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La Ley de la Revolución Productiva me recuerda mucho algunos aspectos que pude contemplar de 1994 en adelante como pilares centrales de otra ley: la Ley 1551 de Participación Popular. Me interesa comentarlos, pues más allá del bautizo de esta norma como revolucionaria, hay ciertas esencias que, neoliberales o socialistas, se repiten. Son formas de razonar dominantes en las últimas dos décadas que, más allá de las diferencias de contenido entre las leyes que se promulguen, retornan intactas. Cambian los tópicos de fondo pero se mantienen las formas. Me explico exponiendo algunos rasgos propios de las políticas públicas nacionales.

Uno, la hiperruralización en el enfoque de las políticas públicas. No hay duda que se requiere promover procesos de discriminación positiva favoreciendo al área rural. Ése fue el énfasis de la Ley de Participación Popular (LPP) y bien que lo fue.

Hacía falta promover algún equilibrio dando más a los más necesitados. Sin embargo, inclinarse no sólo más, sino exclusivamente hacia ese ámbito territorial nacional, terminó por relegar lo urbano de la descentralización municipal. Cerramos los ojos no sólo a que la población boliviana ya estaba en más de dos tercios en las áreas urbanas sino a que en estos lugares se tenían problemas propios: inseguridad ciudadana, cogestión vehicular, deterioros medioambientales, informalidad económica.

Eso fue lo que denominé el "olvido de la descentralización", apuntando a la necesidad de considerar la presencia de dinámicas de metropolización con todas las consecuencias que ello implica. La nueva norma comentada, la Ley de la Revolución Productiva (LRP), incurre en el mismo error creyendo que la realidad en Bolivia se basa en su realidad rural. Insisto: gran logro intentar subsidiar a campesinos tradicionalmente marginados (recordemos el notable libro de Miguel Urioste, "El Estado Anticampesino") pero siempre y cuando no lo sea a costa de toda la actividad económica afincada en los conglomerados urbanos. Primer déficit de las últimas dos décadas.

Dos, la mitificación de la sociedad participativa y controladora. La LPP se dedicó a dar brincos de alegría cada vez que se mencionaba la posibilidad de que un órgano de la sociedad civil (el Comité de Vigilancia) tenga potestad de control sobre el órgano público. Se hizo una apología de la sociedad civil, sin tomar en cuenta que el problema no está en no participar sino en la forma en que se participa. Y es que no basta ver ciudadanos movilizados reclamando sus derechos. Qué bien que lo hagan y que sepan sus derechos, sin embargo, se debe tener en cuenta que la famosa planificación participativa tuvo más de participativa que de planificación. La población demandó, demandó y en tercer lugar volvió a demandar. No hubo planes estratégicos concertados.

La población nunca entendió la idea de que no sólo se puede y debe demandar sino que hay que ofrecer contrapartes. Hay que ayudarse de los subsidios del Estado pero no vivir a costa de Él. A eso se llama rentismo, diferente a una lógica verdaderamente productiva. Hoy, la LRP sólo se enfoca en la inflación de ese mito, que muestra a una sociedad que lo merece todo, todos los días.

No hay artículos que hablen de inversiones propias, establecimiento de joint ventures locales.

Tres, creación de una sociedad hegemónica legal diferente a la sociedad real (subalternizada). Ésta fue otra de las debilidades de la LPP. Privilegió a una sociedad sobre otras. Fue la sociedad territorial la que adquirió la mayor jerarquía. A ella se destinaron los recursos de coparticipación tributaria. Me refiero a las juntas vecinales, comunidades campesinas y pueblos indígenas, en desmedro de lo que se llamó la sociedad funcional, que no es otra que aquella compuesta, entre otros, por los actores empresariales. Los agentes económicos. Esto ocurre hoy en día en el marco de la LRP con mayor contundencia. Se crea o reconoce una sociedad artificial: la indígena, que si bien existe como sociedad social (por decirlo de algún modo), no lo hace como sociedad económica. Esto es una ficción que genera un paralelismo incómodo en relación a la OECAS, organizaciones realmente existentes. Se privilegia lo artificial por móviles políticos y se pone en segundo plano, nuevamente, a la sociedad real.

