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Bogotá abrió ayer (16 de noviembre) sus puertas a la VII Ronda de Negociaciones del TLC con la Unión Europea, con puntos sensibles como propiedad intelectual, régimen de inversiones, agro. En este contexto más de 200 organizaciones de Europa y América Latina hicieron un llamado a la suspensión de las negociaciones del TLC con la UE, además de suscribir un pronunciamiento: "Suspender la negociación de la Unión Europea con Perú y Colombia: freno a la injusticia y la desigualdad", en el que plantean ocho argumentos para reclamar la suspensión de las negociaciones:

 1.      El modelo bajo el cual ha sido diseñado este Tratado de Libre Comercio ha sido cuestionado por la crisis económica mundial.

2.      Se ha cambiado el formato inicial de un Acuerdo de Asociación a un TLC, pues se abandonó la discusión de los pilares de Diálogo Político y Cooperación y se excluyeron las propuestas de Ecuador y Bolivia.

3.      La negociación bilateral de este TLC agrava las tensiones ya existentes en el seno de la CAN pudiendo afectar el avance del proceso de integración andino, y expresa la incoherencia de la UE con su discurso de apoyo a la integración regional y el desarrollo sostenible de los países andinos.

4.      Liberalizar el acceso a recursos naturales y sectores estratégicos limita las posibilidades de desarrollo y coarta la soberanía de los Estados para adoptar medidas en beneficio de la población. 

5.      El TLC con la UE puede agudizar la exclusión y los conflictos en la región andina. Ya hay evidencias de las luchas sociales que se generan frente al despojo de los territorios y la violación a los derechos humanos.

6.      La violación a los derechos humanos que han cometido los gobiernos de Perú, Colombia y la Unión Europea no ha sido tenida en cuenta durante la negociación. El tema migratorio quedó por fuera del debate.

7.      No existen mecanismos de participación efectiva de la sociedad civil en la negociación, a pesar de las propuestas que han sido presentadas.

8.      No se recogieron las recomendaciones ni se tomaron en cuenta los resultados del Estudio de Impacto y Sostenibilidad del Acuerdo, encomendado por la propia Comisión Europea que -a pesar de sus falencias en el diseño, desarrollo y consulta- evidenció que los beneficios de liberalizar el comercio entre la UE y los países andinos no serán equitativos.

Las organizaciones proponen entonces  "un profundo replanteamiento de las relaciones económicas y políticas de la UE con la región andina de tal forma que se busque una relación y acuerdos económicos y comerciales que beneficien a los pueblos y no preserven una situación evidentemente injusta y desigual. Para ello consideran  que es necesario construir una nueva relación basada en la primacía de los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos, de los Pueblos y de la Naturaleza y no en el libre comercio".

El pronunciamiento está suscrito por más de cuarenta organizaciones peruanas entre ellas figuran centrales sindicales como la CGTP, CUT, organizaciones agrarias y campesinas como la CCP, CNA y CONVEAGRO, así como organizaciones sociales, redes e instituciones como la Red Peruana por una Globalización con Equidad - RedGE, Asociación Nacional de Centros, Flora Tristán, Foro Ecológico del Perú, PIDHDD-Capítulo Perú, entre otros. Suscriben además: 18 organizaciones de América Latina, 5 organizaciones andinas, más de 70 organizaciones europeas, 57 organizaciones colombianas, 19 ecuatorianas y 9 bolivianas. Un extracto del Pronunciamiento junto con el listado de adherentes será publicado simultáneamente en  periódicos de circulación nacional de Perú y Colombia.

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el lunes 2 de noviembre una Audiencia Especial en la que analizará los impactos de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) sobre los pueblos indígenas.

Esta medida fue adoptada debido a la solicitud hecha por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) e Indian Law Resource Center.

