Artículos de opinión

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El presidente Rafael Correa denunció un intento de golpe de estados desde un hospital donde fue internado tras haber sido agredido por policías que se tomaron el jueves el principal cuartel capitalino en protesta por reformas laborales.

"Tienen prácticamente secuestrado al presidente", dijo Correa. Denunció que agentes rebeldes rodearon el hospital de la policía al que fue conducido tras resultar intoxicado por una bomba de gas lacrimógeno lanzada por los sublevados.

Afirmó que algunos policías intentaron ingresar por la fuerza a su habitación.

Correa consideró la revuelta policial como "un intento de golpe de Estado", y denunció que grupos rebeldes y opositores venían preparando la "conspiración" desde "hace mucho tiempo".

"Me quitaron la máscara para que me asfixie... Entonces me trajeron (a la clínica). En verdad que no podía respirar", aseguró el mandatario. "Me tuvieron que ingresar al hospital... ¡Es impresionante nuestra fuerza pública: atacaron al Presidente!", añadió.

El ministro de Seguridad Unterna y Externa, Miguel Carvajal, informó que se declaró el estado de excepción y que las fuerzas armadas y las unidades de la policía garantizan el orden público

"No toda la policía está en una situación de insubordinación. Este tema de la insubordinación de la policía es de algunos sectores, y nosotros estamos tomando las medidas para garantizar la seguridad pública", agregó.

El canciller Ricardo Patiño dijo tener información que "hay gente que está intentando meterse por los techos (del hospital) para atentar contra su integridad personal (de Correa)".

"Están tratando de consolidar un golpe de Estado", denunció Patiño desde un balcón del palacio de gobierno, ante cientos de seguidores del gobierno. Los instó a marchar hasta el hospital para "rescatar" al mandatario.

Ante la ausencia de policías en algunas ciudades, se reportaron saqueos de comercios.

En declaraciones a radio Sonorama, el ejecutivo del aeropuerto, Philippe Baril, dijo que alrededor de 300 militares cerraron las pistas del lugar, y que unos 700 pasajeros se han visto afectados por dicha medida, añadió. Tropas militares mantienen cerrado el aeropuerto para proteger las instalaciones.

Los policías rebelados rechazan la nueva Ley de Servicios Públicos que les extiende de 5 a 7 años el tiempo para ser ascendidos y les quita algunos beneficios económicos.

Antes ingresar al hospital, Correa calificó a los rebelados de "unos ingratos, bandidos, nadie ha apoyado tanto a la policía como este gobierno".

"Si quieren matar al presidente, mátenme... pero este presidente seguirá haciendo lo que tiene que hacer", gritó exhibiendo su pecho a los manifestantes.

Los sublevados se tomaron cuarteles policiales en Quito, Guayaquil y otras ciudades, quemaron llantas, lanzaron gases lacrimógenos y cerraron las carreteras de acceso a la capital, según reportes de las radios y canales de televisión, que mostraron imágenes de los incidentes.

Cientos de partidarios del gobierno se concentraron frente al palacio de Gobierno, en el centro de Quito, para apoyar a Correa, que desde uno de los balcones arengó a la multitud.

El Coronel Joel Loaiza, jefe del comando de Guayas, al sur de Quito, afirmó que "acá estamos en un caos... a pesar de que ya no hay mando ni control ... los policías están tratando de dar seguridad a la ciudadanía" .

Dorís Soliz, ministra Coordinadora de la política de Ecuador, afirmó que la rebelión será controlada: "el gobierno está unido ...los altos mandos están absolutamente respaldando la democracia".

 

El gobierno de Ecuador solicitó a la comunidad internacional una  contribución de 3600 millones de dólares para el proyecto ambiental Yasuní-ITT, informó Lenin Moreno, vicepresidente de Ecuador.

Moreno explicó que este financimiento económico se trata de la "corresponsabilidad sobre el cambio climático" que tienen todos los países del mundo.

Esta solicitud la realizó al momento de su intervención en las Naciones Unidas.

Los 3600 millones de dólares que pide el gobierno representan el cincuenta por ciento de lo que recibiría el Estado ecuatoriano por explotar los campos petrolíferos de Ishpingo, Tambococha y Tuputini que se encuentran dentro del Parque Nacional Yasuní.