Cuarto, la consolidación de una mentalidad de "obras de cemento". No hay dudas que el sesgo de la LPP estuvo en hacer obras que algún analista bautizó como las "obras de cemento". Hacía referencia a que los recursos fiscales se usaron en apoyo a la producción y no así en promoción económica, entendiendo por esta última, la inversión en el productor mismo a través de darle asistencia, créditos, subsidios, mientras que por el primer término se comprende la construcción de caminos, atajados, puentes, etc. Se calcula que no más del 2 por ciento de los recursos de la LPP fueron a parar a la promoción. En esta ley se puede lograr lo propio, creando piras, silos y otras infraestructuras, como manda el artículo 17. No tiene por qué ser así. Esta norma, más bien, abre las compuertas para promover la industrialización y/o comercialización. El riesgo, sin embargo, es hacerlo construyendo mercados o elefantes blancos (elefantitos blancos).

Finalmente, la orientación hacia la sobreabundancia de planes. Sí, la verdad es que la LPP vino aparajeda de PDMs, POAs, PLUSes, planes educativos, planes alimentarios y un largo etcétera de planificadores, generalmente descoordinados entre sí. Ésa fue la tónica dominante, acompañada de guías, manuales, cartillas para entender todos estos planes y la forma de ponerlos en práctica. Mucha pega para los clasemedieros de la ciudad y poco para los supuestos beneficiarios. Esta ley ya comienza (o continúa) con este sesgo con Planes Estratégicos de la Revolución Productiva, planes alimentarios, planes de las empresas que se crean (que son muchas por cierto).

En suma, otros embalses pero el mismo contenido: ruralización extrema, controladores rentistas por doquier, artificialidad (política), "obrismo" en pleno y, de remate, planificacioncitis como enfermedad conocida.
 

 

El autor es profesor de la UMSA.

Periódico Los tiempos, Sección Columnistas.

 

El cambio climático afectará en la disminución de la producción en un 40 por ciento, principalmente del maíz y el trigo. 

Esto debido a los peligros climáticos como las heladas e inundaciones, por la falta de suficiente agua y la variación de temperatura en las regiones.

El estudio "Tras las Huellas del Cambio Climático en Bolivia" explica que el país, en las próximas décadas, será afectado por un aumento en la temperatura superior a los dos grados centígrados (entre 1,8 y 4,5 grados centígrados) cuyos efectos se traducirán en factores que desencadenarán en la seguridad alimentaria.

El documento fue presentado ayer por los especialistas Luis Salamanca Mazuelo y Javier Gonzales Iwanciw. El mismo sistematiza las investigaciones desarrolladas en el país durante los últimos treinta años y fue apoyado por el Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD).

Gonzales Iwanciw señala que el incremento en los niveles del calentamiento global pueden desencadenar en la desaparición de los reservorios de agua como por ejemplo el deshielo de los glaciales y de las fuentes de agua.

"Los cambios en patrones de lluvias pueden afectar a ciudades como Cochabamba, agudizando su problemática de falta de agua", explica.

El estudio refleja la vulnerabilidad del país frente a los peligros climáticos como son las inundaciones, sequías, heladas y deslizamientos. Uno de los más severos es la sequía que da lugar a la disminución de los niveles de nutrición.

LOS RIESGOS El Informe Mundial Sobre el Desarrollo Humano del PNUD destaca que "Bolivia es un país especialmente vulnerable al cambio climático". El estudio señala que Bolivia se encuentra entre los países más vulnerables a los peligros climáticos vinculados a inundaciones, sequías y heladas.

Los registros de observaciones climáticas muestran que los recursos de agua dulce están en riesgo y pueden resultar gravemente afectados por el cambio climático con diversas consecuencias para la sociedad humana y los ecosistemas.

Los agricultores tendrán mayores dificultades de aprovisionar el suministro de agua que podría derivar en sequías e inundaciones más frecuentes.

En las regiones tropicales áridas disminuirán las lluvias y las reservas de agua por el escurrimiento.