Una delegación integrada por representantes de Perú, Bolivia y Brasil, viajará a Washington DC (Estados Unidos), para presentar en la Audiencia de la CIDH los informes técnicos y jurídicos que sustentan la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas amparados por el Convenio 169 de la OIT.

IIRSA nació en agosto del año 2000, por acuerdo de la Reunión de Presidentes de los Países Suramericanos con el objetivo de conectar la infraestructura suramericana para facilitar la extracción de los bienes naturales.

Comprende alrededor de 500 megaproyectos cuya ejecución impacta territorios indígenas y provoca severos daños al medio ambiente y la biodiversidad.

Además, implica la multiplicación geométrica de la deuda externa de los países de la región. Es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES).

La propuesta de la CAOI y demás organizaciones es la "reestructuración estratégica de la IIRSA sobre la base de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas sobre cada uno de los megaproyectos de esta iniciativa".

En tanto se realice dicha consulta, la ejecución de los megaproyectos debe ser suspendida.

Además, la conducción de esta iniciativa no debe estar en manos de las instituciones financieras, sino de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), de acuerdo con sus postulados declarados de respeto al medio ambiente y a la pluriculturalidad de sus países integrantes.

Con el objetivo de analizar los avances de las negociaciones sobre cambio climático realizadas recientemente en Bangkok (Tailandia) y la agenda de la próxima reunión global en Barcelona (2-6 de noviembre), previa a la XV Cumbre Mundial de Cambio Climático- COP 15, se reunirá este jueves 29 de octubre, la Comisión Nacional de Cambio Climático, integrada por 20 instituciones del sector público, privado y ONG.  

En la reunión que se realizará en la sede institucional del MINAM participará la Viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, Rosario Gómez Gamarra, que asume la responsabilidad del Punto Focal Nacional de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.  

La referida comisión que es una instancia de participación de diversas instituciones busca construir consensos con miras a afianzar la posición del Perú para llegar a un acuerdo global en Copenhague (Dinamarca), que dará continuidad al Protocolo de Kyoto, que entró en vigor desde el año 2005.    

El Perú busca un acuerdo global, ambicioso y efectivo contra el cambio climático y considera como uno de los ejes es la conservación de 66 millones de bosques amazónicos presentado por el Ministro del Ambiente en Poznan (Polonia) durante la XIV Cumbre Mundial de Cambio Climático.

Las principales organizaciones agrarias del país acordaron iniciar acciones conjuntas a fin de exigir al Ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza, que cumpla con la Ley de Reestructuración de la Deuda Agraria (PREDA).

En ese marco, instaron al titular del MEF que transfiera a AGROBANCO los 50 millones de soles que le exige la Ley 29264 (Ley PREDA).

Cabe precisar que esta ley debe ser cumplida de forma obligatoria luego que el pasado 23 de setiembre el Tribunal Constitucional (TC) declarara infundada la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el presidente Alan García Pérez a dicha norma.

Organizaciones se unen

En ese sentido, la Convención Nacional del Agro (CONVEAGRO), la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Confederación Campesina del Perú (CCP) emitieron un documento al ministro Carranza explicando su demanda.

Las organizaciones detallan que "la Cuarta Disposición Complementaria de la Ley PREDA extendió la aplicación del Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria a las deudas por créditos agropecuarios otorgados por instituciones del sistema financiero nacional que se encuentren vencidas al 31 de diciembre del 2007".

Es decir, las deudas agrarias vencidas hasta el final del 2007 serán compradas íntegramente por AGROBANCO.

Ante ello, AGROBANCO ha demandado al MEF la transferencia de los recursos para la compra de la deuda agraria del sistema financiero bancario, que le permita implementar la norma.

Responsabilizan al ministro

Tras una reunión de trabajo cincuenta dirigentes agrarios de todo el país coincidieron en señalar que "al incumplir con la ley" el ministro de Economía, Luis Carranza, no sólo desobedece un fallo del TC, sino "se burla del Legislativo", que hace más de un año promulgó la mencionada ley.