Mientras tanto, la ministra María Fernanda Espinosa, Coordinadora del Patrimonio, prevé llegar a Madrid el próximo 30 de setiembre para exponer las características y objetivos del proyecto.

El viaje de la ministra es parte de la gira internacional que realiza con el objetivo de explicar a la comunidad internacional en qué consiste el plan Yasuní-ITT y de esa manera entablar compromisos que viabilicen el proyecto.

El plan Yasuní-ITT, planteado por el gobierno de Rafael Correa, consiste en no explotar petróleo en la selva amazónica a cambio de una compensación de la comunidad internacional.

De esta manera se evitaría la emitisión a la atmósfera de más de 400 millones de toneladas de dióxido de carbono.

El Parque Nacional Yasuní, fue creado en 1979 y declarado por la UNESCO como Reserva Mundial de la Biósfera en 1989.

Tiene 982 mil hectáreas en la cuenca del Alto Napo en la Amazonía y cuenta con 2.274 clases de árboles y arbustos, donde viven pueblos indígenas no contactados.

La propuesta de limitar la tenencia de tierras en el agro a 500 hectáreas, como extensión máxima para los nuevos agricultores, cada día toma fuerza. Esa es una de las propuestas que elabora el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) en su proyecto de Reforma Agraria y que mantiene muchas diferencias con el que presentó a la Asamblea el Sistema de Inves-tigación sobre la Problemática Agraria en el Ecuador (Sipae).

Rafael Guerrero, subsecretario del Litoral del Magap, dijo que no se pondrán límites a la propiedad de la tierra que ya existe, pero sí a las que se van a crear en el futuro. "Si alguien posee una hacienda que tiene 1 500 hectáreas, nadie se va a oponer a que la siga teniendo, siempre y cuando estén cultivadas. Lo que sí se va a limitar es la propiedad en el futuro".

Eso también se ampliará a industrias que tienen grandes extensiones, como los ingenios azucareros, que poseen más de 2 500 hectáreas. Es decir, que podrán seguir con sus cultivos pero ya no crecerán más.

La propuesta del Sipae era fijar un límite de 500 hectáreas y que el excedente sea expropiado por el Estado. Además, que los extranjeros solo pueden tener hasta 300 hectáreas.

El lunes pasado los productores de banano, mango, arroz, camarón, maíz y otros cultivos se reunieron para rechazar el nuevo proyecto, que limita las extensiones. Pero el ministro de Agricultura, Ramón Espinel, señaló hace tres días que todavía no hay una Ley de Tierras sino que son propuestas que buscan redistribuir el suelo agrícola. "Hay que tener en cuenta de que estamos en un debate sobre los modelos de desarrollo de la tierra".

Guerrero sostuvo que la idea es evitar que se destruyan los ecosistemas porque las grandes propiedades se transforman en monocultivos y afectan a la biodiversidad. "Hay que crear una agricultura de pequeños y medianos productores, que conserve la biodiversidad y sea competitiva".

El Magap espera presentar su proyecto la próxima semana a los representantes del agro para analizarlos y buscar consensos.

Paúl Olsen, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos, contó que no se debe poner límite a la propiedad agrícola, ya que no hay grandes extensiones como en otros países, que llegan hasta 200 000 hectáreas por persona. "Aquí la tierra está muy bien distribuida y es un ejemplo para América".

Según Olsen, hay muchas hectáreas que no están cultivadas y en poder del Estado. "Esas son las tierras que deberían distribuir y venderlas a precios justos".

Las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) suman una superficie de 12,4 millones de hectáreas de las cuales 1,4 millones pertenecen a cultivos permanentes y 1,2 millones a transitorios. El resto de la superficie se distribuye en tierras para pastos, páramos y otros.

Pero para Guerrero existe una concentración de tierras en pocos productores. "Entre el 80 % y 85% de los productores tienen menos de 25 hectáreas. Eso demuestra que hay un alta concentración que se debe corregir".

Más cifras

  • En el censo agropecuario se registra una superficie de 12,4 millones de hectáreas. El 39% de la tierra está concentrada en productores que tienen menos de 50 hectáreas.
  • Los tenedores de propiedades agrícolas suman 842 882 personas, de las cuales 696 746 tienen menos de 20 hectáreas.
  • Los productores que tienen más de 200 hectáreas acumulan una extensión de 3,6 millones, que representan el 29% del total.

