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La comunicadora social, antropóloga y periodista Carmen Beatriz Ruiz Parada fue designada por la Asamblea de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) como Premio Libertad 2011, el máximo galardón que otorga anualmente esta institución.

Ruiz, ex defensora del pueblo en 2003, fue elegida "por su trabajo en defensa de la mujer y los derechos humanos, pero fundamentalmente de la libertad de prensa", según un comunicado de la ANP. La misma nota señala que, durante la Asamblea extraordinaria del 14 de marzo pasado, la galardonada recibió el apoyo de los asistentes a ese encuentro, convocado única y exclusivamente para escoger al beneficiario de esa distinción.

El Presidente de la ANP, Marco Antonio Dipp, le hizo entrega de la carta de designación en reconocimiento a sus méritos. La premiada, al agradecer a la ANP, dijo que "es una distinción que me compromete aun más con mi trabajo de defensa de los derechos humanos y los principios que los sustentan".

Ruiz será la primera mujer en recibir el Premio Libertad 2011, una estatuilla vaciada en bronce por el artista cruceño Juan Bustillo y diseñada por la pintora Ejti Stih, que muestra a un hombre con los brazos elevados al cielo, delante de una puerta abierta, con un grito de libertad.

Otros galardonados fueron el Cardenal Julio Terrazas, en 2007; el periodista Alfonso Prudencio Claure, en 2008; el sacerdote y periodista José Gramunt de Moragas, en 2009 y el periodista y fundador del diario El Deber, Pedro Rivero Mercado, en 2010.
La ceremonia de premiación de Ruiz se realizará el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, en la Paz.

La galardonada es Comunicadora Social titulada por la Universidad Católica Boliviana, máster en Ciencias Sociales con mención en Antropología y dedicó gran parte de su actividad a la defensa de los derechos humanos. Publicó textos diversos sobre derechos humanos, ciudadanía, desarrollo y democracia y escribe columnas de opinión para medios nacionales.

Con un fondo de más de 120 millones de dólares para ejecutar proyectos de desarrollo y así elevar sus niveles de vida, cuentan actualmente las comunidades indígenas y campesinas de Bolivia.

Así lo dio a conocer el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, durante la ceremonia de inauguración de la sede del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.

Indicó así mismo que desde hace dos meses esta entidad comenzó a financiar proyectos de desarrollo productivo con una inversión inicial de unos 12 millones de dólares.

La administración de este fondo está a cargo de los dirigentes de los diferentes grupos indígenas y sindicatos campesinos de Bolivia.

El fondo se financia con el 5 por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que corresponde al 32 por ciento de los tributos que se cobran desde 2005 a las empresas petroleras que operan en ese país.

Este es uno de los impuestos que pagan al Estado las petroleras, cuya tributación global alcanza el 82 por ciento sobre sus ingresos, después de la nacionalización decretada por el presidente Evo Morales en el 2006.

Entre las petroleras más importantes están la española Repsol YPF, la brasileña Petrobras, la franco belga TotalFinaElf y la británica British Gas.

El viceministro Linera señaló que dicho fondo es manejado por sectores sociales que en conjunto ya tienen elaborado cerca de mil proyectos de desarrollo listos para ser financiados.

"Este dinero debe manejarse con total transparencia, rapidez, eficiencia y solidaridad", expresó García Linera.

Recomendó que una parte de los recursos sea destinada a iniciativas productivas para el agua debido a la sequía que afecta la zona andina, así como a los valles y al oriente boliviano.

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La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) expresó ayer su rechazo a la llamada "Ley de la Madre Tierra" porque convierte "al productor en delincuente" y advirtió que su vigencia atenta contra la seguridad alimentaria que busca el Gobierno nacional.

El Presidente Anapo, Demetrio Pérez Flores, lamentó que la Ley fuese aprobada sin conocimiento de esa entidad, pese a que solicitaron a la Comisión de Tierras y Territorio del Senado y Diputados sin tener a la fecha el texto de la entonces propuesta, hoy Ley del Estado.

"El objetivo es prácticamente dejar de producir, porque si uno viola algunas normas de esta Ley, obviamente se toma al productor como un delincuente, se lo procesa y se lo encarcela", manifestó a tiempo de expresar el rechazo de este sector por ser desfavorable y la pregunta es qué va a ser la población sin comer ni tener alimentos baratos como la que tenemos en el país.

Anapo señala que hay un artículo que lleva a la cárcel a los productores y por eso para una actividad lícita como es la agricultura, no se puede considerar ese proyecto de ley. "Yo me pregunto, será que la población va a dejar de comer durante dos años, será que el Estado podrá abastecer de productos durante dos años que no se tengan productos", indicó.