"El MEF debe cumplir con la ley y el Congreso debe hacer respetar su trabajo", remarcó el presidente de CONVEAGRO, Federico León y León.

Añadió que por esta "demora burocrática", los remates judiciales de tierras no se han detenido causando malestar y drama en los pobladores del campo.

Asimismo, anunció que las organizaciones firmantes (CONVEAGRO, JNUDRP, CNA y CCP) analizan la posibilidad de presentar una acción de cumplimiento de la ley contra el titular del MEF.

¿Qué es y cómo funciona la Ley PREDA?

Esta ley fue aprobada el 3 de octubre del 2008 y establece la creación de mecanismos para reestructurar las deudas generadas por créditos agropecuarios "vencidos" al 31 de diciembre del 2007.

La ley incluye a los créditos agropecuarios otorgados por instituciones del "Sistema Financiero", llegando a la suma de 50 millones de soles, los cuales deben ser transferidos desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia AGROBANCO, ente encargado de administrar el proceso.

La aplicación de a esta ley se divide en dos componentes. El primero de ellos es la "extinción parcial de la deuda" que cancela los primeros 10 millones, siempre que la deuda no exceda los 35 millones.

El segundo componente es la "refinanciación de la deuda" que afecta directamente las deudas mayores a 35 millones y otorga un plazo máximo de pago de hasta 5 años y no cobra intereses.

¿Cómo acogerse a la Ley PREDA?

Primero, el deudor debe solicitar a la institución financiera su acogimiento al Programa de Reestructuración de la Deuda Agraria.

Luego, la institución financiera evaluará la solicitud teniendo en cuenta las condiciones de compra de deuda enmarcadas en la Ley PREDA (aceptando o no la solicitud).

De aceptar las condiciones, la institución financiera, AGROBANCO procederá, con cargo al Fondo PREDA, a comprar la deuda. De acuerdo a los alcances de ésta ley, dicha entidad está facultada para aprobar los mecanismos de operatividad necesarios para la aplicación del PREDA.

Con respecto a los "procesos judiciales de remate de tierras" que se encuentren operativos se deberán detener para proceder a una "reprogramación de pago" que será determinada por AGROBANCO.

No obstante, el incumplimiento de la nueva "reprogramación de pagos" por parte del deudor reactivará los procesos judiciales.

El presidente de la Confederación Nacional Agraria (CNA), Antolín Huáscar, informó ayer que las organizaciones agrarias del país están evaluando realizar un nuevo paro nacional agrario para la semana próxima, debido a que el Ejecutivo ha incumplido una serie de compromisos asumidos con el sector agrícola y por los cuestionamientos hacia la Ley de Recursos Hídricos, aprobada recientemente por el Congreso. “No hay una política agraria actualmente. Estamos en conversaciones con gremios como Conveagro y la Junta Nacional de Usuarios para ver si paramos el 15 y 16 de abril”, informó.

El dirigente señaló que el sector agrícola tiene temas pendientes de solución como el caso de la ley 28600, la ley que creó el Programa Nacional de Promoción a la Formalización del Comercio Algodonero, que indicaba que los productores de algodón de las variedades Tanguis, Pima, Supima, Del Cerro, Hazera y otras, iban a recibir S/. 8.00 por quintal de algodón rama hasta un máximo de 250 quintales por agricultor como incentivo, para la cosecha del 2005. Sin embargo, el presidente Alan García, en vez de acatar esta disposición, la derogó mediante el decreto legislativo 1077 y cambió el incentivo por el Programa de Compensaciones para la Competitividad, basado en capacitación técnica.

“Los gremios algodoneros de Pisco, Ica, Lambayeque, Trujillo y Piura están descontentos con esta situación porque ni siquiera se están cumpliendo esas compensaciones”, dijo.

www.diariolaprimeraperu.com/online/politica/alistan-nuevo-paro-agrario_36562.html