Luis Salamanca y Javier Gonzales coinciden en la urgencia de implementar políticas destinadas a la mitigación de los efectos del cambio y climático ya que -desde su perspectiva- hasta la fecha se han presentado iniciativas aisladas e insuficientes.

Los profesionales insisten en la necesidad de realizar acciones coordinadas para mantener una agenda a largo plazo ya que ahora el trabajo de los municipios y gobernaciones es la reacción a las emergencias.

Gonzales asegura que una de las debilidades gubernamentales en las que se debe poner énfasis es el fomento de la agricultura, la promoción de nuevas tecnologías.

Ahora Bolivia está impulsando los principios de derechos a la alimentación y el agua, y se deben establecer mecanismos para su cumplimiento y los retos que plantea la mitigación del cambio climático.

La participación de todas las instancias, incluyendo la sociedad civil, es indispensable, aseguran los especialistas.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) respaldó hoy aquí la propuesta de Bolivia de declarar a 2013 como Año Internacional de la quinua.

  En declaraciones a Prensa Latina, la representante del organismo mundial en el país suramericano, Elisa Panadés, resaltó los valores nutritivos y alimenticios del llamado grano de oro de los Andes.

También señaló que la FAO apoya toda iniciativa que tenga como objetivo, desarrollar y mejorar la producción agrícola.

De acuerdo con el viceministro de Desarrollo Rural y Agropecuario de Bolivia, Víctor Hugo Vásquez, la iniciativa se presentará en Roma, en el período 37 de sesiones de la organización internacional.

A la par de la creciente demanda de quinua real orgánica en el mercado internacional, precisó, el volumen y valor de las exportaciones del cereal registraron un significativo incremento en los últimos cinco años; en 2010 cerraron con ventas por 46,6 millones de dólares.

De acuerdo con los datos del Viceministerio de Comercio Interno y Exportaciones, en el país hay más de 70 mil productores de quinua, cuyo volumen de ventas al exterior se triplicó en los últimos cinco años: de cuatro mil 890 toneladas que se vendían en 2005, a 15 mil 557 toneladas en 2010.

Una reciente Ley promulgada en Bolivia sobre la Revolución Productiva establece el seguro agrícola para la cobertura de seis rubros estratégicos (arroz, papa, soya, quinua, trigo y maíz) por su importancia en la seguridad alimentaria del país y en la industria.

La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) entregó anoche el máximo galardón Libertad a la investigadora, periodista y antropóloga Carmen Beatriz Ruiz Parada, en un acto realizado en la ciudad de La Paz.

"Es un honor, pero también una gran responsabilidad recibir el premio. Pasé varias noches de desvelo preparando las palabras para expresar lo que significa la libertad de expresión (...)", explicó Carmen Beatriz Ruiz.

La galardonada agregó que "la libertad se puede entender de muchas formas, pero tiene su contracara, que es la responsabilidad, que creo se aplica para periodistas, para dueños de medios, directores y gobernantes, entonces por eso es tan cuidadosa la percepción y la expresión de este derecho".

El premio Libertad es entregado el 3 de mayo de cada gestión, desde hace cinco años, como un homenaje y celebración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, instituido en 1993 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

La Asociación Nacional de la Prensa informó, en un comunicado, que Carmen Beatriz Ruiz recibe este premio por los enormes méritos profesionales y humanos a lo largo de su carrera, que fueron obtenidos dentro y fuera del país y que la llevaron a ser una destacada defensora de la mujer y de la igualdad de género, así como defensora de la libertad de expresión, desde sus columnas de opinión en varios diarios del país.

La ceremonia se realizó ayer en la noche en el Círculo de la Unión de La Paz, donde asistió una importante de concurrencia.

 

La Grannacional de Producción de Alimentos -conformada por entidades de los gobiernos de Venezuela y Bolivia- iniciará su trabajo con un capital aproximado de 60 millones de dólares para producir maíz y trigo.

La creación de esta entidad está incluida en el paquete de 18 acuerdos firmados, el 31 de marzo, entre los presidentes de Venezuela y Bolivia, Hugo Chávez y Evo Morales, respectivamente.