La Ley define como derecho a la diversidad de la vida a "la preservación de la diferenciación y la variedad de los seres que componen la Madre Tierra, sin ser alterados genéticamente ni modificados en su estructura de manera artificial, de tal forma que se amenace su existencia, funcionamiento y potencial futuro".

Asimismo existe el derecho a vivir libre de contaminación, entendida como "la preservación de la Madre Tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos y radioactivos generados por las actividades humanas".

El derecho al equilibrio es definido como mantenimiento o restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la Madre Tierra, de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de sus procesos vitales; mientras que se exige al que toque la tierra, la restauración oportuna y efectiva de los sistemas de vida afectados por las actividades humanas directa o indirectamente.

El Pacto de Unidad, frente que aglutina a diferentes organizaciones indígenas y campesinas del país, considera que la Ley de Derechos de la Madre Tierra, aprobada en la víspera en el Senado, sólo servirá para que el Presidente Evo Morales tenga un protagonismo político en la Cumbre Climática de Cancún, México.

Esta posición fue dada a conocer por el Mallku de la Comisión de Industrias Extractivas del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), Rafael Quispe, quien adelantó que los dirigentes que integran el Pacto de Unidad, y son parte de la Cumbre sobre el Cambio Climático en Cancún, harán llegar una carta a la Asamblea Legislativa, dando a conocoer su molestia por la maratónica aprobación de la Ley, sin consenso de los indígenas, campesinos originarios.

"No sabemos de dónde ha aparecido la Ley Madre Tierra y tampoco está orientada hacia la Ley Marco sobre Madre Tierra que nosotros hemos sugerido, simplemente, esa (norma aprobada) es para que (el presidente Morales) haga protagonismo político en Cancún", manifestó Quispe.

Indicó que en el borrador de la norma que presentó el Pacto de Unidad a la Asamblea Legislativa estaba contemplada la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que demanda el respeto a este sector de la población, el consentimiento libre previo e informado sobre las actividades extractivas, además del reconocimiento y protección del conocimiento de la ciencia ancestral.

Pero, según el dirigente de CONAMAQ, estos puntos no fueron tomados en cuenta en la Ley de Madre Tierra, que ahora solamente espera ser promulgada por el Ejecutivo.

Agregó que antes de partir a Cancún, los representantes que integran el Pacto de Unidad, avanzaron en algunos acuerdos con el senador Fredy Bersatti y el diputado Galo Silvestre, para aprobar la norma cuestionada, con la inclusión de la consulta vinculante.

Al final, estos acuerdos no se respetaron y "se aprobó una ley corta (sobre la Madre Tierra ) sin consenso y no tiene absolutamente nada de nuestras propuestas, esto si que es meterse un autogol", aseveró.

Acotó que el mandatario Morales arribará a Cancún seguramente con una Ley que no tiene en realidad el contenido que los pueblos indígenas del mundo están peleando para incluirlos en las conclusiones de la Cumbre.

Recordó que el Pacto de Unidad trabajó un proyecto de ley marco sobre la Pachamama (Madre Tierra en aymara) fundacional, con una visión civilizatoria del "Buen Vivir", como una alternativa ante el capitalista socialista.

Anteriormente, el diputado Galo Silvestre informó que el tratamiento del tema de la consulta en el proyecto Ley Madre Tierra fue uno de los puntos álgidos para aprobar el proyecto y al final se llegó a un acuerdo con el Pacto de Unidad para que ésta sea excluida de la norma.

Datos

Pacto de Unidad está integrado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia- "Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ).

 

 

Los campesinos de Bermejo salieron a la defensa de los militares bolivianos acusados por argentinos de haber incursionado al suelo del vecino país a robar y denunciaron que foráneos de Argentina quieren apoderarse de al menos 700 hectáreas del territorio nacional, inventando falsedades y calumnias contra los uniformados de Bolivia.

Waldo Cardozo, dirigente de la Federación de Campesinos de Bermejo, en declaraciones exclusivas a la radio "Bermejo" de la Red Erbol, afirmó que están muy molestos por las noticias difundidas por los medios de comunicación de Argentina, porque en ningún momento incursionaron militares bolivianos al territorio argentino.

"Nunca el coronel Willy Gareca, como jefe de frontera militar de Bemejo, impulsó una supuesta incursión al territorio argentino, tampoco ha decomisado vehículos, ni maquinarias, como aseguran, nosotros los campesinos (bolivianos de la frontera) somos mejor los avasallados por los argentinos", manifestó Cardozo.