Con el propósito de conformar el Consejo de Ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de Unasur), concluyó ayer (16) el encuentro regional realizado en Quito.

Con el propósito de  conformar el  Consejo de Ministros de  Economía y  presidentes de   bancos centrales  de Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), concluyó ayer el  encuentro regional realizado en Quito.

La propuesta es para proteger las economías de los países sudamericanos ante futuras crisis financieras con la  estructuración de las nuevas herramientas, como el Banco del Sur, un fondo  común  de reservas   y los sistemas de compensación, explicó el titular del Banco Central del Ecuador (BCE), Diego Borja.

Estaba previsto que en la tarde de ayer, los representantes de los bancos centrales de la región firmen   el   acta de compromiso,  que permita -hasta fines de año-  que   los presidentes de los países miembros de la Unasur  aprueben la consolidación del nuevo  grupo de trabajo  en materia económica.

  En ese sentido, el presidente de la Comisión Técnica para    la Nueva Arquitectura Financiera Regional, Pedro Páez, indicó que hay varios ejemplos de sistemas de compensación en el mundo,   el más cercano es el que mantienen    Argentina y Brasil, y que próximamente se instaurará entre   Uruguay y Brasil.

"Todas las iniciativas son positivas y el Sucre es una especie de tarjeta de crédito que se abre entre bancos centrales de manera recíproca y, como cualquier individuo,  se pueden tener varias tarjetas de crédito y,  a la vez,  efectivo", manifestó.

 Páez reiteró que los mecanismos de integración económica regional   permiten a un país tener varias opciones ante una eventual crisis y pueden  orientar el ahorro doméstico hacia la inversión productiva local.

Argentina entregó oficialmente el día 29 a la presidencia pro-témpore de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) el instrumento de ratificación al Tratado Constitutivo del organismo regional.

En el marco de la reunión extraordinaria de ministros de Relaciones Exteriores de la Unasur, en la que se analiza la crisis diplomática entre Venezuela y Colombia, el canciller argentino, Héctor Timerman, hizo la entrega del documento que ratifica el Tratado Constitutivo de este organismo regional por parte de su país.

"La presidenta Cristina Fernández me ha instruido para hacerle la entrega a usted del instrumento de ratificación del tratado de Unasur", afirmó el diplomático argentino, durante la inauguración oficial de la reunión.

Con Argentina ya son seis los países que han ratificado la Constitución del organismo.

La Unasur viene actuando en la solución de discrepancias entre los países de la región y este jueves en Quito, el único tema es el conflicto diplomático entre Venezuela y Colombia, a causa de las denuncias colombianas de la presunta presencia de guerrilleros en Venezuela.

"Esperamos llegar a resoluciones que nos permitan avanzar en el tratamiento de este problema", afirmó el canciller ecuatoriano al dar inicio al encuentro del que participan ocho ministros, dos viceministros y el embajador de Surinam en Brasil, Mavis Demon-Belgraef y Juan Abal Medina, secretario de gestión pública de Unasur en representación de Néstor Kirchner.

El canciller argentino dijo que "felicito la celeridad con que (Ecuador) ha convocado esta reunión, que ratifica el deseo de todos los miembros de la Unasur, de que cuando el tema lo requiera, sea resuelto por la vía pacífica".

De la cita participan los cancilleres Timerman, David Choquehuanca de Bolivia, Alfredo Moreno de Chile, Jaime Bermúdez de Colombia, Ricardo Patiño de Ecuador, José Antonio García de Perú, Luis Almagro de Uruguay y Nicolás Maduro de Venezuela.

Tambien los vicecancilleres Antonio Patriota de Brasil y Jorge Lara de Paraguay, además de Mavis Demon-Belgraef, y Juan Abal Medina. No asistió ningún representante de Guyana.

Los cancilleres de la Unasur están reunidos a puerta cerrada y se prevé que al finalizar la reunión ofrezcan una rueda de prensa para informar sobre los avances de la misma.

La reunión se realiza en las instalaciones de la cancillería ecuatoriana en Quito, desde las 16:00 (hora local, 21:00 GMT)

 

Foto: ANDES (Agencia Pública de Noticias de Ecuador y Suramérica)