El segundo acuerdo pactado se refiere a la constitución de la Grannacional de Producción de Alimentos, con el objetivo de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria de nuestros pueblos, mediante la producción, procesamiento, intercambio, distribución y comercialización de diferentes productos y áreas alimentarias.

Reymi González, director del Programa de Apoyo a la Producción de Alimentos (PASA), precisó que un grupo de especialistas de ambos gobiernos realizará los estudios para la constitución de las empresas que se harán cargo de elevar la producción de granos de manera inicial y de otros alimentos a largo plazo.

"Estos especialistas realizarán los estudios de los suelos que se van a habilitar para producir maíz y trigo, particularmente", indicó González.

TIERRAS

De acuerdo con datos del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en el país existen cerca de 15 millones de hectáreas fiscales, de las cuales 11 millones corresponden a reservas naturales y parques, y el restante (4 millones) es de libre disponibilidad.

De los 4 millones de hectáreas, una parte es distribuida a los campesinos y pequeños productores. La propuesta del Ejecutivo es orientar, de manera inicial, 20 mil hectáreas a la producción de trigo y maíz.

Las tierras disponibles aptas para el cultivo, de acuerdo con el director del PASA, se encuentran en el sur del departamento de Beni, en Santa Cruz y en el norte de La Paz.

"Inicialmente la idea es ingresar en la producción de granos (maíz y trigo) para luego (entrar) a la ganadería, a la producción de hortalizas, cítricos y frutales", precisó González, que destacó la potencialidad del país en el área.

MÉTODO

La conformación de la Grannacional de Producción de Alimentos incluye, además, el intercambio de expertos y métodos de desarrollo del sector agrícola, de acuerdo con el viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, Víctor Hugo Vásquez.

González destaca el desarrollo agrícola aplicado con éxito en el departamento de Santa Cruz, que produce el 50% de los alimentos del país, el cual podría ser aplicado en Venezuela y en los otros países miembros de la Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA). "En Santa Cruz hay tecnología de alto nivel y en otros países como Cuba o Colombia no hay esos equipos", indicó.


Venezuela anuncia inversión en quinua

El ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras (MAT) del Gobierno de Venezuela, Juan Carlos Loyo, anunció que se desarrollarán áreas de inversión para la investigación, producción y comercialización de quinua, cereal producido mayoritariamente en Bolivia.

De acuerdo con el sitio digital Entorno Inteligente, la empresa Grannacional de Producción de Alimentos estará a cargo del proyecto, que en su fase inicial incluirá el maíz y trigo, y en la segunda la soya, arroz y papa.

A largo plazo, de acuerdo con Loyo, la empresa también se encargará de la producción de carne y leche para ser ofertados a la población local y de los países vecinos.

Para ello se incrementará la población del ganado en Caracas, se incorporará un nuevo sistema de alimentos para animales, se mejorará la calidad de semillas y se incorporará tecnología genética que se aplica en otros países de la región.


Cemento y textiles están en la agenda

Además de la empresa Grannacional de Producción de Alimentos, los gobiernos de Bolivia y Venezuela conformarán las grannacionales de textiles y de cemento, anunció ayer el viceministro de Exportaciones, Huáscar Ajata.

"Tenemos tres empresas grannacionales que se han conformado en la última visita. La primera es la grannacional de alimentos, la segunda es de textiles y confecciones, y la tercera es la empresa de cemento con una fortaleza en los departamentos de Oruro y Potosí", anunció Ajata.

Sobre la grannacional de textiles, Ajata señaló que se creará una empresa dedicada a la confección a gran escala.

En tanto que para el caso de la grannacional del cemento, el Gobierno creará la Empresa de Cemento de Bolivia (Ecebol), que tendrá dos plantas ubicadas en los departamentos de Potosí y Oruro, las cuales producirán un promedio de 700 mil toneladas de cemento al año. La producción de cemento estará orientada a los programas públicos y privados, pudiéndose destacar entre otros el Plan Nacional de Vivienda y el desarrollo de infraestructura caminera, educativa y de salud. Esta empresa generará alrededor de 450 empleos directos y 5.000 empleos indirectos, señala el Ministerio de Desarrollo Productivo.