Agregó que este problema fronterizo entre Bolivia y Argentina no es reciente, porque hace mucho tiempo los campesinos de la comunidad de Arrozales, Bermejo, vienen denunciando que argentinos están avasallando tierras bolivianas, pero sin que ninguna autoridad nacional, ni medio de comunicación, haga eco de esas acusaciones como ahora, cuando algunas personas del vecino país inventan falsedades contra "nuestros" militares.

Según el reporte de la radio "Bermejo", son alrededor de 700 hectáreas productivas de Bolivia las que ahora se estaría perdiendo tras el avallamiento de argentinos.

Por su parte, Cipriana Mamani, una de las personas de las 15 familias bolivianas principalmente afectadas por la "remoción de los hitos", afirmó que argentinos empezaron a avasallar la comunidad de Arrozales desde el 2000.

"Nosotros sembramos caña en la frontera desde 1960 y no sólo desde 2000, cuando los argentinos han empezado a avasallarnos, nosotros sembramos y ellos sólo aparecen para cosechar porque dicen que está en suelo argentino los sembradíos, sin tener ninguna documentación, en cambio las familias que vivimos aquí tenemos nuestras tierras saneadas y con todos los papeles al día", manifestó.

También ratificó que todas esas denuncias de que militares bolivianos habrían ingresado a territorio argentino a robar maquinaria son un invento para justificar la incursión de foráneos a nuestras tierras.

"Las informaciones que salieron en los últimos días son todo al revés, los que están avasallándonos son los argentinos en el suelo boliviano, no puede ser que se inventen esas acusaciones (en contra de nuestro militares), nada de lo que está diciendo (la prensa de Argentina) es cierto, mejor por qué las autoridades argentinas no vienen a hablar con nosotros, que tenemos documentos", aseveró.

La periodista Reina Caucota de la radio "Bermejo" de la Red Erbol agregó que la Federación de Campesinos del lugar ya emitió un manifiesto unánime en defensa de los militares bolivianos.

El documento hace referencia a las operaciones que hizo en los últimos días el coronel Willy Gareca e indica que este militar actuó en la zona siempre enmarcado en las leyes bolivianas, tratados internacionales y en fiel cumplimiento de las órdenes de las Fuerzas Armadas "haciendo respetar el territorio nacional".

Mientras, ante el anunció de la llegada del Instituto Geográfico Militar a Bermejo, el dirigente Cardozo dijo que harán un seguimiento celoso los campesinos de las actividades que se desarrollen en el lugar, pero siempre en defensa de la zona avasallada en la frontera.

O Brasil formalizou sua disputa pela direção-geral da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) com o inédito cuidado de não antecipar o nome de seu candidato. A cautela se deve ao fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ter ainda decidido se concorrerá ao posto ou se deixará a disputa para seu ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

De acordo com autoridades brasileiras, o candidato original de Lula, José Graziano, teria chances remotas de ser o indicado pelo governo para esse organismo, sediado em Roma.

A definição sobre a candidatura terá de esperar a sucessão de Amorim. O nome de maior agrado pessoal de Dilma é o do diplomata Antônio Patriota, secretário-geral das Relações Exteriores e ex-embaixador do Brasil em Washington. Patriota tornou-se amigo de Dilma e é visto como uma opção menos traumática, por tratar-se de um membro do Itamaraty.

Mas também o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, e até o ex-ministro Antonio Palocci são cogitados. Dentre as três opções, a escolha de Patriota sugere a continuidade da política externa de Lula-Amorim. A aposta em Palocci envolveria mudanças mais profundas, em especial na orientação da política comercial, como já foi sinalizado no seu período na Fazenda. A posição de Meirelles sobre temas de política internacional é uma incógnita. Mas ele tem mostrado capacidade de negociação em foros internacionais.

Combate à fome. Uma vez escolhido o chanceler de Dilma, Lula deverá decidir seu destino e, portanto, a candidatura brasileira para a FAO. Há mais de um ano, o presidente vinha publicamente reafirmando seu interesse em montar uma entidade, no Brasil, para trabalhar a cooperação com a África e a América do Sul em políticas de combate à fome e à pobreza. Mas, nas últimas semanas, acentuaram-se os rumores de que estaria interessado em assumir a direção da FAO.

Lula dificilmente seria derrotado nessa disputa após a exposição internacional em seus oito anos de mandato e dos resultados do programa Bolsa-Família. Nos cálculos do governo, a mesma lógica caberia a Amorim, que não tenderá a sofrer oposições severas.

Embora a direção-geral da FAO seja o menos vibrante dentre os postos das Nações Unidas, a presença de Lula tenderia a chamar a atenção para a organização, segundo fontes do governo. Para o presidente, essa posição poderá ainda funcionar como uma trampolim para cargos mais ousados no plano internacional.