo de Yucumo.

El operativo dejó un saldo indeterminado de heridos, aunque la Policía sostiene que son 15. Entre los más afectados estuvieron los niños de meses y las mujeres que sufrieron el efecto de la saturación de gases lacrimógenos en el lugar.

Una niña de meses quedó inconsciente y fue auxiliada por veedores de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia. Muchos marchistas fueron reducidos a golpes antes de ser subidos a las movilidades policiales, uno de ellos Gabriel Tórrez, marchista de la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cepilap), llegó de emergencia al hospital municipal de San Borja, desangrándose y con graves heridas en la cabeza.

 En San Lorenzo cargaron en cuatro buses y seis camionetas a algo más de 700 marchistas y los enviaron sin darles explicación de su paradero. Pedro Nuni, diputado indígena por el MAS fue detenido y cargado a la fuerza en una camioneta de los uniformados. 

 "La marcha indígena va a continuar", gritó lloroso y contuso por golpes recibidos. Se ha conocido que algunos dirigentes indígenas, entre ellos Adolfo Chávez, presidente de la Cidob, fueron rescatados y están en la clandestinidad. No se ha sabido de la suerte del máximo dirigente guaraní, Celso Padilla, ni del presidente de la subcentral del Tipnis, Fernando Vargas.

Represión

Se vio pasar a los buses cargados de indígenas, varios de ellos maniatados y con vestigios de golpes. La prensa fue golpeada por la Policía. Uno de los afectados fue el reportero de Radio Fides, que fue sacado a empellones por los uniformados cuando este trató de registrar imágenes de la bebe desmayada por los gases.

Pese a ello, el general Muñoz indicó que se daba garantías a los periodistas. El director nacional de Régimen del Interior, Boris Villegas, no quiso explicar los fundamentos de la represión. Sin embargo, en el lugar se vio a policías vestidos de civil filmado el operativo, de quienes se presume eran efectivos de Inteligencia del Estado.

Entre los detenidos figura también Víctor Hugo Párraga, presidente cívico de San Borja, que fue cargado a un bus maniatado igual que otros marchistas.

 Esto caldeó los ánimos de la población de San Borja que bloqueó y enfrentó a la Policía cuando trataba de ingresar con sus buses y camionetas hasta el pueblo. Hubo duros choques entre cívicos borjanos y policías, lo que hizo retroceder a los uniformados en dirección a Yucumo. Se dijo que los buses fueron llevados hacia La Paz, aunque esta versión no se pudo corroborar. Este segundo incidente sucedió desde las 19:00 de anoche, al calor de gases y llantas ardiendo en el ingreso a San Borja.

La intevención policial causó varias reacciones en el país

Vigilias

En la ciudad de La Paz se instaló una vigilia, al igual que en la calle 25 de Mayo de Cochabamba.

Brutalidad

PAT mostró imágenes de cómo un grupo de policías golpea a un dirigente y le pone cinta en la boca.

Reacción

El Defensor, instituciones y políticos manifestaron su protesta. La ONU pidió detener la violencia.

Alerta

En San Borja repicaron las campanas después de conocerse la gasificación y la magnitud de la violencia

Consulta

Evo Morales anunció ayer un referéndum en Cochabamba y Beni para decidir si se construye o no la ruta

Segundo frente de choque

Los originarios fueron sorprendidos por el contingente policial en su campamento la tarde de ayer, después de que un grupo de uniformados abrió un segundo frente de contingencia un kilómetro antes de Yucumo. Del otro lado, el segundo cordón policial intervino a los marchistas que acampaban cerca del puente San Lorenzo.


Fernando Vargas, presidente de la subcentral del Tipnis, acompañado de guardias indígenas reclamó a la Policía por el movimiento irregular realizado en la zona con el pretexto de renovar guardias. "Quieren asfixiar a la marcha, van a reprimir", les anticipó. No se conoce del paradero de Vargas.


"Hemos tenido que realizar la primera intervención en la marcha indígena con el respectivo requerimiento fiscal", sostuvo el general Muñoz, mientras los hombres y mujeres verde olivo cargaban a mujeres y niños llorando, aterrorizados por los gases. Los indígenas habían respondido con flechas y piedras a la Policía, pero no hicieron frente a los efectivos.


La violenta represión policial sucedió el mismo día que el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, invitó en la mañana, vía fax, a dialogar en La Paz con el Gobierno a 20 miembros del comité político de la marcha, a partir de las 20:00. Antes de que los indígenas dieran su respuesta, llegó la intervención.


Alejandro Almaraz, ex viceministro de Tierras, se declaró en la clandestinidad junto a un grupo de 50 marchistas indígenas que huyeron al monte. Desde allí Almaraz se pronunció vía teléfono y llamó a todo el país a defender a los indígenas y al régimen democrático. "La marcha va a continuar por el monte, pero vamos a llegar a La Paz", dijo Almaraz.


Vilma Romero, veedora del Alto Comisionado Para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, y su compañera sufrieron el ardor de los gases. "Esto es increíble", dijo conmovida, envuelta en llanto por la pena y por los agentes químicos. "Es una arremetida contra los indígenas, sin precedentes", calificó la religiosa española Amparo Carvajal, que estuvo en medio de la represión como veedora de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

 Convocarán a referendo

El presidente Evo Morales anunció el domingo en la localidad de San Antonio, donde se reunió con al menos 16 pueblos nativos del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), la convocatoria a un referendo en los departamentos de Beni y Cochabamba para que aprueben o rechacen la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por ese parque nacional.


El Jefe de Estado garantizó también la promulgación de una ley drástica contra los asentamientos en ese parque y anunció que se desalojará a los colonos que se asentaron ilegalmente en algunos puntos del Tipnis.


"Vamos a consultar a los dos departamentos mediante un referéndum. Ellos que digan si o no, eso es lo que yo siempre digo, mandar obedeciendo al pueblo. Si ellos dicen sí hay que hacer un estudio por donde será ese camino, más factible, más directo, más sólido, que no haga mucho daño al medio ambiente", anunció en su discurso.


Morales anunció el referéndum después de escuchar a los representantes de esos pueblos indígenas, que respaldaron la construcción de la carretera por el parque nacional, pero exigieron una ley de protección para evitar el asentamiento de colonos, además de otros pedidos para el desarrollo de su región.

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